En los últimos años se han multiplicado los casos de conflictos comunitarios por defensa del territorio en el país contra proyectos turísticos del gran capital. Se diversifican también las modalidades de lucha.
EL Universal, Ciudad de México, Laura Castellanos. El abogado del Consejo Regional Wixarica, Santos de la Cruz Carrillo, explica el mapa que trae en las manos: las 45 mil hectáreas que el gobierno federal declaró el 24 de mayo como reserva minera nacional en Wirikuta, su territorio sagrado en el desierto de San Luis Potosí, justo están en la zona en la que no hay concesiones mineras.
El treintañero que viste su traje tradicional wixárica o huichol luce molesto. Recién participó en la conferencia de prensa en la capital mexicana en la que se informó que el Wirikutafest, el concierto de rock realizado dos días después del anuncio del gobierno, recabó 9 millones de pesos para el proceso legal y programas productivos de su pueblo.
El líder indígena endurece su mirada de puma al decir: “El anuncio del gobierno es una mentira, una farsa, un engaño, no sólo al pueblo wixárika sino a la sociedad nacional e internacional”.
Precisa: 75% del territorio de Wirikuta que comprende 140 mil hectáreas ya está concesionado a mineras. Y advierte: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
El caso de Wirikuta es uno más en el mapa nacional de comunidades rurales e indígenas en lucha por sus derechos territoriales. En opinión de especialistas se trata de un fenómeno que en los últimos seis años crece en número, modalidades de batalla, articulación y visibilidad.
María Fernanda Paz, a cargo del proyecto Conflictos socioambientales y movilización social, tipificación y análisis del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubica actualmente 125 conflictos rurales y urbanos en 22 estados del país.
“Son luchas contra mineras, represas, parques eólicos, desarrollos turísticos, desarrollos urbanos, carreteras y libramientos”, detalla la antropóloga.
Muchos de los conflictos brotan porque el neoliberalismo despoja territorios en busca de bienes comunes que ahora están a la venta: el agua, el subsuelo, las tierras ejidales, considera el especialista en derecho al agua del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez:
“Hay una lucha por el territorio en el país pero es desigual, ilegal, violenta los derechos de las personas, arrasa con las comunidades”.
Francisco Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida: la legislación minera en México, piensa que lo novedoso de este fenómeno emergente es que “los pueblos combinan movilización, rescate de identidad y defensa legal”.
El abogado mixteco observa que hay triunfos trascendentes: como el de la comunidad rarámuri de Huetosachi, Chihuahua, a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitimó su condición indígena y amparó sus derechos territoriales contra el Fideicomiso Barrancas del Cobre.
Pero piensa que en muchos casos hay total impunidad: como en el pueblo de Temacapulin, Jalisco, que pese a ganar un amparo federal contra su reubicación debida a la construcción de la presa Zapotillo, se pretende desaparecerlo bajo las aguas.
MAPA DE RESISTENCIAS
Paz adelanta parte de su investigación de tres años en el artículo Deterioro y resistencias: Conflictos socioambientales en México, de próxima publicación editorial.
En el texto la antropóloga da cuenta de 95 casos de su mapa nacional de pugnas: 40% por agua, 25% por tierras de cultivo y territorios indígenas, 15% por áreas naturales protegidas, 9% por bosques o cerros, 6% por el entorno urbano, 4% por zonas costeras, 1% por contaminación del suelo.
El registro de su mapa tiene origen en los casos presentados en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), foro popular de auto capacitación y formación, así como de una revisión periodística y cibernética cotidiana.
La ANAA nació en 2008 con 30 organizaciones y grupos ciudadanos del país. En 2010 el número creció a 90. En 2012 ya son 130.
“Que haya conflictos es una buena noticia porque es decir: ‘¡No va más!’, y en algunos casos ha costado sangre porque la gente se lanza dando el todo por el todo”, expresa.
Así documenta el surgimiento de nuevas “asociaciones, frentes de pueblos, consejos de pueblos, coordinadoras”. Y de redes como el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados contra la Minería (REMA).
La mayoría de sus casos están concentrados en el centro, centro occidental y sur del país. Observa un sub registro en Yucatán, Tabasco, Aguascalientes, Colima y Nayarit por posible falta de cobertura o articulación con las redes nacionales de lucha.
Nada registra en Zacatecas, Durango, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas: “lo que no sabemos es si esto se debe al crimen organizado y a la estrategia de la guerra contra el narco”.
En su mapa no incluye el caso de Cherán, Michoacán, porque dice que está vinculado a otro fenómeno comunitario emergente en el que irrumpe la delincuencia organizada.
SALVAR WIRIKUTA
Cruz porta un traje de manta bordado con palomas, pavorreales y águilas en colores verde y azul intensos. Su madre y sus hermanas en su comunidad, Banco de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango, tardaron más de medio año en elaborarlo.
