La represión y los eufemismos

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La represión y los eufemismos

Javier Hernández Alpízar

A más de un año de que Obrador asumiera la presidencia de México, podemos proponer este experimento mental. Pongamos entre paréntesis que el presidente es AMLO. Imaginemos que es presidente cualquier otra persona, cualquier otro político que no sea el tabasqueño.

Ocurre que a poco más de un año de que el presidente asumió el cargo el panorama es desolador: hay una crisis por la violación de derechos humanos, la violencia del crimen organizado e impune y la represión-

2019 ha sido el año más violento en la historia reciente del país: en un México cuyos dos sexenios anteriores han sido sumamente violentos y con una fallida estrategia de “seguridad”, la cual no es otra cosa que la militarización. Tras dos sexenios de terror, el primer sexenio del nuevo gobierno rompe récord: hay más víctimas de feminicidios, asesinatos de defensores del territorio, comunicadores indígenas, periodistas, y muchas víctimas civiles de asesinatos, desapariciones, secuestros, asaltos, violencia cotidiana, especialmente contra comunidades indígenas que defienden sus autonomías y sus territorios agredidos por megaproyectos capitalistas que destruyen el tejido comunitario y aumentan la de por sí grave devastación ambiental.

A los asesinatos, se suman las muertes silenciosas de personas afectadas por la toxicidad, la polución, la contaminación de empresas sin escrúpulos que aprovechan la impunidad en México para envenenar suelos, aire, aguas. Muertes por cáncer y enfermedades raras asociadas a la toxicidad son un verdadero genocidio cotidiano y anónimo. Errores y falta de capacidad en la gestión del sistema de salud condenan a muchas más personas a empeorar en sus padecimientos y aún a morir, en un país que ocupa el primer lugar en obesidad y en padecimientos asociados, de la diabetes y sus fatales secuelas al cáncer.

La estrategia fallida de la militarización, que probó por más de doce años su letalidad para la población civil y su nulo resultado en disminuir la violencia y el crimen (por el contrario, los aumenta y potencia), es continuada y blindada con reformas legales que dan “certeza jurídica” a la militarización como política de seguridad interior (la tradicional “seguridad nacional”) y solamente cambian de nombre a los cuerpos militares represivos que actúan como ejército de ocupación colonial y control territorial de población: la Guardia Nacional está formada por efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal Preventiva. El cambio de nombres oculta la continuidad de más de doce años de militarización fallidos.

Al nuevo cuerpo represivo lo estrenaron reprimiendo migrantes, gaseando a hombres, mujeres y niños que de manera masiva piden refugio. La Guardia Nacional persigue a migrantes en la selva, como la Border Patrol persigue mexicanos migrantes en el desierto, y hace redadas en hoteles baratos de Tuxtla Gutiérrez.

Una caravana de víctimas marcha desde Morelos a la ciudad de México para pedir un diálogo con el presidente y pedirle que cambie la estrategia fallida y priorice la atención a las víctimas. Entre las muchas víctimas que vienen en la marcha, está una familia que fue objeto de un ataque armado del crimen organizado que asesinó, hirió y desapareció a hombres, mujeres y niños. El presidente se niega a recibirlos. Minimiza el posible encuentro y lo ridiculiza llamándolo “un show”. Trata de hecho a las víctimas con el mismo desprecio que a Samir Flores, comunicador indígena y defensor del territorio asesinado, cuyo caso ni siquiera ha sido atraído por la Fiscalía General de la República.

Los proyectos de infraestructura al servicio del capital transnacional que antes se llamaron “Plan Puebla-Panamá” o “Proyecto Mesoamérica” solamente cambian de rótulos: tienen ahora nombres individualizados que no conectan su interrelación sistémica y esconden su vocación depredadora del territorio, el ambiente y despojadora de los bienes comunes indígenas, campesinos y urbanos bajo falsos nombres “nacionalistas” como tren “maya” y “sembrando vida”. Hacen consultas manipuladas que falsifican la participación y fabrican el “consenso”.

