Estado criminal acusa de delincuente a un activista

Estado criminal acusa de delincuente a un activista

Zapateando

Que un Estado gobernado por criminales detenga a un activista y lo acuse de narcomenudeo es como si Franco hubiera acusado a un detenido de fascismo.

Detrás del montaje y la fabricación de delitos contra el Yorch, a quien estudiantes que lo conocen defienden como a una persona que vende comida en las afueras de la FFyL, está la hipocresía de un gobierno que protege a los verdaderos criminales, muchos de ellos incrustados en órganos del poder a todo nivel, pero persigue a luchadores sociales; también la hipocresía de una sociedad que juzga a las personas por su apariencia, con criterios clasistas, contra los jóvenes, los disidentes, los diferentes, mientras tolera a delincuentes de cuello blanco, corbata y banda tricolor al pecho. Además de la hipocresía de una izquierda electorera que se ha arrogado el derecho de criminalizar a los que usan capucha o se manifiestan de maneras diferentes a como ellos unilateralmente decidieron que son las correctas. Es lo que han sembrado las histéricas cazadoras de encapuchados como Poniatowska y Aristegui. Y a ello, como cereza del pastel, se adhiere la hipocresía de las autoridades universitarias que no han defendido a los jóvenes universitarios de las agresiones pero ahora que el Estado agrede de nuevo a los Okupache pone una denuncia por “actos de vandalismo”, es decir, le da carta abierta a la policía política para que siga la represión.

Es la puesta en marcha de la venganza de gobiernos de derechas e izquierdas (¿no era el PRD hasta hace poco incriticable, so pena de hacerle el juego a la derecha?) contra los grupos que no han claudicado y han resistido en medio de una guerra sucia contra toda resistencia.

Tragarse el cuento de una detención legal sería convalidar los métodos de desaparición forzada que se usan lo mismo en el Guerrero de los gobiernos perredistas que en la supuesta burbuja de seguridad y paz socia gobernada por la “izquierda”. Hace falta ser o hacerse tonto para tomarse las versiones oficiales de las detenciones y las supuestas averiguaciones previas de la policía mexicana como la verdad de cada caso. Normalmente en México esas investigaciones son mero trámite para la fabricación de delitos, los motivos políticos suelen ser los móviles claros en estos casos.

Si la comunidad universitaria abre las puertas a la policía, al rato no tendrán que quejarse de la ocupación de un auditorio por activistas, sino de la invasión de un campus por la policía.