Los zapatistas actuales y el derecho

Babel

Los zapatistas actuales y el derecho

Javier Hernández Alpízar

Entre otros motivos, por haber encontrado hace poco un interesante artículo de Jesús Antonio de la Torre Rangel titulado “Concejo Indígena de Gobierno: derecho insurgente; candidatura indígena: uso alternativo del derecho”[1], un buen ejemplo de cómo se puede usar la teoría para leer fenómenos emergentes y actuales, pensé en los el binomio que da título a este artículo.

Los zapatistas actuales han apelado al derecho desde el alzamiento del 1 de enero de 1994. En su declaración de guerra apelaron al artículo de la Constitución que expresa que el poder dimana del pueblo y éste tiene en todo momento la facultad de modificar su forma de gobierno.[2] Es decir, expresaban que quieren cambiar el poder en México, con base en el derecho constitucional e histórico que tiene el pueblo mexicano de cambiar el modificar el poder político, la forma de gobierno, porque el pueblo es su fuente.

Además, apelaban a la Convención de Ginebra en materia de guerra, por ello iban uniformados, y apelaban a que el Estado mexicano que les respondería con las armas también respetara esa ley internacional para regular los conflictos. El Estado no lo hizo.

Cuando inició la Otra Campaña en 2006, en La Garrucha, en la primera asamblea plenaria de ese esfuerzo organizativo y de movilización, el finado Marcos aclaró, y pidió que las organizaciones de derechos humanos tomaran nota, que los zapatistas acudían a esa reunión desarmados, porque de acuerdo con nuestra Constitución no es lícita una reunión que delibere de asuntos políticos en México en la que los participantes estén armados.

Sin embargo, uno de los momentos más densos en los que los zapatistas actuales hicieron uso del derecho fue cuando negociaron y acordaron los Acuerdos de San Andrés. El gobierno declaró un alto al fuego y promulgó una ley para el diálogo, la concordia y pacificación (que no ha sido derogada) y abrió un proceso de diálogo con el EZLN. La primera mesa fue sobre derechos y cultura indígenas y los zapatistas no se sentaron a negociar solos sino que, dado que era una ley para todos los indígenas en México, invitaron a otras comunidades, pueblos y organizaciones indígenas con lo cual tuvieron muchos y muchas asesores, al igual que el gobierno, que tuvo que llamar a sus propios asesores.

El proceso de negociación de los Acuerdos de San Andrés fue el del proyecto de ley más consensado en la historia de México. Y fue traicionado, por Zedillo que le tendió una trampa a la comandancia zapatista fingiendo que dialogarían con Esteban Moctezuma Barragán mientras Zedillo daba orden de atraparlos o matarlos. Luego el proceso de negociación fue traicionado también por Manuel Bartlett, Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega, quienes pactaron contra los indígenas una ley que no respetaba la Ley Cocopa, aceptada como traducción legal de los Acuerdos de San Andrés (aunque los limitaba un poco).

Para intentar una salida pacífica al conflicto de Chiapas y del país, los zapatistas habían aceptado dialogar y habían forzado con la Marcha del Color de la Tierra a que los escucharan en el Congreso de la Unión, donde hablaron entre otros oradores la Comandanta Esther por el EZLN y Marichuy por el CNI.

Los derechos indígenas son derecho consuetudinario y era perfectamente posible incorporarlos en la Constitución, como se ha incorporado la autonomía en Nicaragua o Colombia, pero una ley así era una cuña que descarrilaba el proyecto (neo)liberal que desde el siglo XIX había quedado en espera y con el impulso neoliberal contemporáneo cobró nueva fuerza: sería reconocer a los indígenas como sujetos colectivos, pero eso se rechazó por el individualismo liberal, por eso ahora se busca que aparezca en la boleta electoral Marichuy, porque no puede haber un candidato colectivo, comunitario, como es el Concejo Indígena de Gobierno.

Además los Acuerdos de San Andrés reconocían con la autonomía un derecho a defender el territorio, pero a toda la clase político- empresarial le interesa el despojo territorial, eufemísticamente llamado acumulación por desposesión, que trae megaproyectos como las mineras canadienses y otros, a cual más criminales, destructores del tejido social y de la madre tierra.

Otro problema que daban a poder opresor los Acuerdos de San Andrés es que comenzaban a modificar el poder: reconocían las autonomías y autogobiernos indígenas, sin por ello destruir un gobierno mexicano nacional, sin balcanizarnos.

Como, a diferencia de los señores del dinero y la muerte, los indígenas sí tienen palabra, los pueblos indígenas sí cumplieron los Acuerdos de San Andrés, porque para ellos son ley e impulsaron las autonomías de hecho por todo el país: el caso más desarrollado y complejo son los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno de los pueblos zapatistas.

De esa experiencia de política democrática, por consenso, y de autonomía, autogobierno y defensa del territorio mexicano y de la vida, humana y de la madre tierra, de esa experiencia nace la propuesta de un Concejo Indígena de Gobierno.

Es una experiencia que no desprecia la ley, sino que propone hacer leyes justas y sobre todo que se cumplan, una herejía en una neocolonia de: “acátese pero no se cumpla”, donde imperan el dinero y la corrupción y no las leyes.

Además, no es una actitud nueva de los zapatistas actuales y el CNI sino que es desde los zapatistas anteriores, cuyo lema era “reforma, libertad, justicia y ley”, ya que “tierra y libertad” es más bien el nombre de una publicación anarquista que por azares de las historias quedó asociado a Emiliano Zapata en lugar de su lema original.

Los movimientos sociales no tienen por qué despreciar el derecho, tienen que modificarlo, cambiarlo, hacer que las leyes, en lugar de instrumento de opresión y represión, sean instrumentos de lucha y de liberación.

La imposición del derecho positivo liberal sobre los derechos indígenas es la imposición del derecho del más fuerte. Por eso normalmente los zapatistas y el CNI no retoman mucho a Juárez, como sí a Zapata. Combinándolos, podríamos decir que el respeto a los derechos indígenas es la paz.

El derecho escrito y el derecho que cotidianamente se acata o se impone son el resultado de una correlación de fuerzas. Frente al derecho de los vencedores, podemos oponer la producción social de la justicia, la producción social del derecho, así como una producción social del poder, un poder popular que dimana del pueblo, y el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiarlo.

En otras palabras, a la lucha de los pueblos indígenas y de todo el México de abajo no solamente le asiste la razón sino el derecho. No cedamos ese terreno al enemigo de clase. Mejor, como se dice de la tierra, trabajémoslo, apropiémonoslo.

[1] http://www.lja.mx/2017/10/concejo-indigena-gobierno-derecho-insurgente-candidatura-indigena-uso-alternativo-del-derecho/

[2] Artículo 39 constitucional. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

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