Se impone desde el gobierno una neolengua que no llama a las cosas por su nombre, sino que cambia la nomenclatura para rebautizar los proyectos colonizadores del capitalismo y la militarización: por ejemplo, se dice “rescatar migrantes” cuando en realidad se les reprime, gasea, persigue y detiene para deportarlos.

Esta política es, en los hechos, una subordinación a la exigencia del gobierno de los Estados Unidos de contener a los migrantes, haciendo de la militarización un muro en la frontera sur mexicana, violando los derechos de los migrantes y convirtiendo a México en tercer país in-seguro.

Como hecho inédito, el Ejército Mexicano participa en ejercicios militares conjuntos subordinado al Comando Sur de los Estados Unidos. La policía de la ciudad de México, con cambios de nombres para simular que “despareció el cuerpo de granaderos”, es adiestrada por militares de Israel.

Cualquier voz crítica es regañada por el presidente con burlas, descalificaciones y epítetos que ridiculizan y exponen al linchamiento mediático y a discursos de odio a quienes se atreven a disentir, criticar o denunciar. Se trata de un presidencialismo autocrático e iliberal.

Nada de lo anteriormente dicho es ficción, cualquiera puede googlear o investigar tema por tema en periódicos y revistas para verificar cada hecho enlistado.

Cualquiera que fuese el político a la cabeza de ese gobierno represor, ineficiente, subordinado a Trump, entreguista del territorio y mentiroso estaría siendo duramente criticado por el sector informado de la sociedad: pero eso no ocurre porque el presidente se llama “Andrés Manuel López Obrador”.

El caso de Alejandro Solalinde, quien según el diario La Razón declaró que “mandan a mujeres y niños a enfrentar a la GN”, es sintomático. Un hombre cuya presunta vocación era defender a los migrantes y denunciar las violaciones a los derechos humanos, ahora se dedica a defender la imagen de los militares, la Guardia Nacional, y del presidente, de quien el propio Solalinde ha dicho que es un “pastor”.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador amenaza al Estado laico con una ostentación pública de su fe religiosa: da a las iglesias evangélicas concesiones de radio, en un país en el que durante el primer año de su gobierno murieron asesinados seis comunicadores indígenas y la lista es más amplia si incluimos a comunicadores y periodistas no indígenas.

Se trata de un gobierno que reprime, desde las admoniciones de las conferencias matutinas del presidente contra la prensa y la opinión pública crítica hasta la Guardia Nacional que violenta a los migrantes centroamericanos, al tiempo que el crimen organizado asesina, especialmente a indígenas, como los diez músicos masacrados en Guerrero. Las policías comunitarias arman a jóvenes menores de edad para defenderse de los sicarios, ante la omisión de la Guardia Nacional. Obrador criminaliza a los policías comunitarios llamando “sicarios” a sus integrantes.

Sería una situación muy grave si todo eso pasara con un presidente criticado duramente por amplios sectores de la sociedad, pero es más grave con una sociedad en la que amplios sectores se vuelven contra lo que antes criticaron y defienden la imagen presidencial frente a toda noticia que pueda enturbiar su imagen: como si de pronto fueran millones de clones de Alejandro Solalinde.

Dicen que combaten la corrupción, pero defienden a los corruptos de su gobierno como Manuel Bartlett y Manuel Velasco. Dicen que enfrentan a la oligarquía, pero benefician a los empresarios creados por el salinismo como Carlos Slim y Salinas Pliego.

Pobre de México, tan subordinado a los Estados Unidos, al capital transnacional y a la hipocresía de quienes han invertido fines y medios: sacrifican la exigencia de verdaderos cambios a la figura de quien prometió los cambios y no está haciendo sino más de lo mismo.

No son conservadores quienes critican a un gobierno que perpetúa a los gobiernos procapitalistas de derecha: son conservadores quienes dicen que es “de izquierda” hacer semejante fraude y simulación.

Libertad inmediata a Miguel López, concejal del CNI-CIG en Puebla.

¡Presos políticos, libertad!

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