HSBC contra los indígenas zapatistas

Javier Hernández Alpízar
Apenas el pasado 10 de febrero La Jornada había informado, en nota firmada por Juan Antonio Zúñiga que: «El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) transfirió más de 116 mil 100 millones de pesos en 2005 a Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y HSBC, los cuatro bancos integrantes del Nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera, indican informes de este organismo, dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).»
La nota finalizaba contando el dinero delante de los pobres así: «Según los estados financieros enviados por BBVA-Bancomer, Banamex-Citigroup, Banorte y HSBC a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre 2001 y septiembre de 2005 estos cuatro bancos obtuvieron 60 mil 299 millones de pesos en utilidades netas; es decir, un monto de beneficios equivalente a 51.9 por ciento de los 116 mil 146 millones de pesos que destinó el IPAB el año pasado a cubrir las obligaciones del Nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera. O bien, estos recursos prácticamente duplicaron las ganancias conjuntas, obtenidas por estos bancos en los últimos cinco años.
«Entre enero y septiembre de 2005, la utilidad neta registrada por los cuatro se elevaba a 22 mil 193.5 millones de pesos, y ya era 63.5 por ciento mayor a la ganancia obtenida durante todo 2004. Los beneficios de estas cuatro instituciones bancarias a diciembre serán, sin duda, los más altos alcanzados en la historia de su participación en el sistema financiero mexicano.»
El Fobaproa luego institucionalizado como IPAB, uno de los más caros, en el doble sentido de la palabra, y consentidos logros del foxismo convirtió lo que fue inicialmente un cochinero (a lo granjas Carroll, pero sin cerdos, sino con puros banqueros), en deuda pública, luego en grillete económico, y ahora en jugosas ganancias para unos cuantos bancos y banqueros: Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y HSBC.
Ahora la respuesta agradecida de uno de esos bancos es sumarse a la contrainsurgencia y la guerra contra los indígenas del gobierno foxista. Ayer la organización Enlace Civil, en voz de Paulina Fernández y de Gloria Benavides, citó a una rueda de prensa en la ciudad de México con el asunto: «El HSBC se suma a la guerra del gobierno mexicano contra las comunidades indígenas zapatistas».
Enlace Civil citó a los medios en el salón «Renato Leduc» del Club de Periodistas para denunciar «la reciente agresión a las comunidades indígenas zapatistas, en particular a los refugiados y desplazados, ya que el banco HSBC cerró de manera unilateral todas las cuentas bancarias de Enlace Civil AC, cuentas donde se depositaba la solidaridad económica nacional e internacional para ayudar a las comunidades indígenas en Chiapas que sufrieron la pérdida de todo lo que tenían en la última temporada de huracanes.»
El antecedente de este boicot contra las comunidades indígenas zapatistas fue hace ya un año, cuando BBV- Bancomer canceló otra cuenta de Enlace Civil, en la que se depositaban donativos y cooperaciones de gente respetable como José Saramago, quien envió una carta de protesta, y del club deportivo de futbol soccer Internazionale de Milán. Los depósitos en la cuenta de BBVA Bancomer eran para los proyectos de desarrollo autónomo (salud, educación, producción campesina), y los que ahora cancela HSBC son para los damnificados del huracán Stan. En aquella ocasión, la respuesta de los simpatizantes del zapatismo fue cancelar sus cuentas en BBVA Bancomer. Entre entonces y ahora media la aparición de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Otra Campaña, por lo que la respuesta puede ser mucho más organizada.
Esta forma de contrainsurgencia bancaria y financiera (ya Bertolt Brecht había dicho como chascarrillo profético que era más honesto robar un banco que fundar un banco, a la luz del Fobaproa IPAB y de estos boicots contra Enlace Civil y las comunidades zapatistas se ve que si Bertolt Brecht viviera, con la Otra Campaña estuviera), se suma al acoso policiaco y al meramente gangsteril y delincuencial que se cierne contra los adherentes a la Sexta. En San Salvador Atenco la violencia llega por arriba por el poder que no se resigna a no poder robarles la tierra a los campesinos: «El pasado 6 de febrero, el campesino Arturo López Frutero, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, fue detenido por agentes ministeriales, acusado de fraccionar ilegalmente. Sin embargo, dicha acusación no pudo ser sustentada por las autoridades, por lo que antes de dejarlo en libertad, le imputaron una nueva acusación, por violación contra una menor, con la cual el juez Jorge Rubén Solano le dictó auto de formal prisión.  Hasta la fecha, López Frutero sigue detenido en el reclusorio Molino de Flores. Resulta obvio que esta detención es de carácter político pues las autoridades han utilizado cualquier acusación, con el solo objetivo de obtener una excusa para lograr que se dictara auto de formal prisión.
