Miguel Concha
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba) presentó el pasado 5 de mayo en San Cristóbal de las Casas su balance anual sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas.
El informe da cuenta de la tendencia actual de violación a los derechos humanos por los gobiernos estatal y federal, como producto de una nueva y mayor ofensiva económica neoliberal en el sur del país que, en el marco del Plan Puebla-Panamá (Santiago Levy, Fox, Calderón), o del Programa del Sur, en la versión del diputado Carlos Rojas, apunta a un reordenamiento territorial.
En un contexto de militarización y persistente impunidad, esta ofensiva gubernamental vulnera el derecho al territorio de los pueblos indígenas, genera acciones violentas entre campesinos, provoca la violencia por la acción de grupos armados de corte paramilitar, como la así llamada Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), en connivencia con la policía, y criminaliza la protesta social.
El informe, que abarca el periodo de marzo de 2007 a marzo de 2008, tiene cuatro partes principales, concatenadas entre sí: el derecho a la tierra y el territorio; la criminalización de la protesta y acción social; las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, y la memoria histórica de los graves casos de violaciones a los derechos humanos que siguen impunes en Chiapas, más anexos.
El primer capítulo nos muestra cómo y dónde el gobierno está poniendo énfasis en los proyectos de reordenamiento territorial, empeñado en el último año en el “Proyecto Eco-Arqueo-Turístico” de “Agua Azul-Palenque-Bonampak-Tikal”, llamado también por el ex gobernador priísta Roberto Albores el “Cancún de Chiapas”; y cómo con ellos existe una coincidencia en los lugares en los que el Frayba ha documentado violaciones a los derechos humanos. Dentro de este contexto se da el ataque armado a Viejo Velasco en 2006 y los hostigamientos a bases zapatistas en 2007, como fueron los ataques de la OPDDIC en Bolom Ajaw y la amenaza armada en contra del caracol de Roberto Barrios, por la implantación de un proyecto ecoturístico financiado por el comisionado Luis H. Álvarez.
Estos planes de desarrollo de infraestructura no consideran los derechos de los pueblos indígenas; por el contrario, se vislumbra una tendencia de despojo y desplazamiento, para lo cual pareciera que el gobierno de Juan Sabines construye “ciudades rurales”, tomando como oportunidad las consecuencias negativas que los desastres naturales han dejado en algunas comunidades.
A partir de la documentación de casos, el segundo capítulo nos muestra cómo el engranaje institucional prevé contener y reprimir la inconformidad, la protesta y la resistencia, modificando la legislación penal, persiguiendo y hostigando a luchadores sociales y violentando los más elementales derechos humanos, con el fin de desactivar la organización y movilización de grupos organizados de base.
El tema del tercer capítulo es la situación penitenciaria. Es en las cárceles donde muchas veces se resume la movilización social. Sobre la base de testimonios, el Frayba narra las condiciones infrahumanas en que viven los presos en las cárceles de Chiapas, y particularmente recupera la lucha del movimiento de presos políticos en huelga de hambre, que logró la liberación de más de 100 de ellos, demostrando con ello la ineficacia y la politización del sistema de justicia.
Finalmente rescata la memoria de los casos de algunas de las víctimas de la guerra en Chiapas: ejecuciones, desapariciones y desplazamientos en el contexto de la contrainsurgencia zedillista, así como su situación procesal frente a los tribunales internos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resalta entre ellos la desaparición de Antonio González Méndez, pues se trata del primer caso admitido por la CIDH en contra del grupo paramilitar Paz y Justicia. Con datos y argumentos desmonta punto por punto las versiones que tratan de tergiversar la verdad de lo ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal.
A pesar de este panorama tan desolador, el Frayba pone también de manifiesto la organización social en Chiapas en defensa de sus derechos humanos, por la tierra, por la libertad, por condiciones de mayor igualdad y contra el olvido. Enfatiza que la acción de defensa social del territorio y en contra de la represión, recuperando la memoria histórica, es condición indispensable para enfrentar el proceso de deterioro promovido por la clase política.
El Frayba concluye que no hay desarrollo ni bienestar sin el respeto a la decisión libre, consciente e informada del pueblo. Le recuerda al Estado que tiene el deber y la obligación de enfocar sus proyectos y políticas en el pleno desarrollo de la persona, generando indiscriminadamente para todos condiciones y oportunidades que cierren la brecha de la desigualdad y amplíen los márgenes de libertad.
El balance anual 2007 del Frayba, que puede ser consultado en su página web (www.frayba.org.mx), nos muestra, desde el contexto de Chiapas, la tendencia al deterioro de los derechos humanos en el país y en nuestro continente.
En memoria de fray Jorge Eduardo González López, OP, nombrado póstumamente por indígenas tzeltales y tzotziles “amigo y hermano de la región de Ocosingo”.