En su traje, dice el joven abogado, está plasmada la cosmovisión de su pueblo. Así como en Wirikuta está la esencia de la vida, representada en una diversidad de altares y lugares sagrados a los que peregrinan desde sitios remotos y tiempos ancestrales.
“Acabar con Wirikuta es acabar con el pueblo wixárika, realmente hablamos de etnocidio”, dice.
El Consejo Regional Wixárica tuvo un logro jurídico reciente: en febrero del 2012 obtuvo un amparo federal contra la minera canadiense First Majestic para que no realice labores de explotación.
La minera posee 6 mil 326 hectáreas concesionadas de las cuales 70% están en Wirikuta. El mismo día que el gobierno anunció la creación de la reserva minera nacional, la empresa le cedió a éste 761 hectáreas, entre las que está el Cerro Quemado, que alberga uno de los altares huicholes.
El defensor enfatiza que no se trata sólo de salvar un cerro: “Esas 761 hectáreas representan punto cinco por ciento de las 140 mil hectáreas de Wirikuta”. En Wirikuta ya se otorgaron 74 concesiones mineras.
Según Miguel Ángel Romero, Director General de Minas de la Secretaría de Economía, las 74 concesiones aún están en proceso: “para que los concesionarios puedan realizar operaciones deben obtener los permisos ambientales correspondientes”.
El pasado 6 de julio la dependencia informó que la reserva minera nacional se amplió de 45 a 75 mil hectáreas y que cinco concesiones mineras se cancelaron.
INGENIERIA DE CONFLICTOS
Bárcenas, el abogado mixteco, estima que el caso de Wirikuta rompió con éxito esquemas de lucha: “hicieron una ceremonia en su región sagrada y organizaron un concierto de rock con 60 mil asistentes».
Pero su visibilidad es excepcional. Generalmente las comunidades enfrentan sus luchas sin trascender mediáticamente o lograr movilización ciudadana. Además de tener escasos recursos para su defensa legal.
Así sucede con la comunidad ejidal de San Isidro Actopan, Veracruz, guardiana de una zona costera con formaciones de dunas. Se pretende privatizarla con fines turísticos. 6 campesinos han sido encarcelados (uno murió preso), se persigue a 8 más y hombres armados acosan a la población.
Los investigadores apuntan que el incremento del despojo y saqueo de a las comunidades se debe a la creciente expansión del capital, particularmente extranjero, con el respaldo del Estado.
Paz escribió que el Estado “modificó el Artículo 27 de la Constitución para liberar tierras y recursos naturales, reformó las leyes de agua y minería para abrir paso a la privatización y el despojo, con la ley de inversión extranjera facilitó la entrada de capitales, y las dependencias de gobierno son las principales promotoras de inversiones privadas”.
Esas modificaciones legales facilitan la ejecución de mega proyectos a través de una “ingeniería del conflicto”, frase acuñada por el investigador Andrés Barreda, y que Gutiérrez así describe:
“Primero se oculta el proyecto, cualquiera que sea, se identifican líderes en las comunidades y se convence a personajes clave. Luego dividen a la gente, a algunos les ofrecen pagarles muy bien sus terrenos y a otros no les dan nada”.
Romero rechaza que en el gobierno exista tal estrategia: “La apreciación es totalmente falsa, ajena a la realidad y tendenciosa”, dice. “Argumentos como esos son justamente los que generan conflictos”.
En opinión de Bárcenas, el escenario se agrava con la multiplicación de concesiones mineras. Estima que 32% del territorio nacional ha sido concesionado para labores de exploración y explotación por 50 años renovables a 100 años.
“¿Para qué quieren 100 años?”, pregunta. “Pues para especular, suben o bajan el oro, porque como ahora las concesiones se pueden vender, conjuntar, dividir, un consorcio puede controlar muchas acciones y las venden ¿Y la propiedad de la nación?”.
Romero afirma por su parte que el territorio nacional concesionado a mineras “es del 15%”. Y externa que el brote de conflictos comunitarios contra las empresas “no es competencia directa” de su dependencia.
“No obstante”, opina el funcionario, “algunos conflictos pueden tener su origen en el desconocimiento de la industria minera, en el desconocimiento de sus procesos y de sus métodos de operación”.
Bárcenas expone por su lado que la lucha popular contra mineras ya entró a una espiral de violencia. En 2009 se asesinó al mame Mariano Abarca, que se opuso a la empresa canadiense BlackFire en Chicomuselo, Chiapas.
Y en marzo de 2012 se asesinó al zapoteca Bernardo Vázquez, que luchó contra la minera canadiense Cuxcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca. Ambos pertenecían al REMA.
“La gente ahora tiene estrategias pacíficas, pero no sé que va a pasar cuando ya no tenga salidas”, se pregunta.
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