«Al percatarse de la forma tan descarada en la que se quiere criminalizar a los miembros del FPDT, manipulando y haciendo uso discrecional de las leyes, los campesinos ejidatarios de Atenco han retenido al director general de gobernación estatal Rosendo Rebolledo, expresando que lo dejarán ir hasta que se ponga en libertad a López Frutero. Sin embargo, la cerrazón del estado se ha manifestado en la forma de manejar este conflicto. Unos 500 granaderos custodian el reclusorio Molino de Flores, mientras que el lugar ha sido sitiado por patrullas y agentes.  El gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, declaró en los medios que no va a «ceder a los chantajes», evidenciando así su falta de voluntad para llegar a una verdadera negociación. Se teme que las autoridades vayan a entrar de manera violenta ignorando los hechos y optando por la represión.»
En Santa Clara Huitziltepec, Puebla, la intimidación corrió a cargo de tres camionetas «una negra, una roja y una blanca, en la que viajaban hombres uniformados y armados (el uniforme era de un tonito entre azul y verde claro, con sombrero medio norteño, los alumnos del bachillerato dicen que parecían disfrazados de sheriffs). Anduvieron por el Pueblo tomando fotos de los carteles alusivos a la otra campaña e interrogaron a algunas personas acerca de la persona que cuida de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata». También en Cholula han hostigado a los promotores de la Otra Campaña por poner mesas de información y por pegar propaganda, los han amenazado e intentado intimidar.
Y en Chiapas, uno de los estados más represivos (junto con Puebla, y a juzgar por la represión a los burreros en Xalapa, por querer hacer uso de su derecho a la manifestación, Veracruz para allá va) la adherente a la Sexta Marisa Kramsky fue amenazada de muerte, según denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La amenaza se da en un contexto de «ataques a la integridad física y amenazas de muerte en contra de Gustavo Jiménez, Gabriel Ramírez, Georgina Rivas, Miguel Ángel García, y Silvia Vázquez, esta última colaboradora del Frayba, todos ellos sucedidos en los últimos tres meses.
«Las amenazas y atentados reflejan un clima de inseguridad y persecución a las personas que trabajamos en la iniciativa de la Otra Campaña y la defensa y promoción de los derechos humanos en Chiapas, mismas que se denuncian y que al día de hoy no vemos ninguna respuesta afirmativa de las autoridades para garantizar nuestra labor, lo que puede generar mayor violencia e impunidad.»
En la Universidad Autónoma de Nayarit, los locales son prestados para actividades de los priistas, pero se los niegan a los estudiantes para la Otra Campaña (cualquier parecido con la UV es la misma cultura priista).
La primera tarea urgente de la Otra Campaña es luchar contra todas estas intimidaciones, hostigamientos, y por la libertad de los presos políticos y de conciencia. Las liberaciones de Martín Barrios y Lydia Cacho en Puebla, así como la manera en que La Jornada encueró a los que se confabularon contra la periodista son apenas una muestra de lo que la movilización puede.
En Oaxaca hay cientos de presos políticos y de conciencia. En Veracruz también están Santos Soto García preso en Perote y Albertano Pérez García preso en Tuxpan, ambos de la zona norte de Veracruz, ligados a la organización Organización de los Pueblo Etnicos Morelos y al Movimiento Tzocohuite.
Además, Jacobo Silva y Gloria Arenas, la segunda de origen veracruzano, ambos son militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo en Armas, hoy presos en el penal de máxima seguridad de Almoloya y en su calidad de presos políticos, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Así describe el perfil de ambos presos políticos el Comité Verdad Justicia y Libertad: «Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales se afirman como luchadores sociales y desde la prisión inmisericorde acompañan al pueblo mexicano en sus luchas de liberación, a eso han dedicado sus vidas.  Gloria y Jacobo no son criminales, como el estado pretende hacerlos ver, ni pueden ser tratados como personas sin derechos por este gobierno que se dice respetuoso de la ley, pero que no reconoce la existencia de cientos de presos políticos en las cárceles de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y otros estados del país.  Para frenar esta grave violación a los derechos humanos y lograr la libertad de Gloria y de Jacobo es importante que como en décadas anteriores, movimientos, organizaciones y ciudadanos abanderen la demanda de libertad a todos los presos políticos.» ( http://comiteverdadjusticiaylibertad.blogspot.com)