Castaños, Coahuila, violaciones cometidas por militares

Violación ejercida por militares
(Por Soledad Jarquín Edgar, enviada)

México, 7 de agosto (CIMAC).- El lento y tedioso proceso de la justicia. La violencia sexual ejercida por militares, en Coahuila, cobró 13 víctimas. Otro caso en riesgo de quedar en el silencio. La noche del pasado 11 de julio, 13 bailarinas y sexoservidoras fueron violadas por más de 20 soldados del Ejército Mexicano en Castaños municipio de Coahuila, donde estaban asignados al resguardo de material electoral.

Varias de ellas son apenas unas niñas. Han pasado 26 días y su dolor físico se agudiza, además del miedo que tratan de ocultar con disfraces de mujeres fatales. Detrás de esta máscara -Wendy, Malena, Brisa, Cinthya-,  tienen una vida en común: pobreza permanente y abandono constante, deserción escolar,
embarazos adolescentes, maltrato y desamor. Luciérnagas que sólo brillan de noche, para intentar a la luz del día una vida feliz.

»»Un paredón de fusilamiento.- Ese 11 de julio, la noche estaba «floja», pocas mujeres llegaron a Las Playas y El Pérsico. El terreno de la zona de tolerancia levanta el polvo blanco al paso de vehículos que se desvían de la carretera 57 hacia un camino sin pavimentar, de terrenos baldíos, hierba seca y escasa iluminación.

Siete soldados, entre ellos José Joaquín Alvarado Flores, hacen su fiesta en El Pérsico. «Una bronca» detona el infierno. No hay castigo, los soldados suben a un taxi. El conductor los llevó al Instituto Federal Electoral (IFE), en Monclova. Regresan 40 minutos después, son más de 20, consigna la autoridad municipal en un reporte, establece además que llegaron en una Hummer del Ejército Mexicano -matrícula 01914153-, uniformados y con armas. Los soldados pertenecían a la Sexta Zona Militar, de Múzquiz.

De las tres bailarinas, dos son víctimas de abuso sexual. Los soldados golpean al guardia y al cantinero. Someten a los clientes. Malena se queda en el patio con dos soldados. Un grupo saca a dos del lugar. En el terreno baldío, cerca de la pared se desvisten para cumplir la orden. Brisa recuerda y tiene rabia. Los días pasan y la tranquilidad no llega. En su modesta casa en Monclova es otra, no tiene disfraz, viste camiseta y pantalón de mezclilla. Su rostro refleja cansancio.

Desde hace ocho años es bailarina, el dinero que gana lo envía a su madre quien cuida a sus dos hijos. Tenía 11 años cuando dejó la escuela, para ayudar en la casa. La calle fue suya desde entonces.

Los dedos del militar atravesando su vagina, lastimándola. Otros se burlan y le apuntan. «Era como estar en un paredón de fusilamiento, desnudas, a la vista de ellos». Escuchó la orden a su compañera: ¡quítate la ropa pinche puta! Un arma le abrió bruscamente las piernas. «Mira, todavía tengo miedo», confiesa la joven de 28 años.

Los soldados salieron de Las Playas, atravesaron el terreno baldío y se dirigieron a El Pérsico. El guardia llama al patrón, quien primero le dijo: «Echa candado». Luego pensó que sería mejor que entraran. Wendy junto con otras compañeras se esconden. Piden que las encierren con candado. Escuchan golpes y gritos de parroquianos y policías. Una de las jóvenes pide auxilio al 066, «dijeron que ya venían, nunca llegaron».

Un reporte firmado por el munícipe de Castaños, Mauro Zúñiga Llanas, indica que a las 2:10, el oficial Francisco Javier Neira Sánchez solicitó ayuda. Tres patrullas llegaron a la zona, eran apenas seis policías, todos fueron sometidos. De manera extraoficial se informó que no se activó el «código rojo», que hubo miedo de las autoridades, equivocadamente pensaron que el asalto era cometido por los zetas, brazo armado del cartel del Golfo, «así nadie le entra, mejor se van», señaló un  residente.

Wendy tiene 24 años y cuerpo de niña. Sus ojos se llenan de lágrimas, el recuerdo le taladra el alma. Después de una hora y ante las exigencias de los soldados, decide con las otras mujeres salir del escondite. El relato es inadmisible. Ve que en el cuarto y en el baño varios soldados abusan de dos compañeras. El miedo le detiene el corazón. Uno la obliga a entrar a un cuarto. Le pide que se desnude,

Le ordenan que vaya al salón a bailar. «Muevan el culo pinches putas», les gritan. Otro de los soldados arenga a los clientes: «Órale, atásquense que es de a gratis». Otro toma a Wendy del brazo, la saca con brusquedad. La entrega al «Yahir», un hombre alto y orejón. «Yo le digo que voy a hacer todo lo que me diga pero que no me golpee». Los ojos están llenos de lágrimas contenidas como la rabia y el miedo.

Después de violarla, el soldado le pregunta si no está enferma «porque no usó condón» y la amenaza de muerte si lo denuncia, advierte que va a volver. Hay otra amenaza, ninguna recibió tratamiento hormonal de emergencia para prevenir embarazos y no todos los agresores usaron condón. El Pérsico era un cuartel no una zona de tolerancia, explica la joven que sufrió dos violaciones más. A todos, les pedía que no la agredieran, quería volver a casa para ver a su hijo y a su madre.

»»Va lenta la justicia.- «Pienso que a lo mejor no nos quieren hacer caso por el lugar en que trabajamos, por lo que somos… si los que cuidan a la Nación hacen esto…», dice Wendy sobre la justicia que no llega. El 20 de julio, Wendy entregó al gobernador Humberto Moreira una carta en Castaños, donde estuvo para inaugurar obras. «Le pedí que no nos deje solas, que exija a la zona militar que le entreguen a los soldados, porque ellos saben quienes son».

El mandatario contestó ahí mismo «dile a tus compañeras que no las voy a dejar, esto no se va a quedar así, vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar», relata. La regidora de Salud, Guadalupe Oceguera dice que si alguna de las mujeres violadas por los soldados quedara embarazada, se hará lo necesario para evitar que carguen con algo que no pidieron. La ley local así lo permite.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera; la diputada Silvia Galván y la regidora coinciden en que los militares deben ser llevados ante la justicia coahuilense. El procurador Jesús Torres Charles advierte que si la justicia militar no los castiga, él hará su trabajo. Se aplicará la justicia civil, pero será después de que sean castigados «por insubordinación y abandono del puesto», en la corte militar.

¿El riesgo?, que las agresiones de los militares queden impunes o se vuelvan una estadística. Ya sucedió en Altamirano, Chiapas, en 1994 ó en 2004 en la sierra Tlapaneca de Guerrero. En ambos casos las víctimas fueron indígenas.

Hasta ahora la justicia va lenta. Aunque participaron más de 20 soldados en las agresiones, sólo seis fueron detenidos, dos desertaron, uno es José Joaquín Alvarado, su identidad se conoce porque fue detenido tras la bronca en El Pérsico, misma que costaría la destitución a Rubén Venzor como general en la sexta zona militar.

El caso de militares agresores de Castaños
(Por Sofía Noriega y Carolina Velásquez)

Saltillo, Coah, 29 de agosto (CIMAC).- Llama Obispo de Saltillo, Raúl Vera López a evitar la impunidad. La Secretaría de la Defensa Nacional debe responder por los delitos cometidos por militares y no permitir la impunidad en los casos de mujeres violadas, dijo el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, al referirse a las violaciones a derechos humanos en los que han participado elementos del Ejército mexicano, desde 1994 y que continúan sin castigo.

El prelado dijo a Cimacnoticias que tanto lo que ocurrió en el municipio de Castaños, Coahuila, el pasado 11 de julio cuando un grupo de militares violó a 14 mujeres, como casos similares registrados en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, «no deben quedar impunes».

Apoyó la iniciativa de la legisladora local, Silvia Garza, del Partido Acción Nacional (PAN) para que el próximo Congreso Federal discuta el contenido del artículo 13 constitucional, que señala que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni tribunales especiales, pero que, al mismo tiempo, en un segundo párrafo dice que cuando se trate de cuestiones militares y se quebrante la disciplina el caso se pase a la jurisdicción militar.

Raúl Vera tiene la expectativa de que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada dé seguimiento a la petición que la diputada panista le hizo, a través de un oficio que le entregó en Los Pinos la semana pasada, donde se comprometió «a castigar a los culpables» y a no tolerar ni permitir que se defienda a ninguno de los responsables.

«Ha habido otros ultrajes contra mujeres por parte de personal de la milicia, que no han sido castigados y es necesario exigir se aplique la justicia como se hizo en el caso de Coahuila», subrayó. Desde 1994, organizaciones civiles como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han dado seguimiento a varios casos, en diferentes entidades del país, de militares implicados en violaciones y agresiones a mujeres, principalmente indígenas, que hasta la fecha continúan impunes.

El caso más reciente ocurrido en Castaños, Coahuila el ejército mexicano dispuso turnar al fuero común a los implicados, debido a que en este momento postelectoral hay una posición muy delicada respecto a las instituciones.

«Por un lado, veo que hubo celeridad y seriedad en la justicia local, se persiguieron los delitos a la par de una reacción de la sociedad civil, son varios los factores, sin embargo el ejército mexicano no va arriesgar su imagen cubriendo a los malhechores que hicieron horrores ante muchos testigos», puntualizó.

En opinión del Obispo de Saltillo, el caso de las indígenas y mujeres violadas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los militares aprovecharon el aislamiento y los compromisos de las justicias locales para dejar de lado el delito. «Me parece muy acertada la propuesta de la diputada Silvia Garza, no estaría nada mal que la Presidencia de la República y la Sedena fijaran una postura y dieran la cara por primera vez ante todos estos abusos cometidos por elementos del ejército».

Por otro lado, consideró pertinente esclarecer el número de implicados en la agresión sexual contra trabajadoras de Castaños, porque sólo hay ocho detenidos y se han liberado 14 órdenes de aprehensión, aunque las víctimas y testigos hablan de que fueron por lo menos 20 los militares que participaron.

«Tenemos una versión clara por parte de los policías agredidos y mujeres violadas de que eran 20 personas involucradas y eso se requiere aclarar porque al menos seis personas no han sido llamadas a cuentas por la Procuraduría del Estado», concluyó.

Ambas notas, por Prensa Indígena…