México: derechos políticos negados en los hechos #CIG #CNI #EZLN

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México: derechos políticos negados en los hechos #CIG #CNI #EZLN

Javier Hernández Alpízar

Las denuncias sobre las “fallas” de la App del INE para recabar apoyo ciudadano por parte de los gestores auxiliares de aspirantes a candidatos independientes, como María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, no son un asunto menor: son la punta del hilo que nos puede conducir por el laberinto de la dominación, la opresión y la discriminación en México.

Vivimos en un país regido por una dominación: no una democracia, no una república, sino un despotismo de clase: la burguesía (mexicana y extranjera), y sus representantes, es la única clase políticamente elegible y electora. Por la vía de los hechos, los demás mexicanos tenemos negados sistemática y estructuralmente nuestros derechos políticos.

Me refiero no solamente a los fraudes electorales sistemáticos y programados, me refiero no solamente a la “partidocracia”, sino al hecho de que nos imponen un apartheid de facto: tal como en las televisoras “mexicanas” solamente aparece una elite criolla y los fenotipos mexicanos no criollos, los que recuerden de algún modo a lo indígena, solamente sirven para la comedia, la bufonería y los albures, así mismo en la política hay una clase político- empresarial que se multiplica en dos alas: la derecha representada por el PAN, el PVEM (somos quizá el único país del mundo donde un partido verde es antiecologista y de derechas) y la derecha del PRI y, por el otro lado, una “ala izquierda” representada por un priismo metapartidario: el nacionalismo del PRI, cada vez más vacío por su salida a los partidos surgidos de su seno: PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano. Es un síntoma muy significativo que la política de oposición tenga como máxima sacar al PRI de los Pinos y como recurso sistemático poner a un priista como candidato (Cárdenas, López Obrador, Dante Delgado, Bartlett y un larguísimo etcétera).

Las demás formas de participación política son inexistentes o nulas en los hechos: no hay eficacia en mecanismos de consulta, plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana. Está cerrada de hecho la vía electoral y los mecanismos de participación son simulados y no vinculantes.

Los mecanismos de diálogo con el gobierno son también una simulación, un hacer tiempo para desgastar a los movimientos y preparar la represión: caso paradigmático la traición de febrero de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma y otros priistas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.

Ante la asfixia por la endogamia (y casi hemofilia) política de una clase política sin renovación, se abrió la opción de candidaturas independientes, pero inmediatamente las coparon candidatos salidos de la misma clase política empresarial como Ferriz de Con (conductor de noticieros de derecha recalcitrante en Grupo Imagen) o la Calderona (el derecho de la derecha panista a tener más de un candidato, apoyado por sectores de Morena que juegan a ser los genios de la “estrategia”).

La primera vez que una iniciativa de organizaciones y, de hecho, un movimiento social de abajo y a la izquierda usan este recurso como herramienta para visibilizar e impulsar  un proceso de autoorganización desde abajo y con un programa de lucha anticapitalista, en defensa del territorio contra megaproyectos (extractivistas y otros), en defensa de la vida, las mujeres, los pueblos originarios, campesinos, rurales, barrios, todo el México trabajador, esta primera vez, sirve para evidenciar el apartheid político: negación de banco HSBC a abrir una cuenta para Marichuy, mecanismos tecnológicos excluyentes, clasistas y racistas que dejan fuera a las comunidades indígenas, rurales y campesinas y a todo el México pobre que no puede dedicar varias quincenas de su salario a comprar un Smartphone o una Tablet al gusto del INE, respuesta racista de algunos sectores de la población en las redes digitales (incluidos los sectores más fanatizados de Morena).

La cereza del pastel es la negación de los derechos políticos de los mexicanos, que se van muriendo en el camino entre no poder ser candidatos independientes, no poder participar en la elección de los candidatos de los partidos, no tener más opción que votar por uno de los partidos financiados por el gobierno, tener por expectativa un fraude electoral que defina desde arriba el poder: Elba Esther Gordillo y sus operadores en 2006, Slim y su grupo apoyando a derechas e “izquierdas”, Televisa y los competidores de Slim en 2012, etcétera.

Sin embargo ésa es sólo la cereza: el pastel completo es un país de violencia sistémica del Estado y las megaempresas contra toda su población y de impunidad asegurada para los asesinos y feminicidas: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de líderes, activistas, luchadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadoras, migrantes, mujeres, jóvenes, defensores del territorio, o anónimos pobladores que caen como “daños colaterales” en la lucha contra toda disidencia y organización. Además, la tortura, la prisión política, como herramientas de contención de toda defensa de derechos (incluidos los políticos) y la cooptación como herramienta complementaria: a la llegada de EPN a los Pinos, una de las armas que más temían algunas organizaciones sociales del sur del país era su secretaria de desarrollo social: Rosario Robles, porque conocía a los líderes desde sus tiempos de perredista y ahora tenía la cartera de la cooptación como arsenal.

Las denuncias ante autoridades de todo nivel, desde el Jurídico de la UNAM hasta la PGR o el tribunal electoral, son inútiles: meros ejercicios burocráticos de simulación que aseguran la impunidad y la continuidad del status quo, y normalmente las comisiones de derechos humanos, federal y estatales, sirven de comparsas de esa impunidad.

Desde el alzamiento zapatista en 1994, los zapatistas actuales han declarado su escepticismo respecto a todos los niveles de gobierno y su voluntad de dialogar con la sociedad civil. Del gobierno han recibido sólo traiciones: la de febrero, de Zedillo y Moctezuma Barragán; la de los Acuerdos de San Andrés de Bartlett, Ortega y Cevallos; la de las negociaciones de la calle Barcelona, en las que PRI, PAN y PRD (Muñoz Ledo y Obrador) se repartieron el pastel como premio por excluir a los zapatistas, consagrando la vía electoral como contrainsurgencia y la partidocracia como apartheid político.

La mesa de negociación que jamás se realizó (la segunda de varias previstas) tras la traición de los acuerdos de San Andrés incluía la discusión de formas de participación diferentes (y no excluyentes) a los partidos políticos: ésa es una de las razones por las que los políticos de siempre traicionaron a los zapatistas, porque, además de defender el territorio desde los derechos de los pueblos originarios, cuestionaban el monopolio de lo político por los partidos, exigían que hubiera el mayor número posible de formas de participación ciudadana, individual y colectiva.

Al EZLN y al Congreso Nacional Indígena (CNI) les debemos los mexicanos el no haber echado en saco roto ese impulso: construyeron sus autonomías de facto, han elaborado una política- ética y una ética política con el mandar obedeciendo y sus siete principios, generaron el documento que dio carta de naturalización popular a las policías comunitarias y están construyendo una alternativa política que abre el asfixiante mundo de la endogámica y hemofílica clase política y permite que participemos, organizándonos, todos los que no creemos en la clase político.-empresarial que sale a la palestra sexenio a sexenio, previo intercambio de camisetas.

Si bien no tienen eco en quienes ya están fanatizados y quieren seguir luchando “desde dentro” del frasco cerrado capitalista, las denuncias de Marichuy y su equipo de apoyo sí son atendidas en México y en el mundo por quienes están constatando que se trata de otra política, otros y otras actores y agentes, otra manera de producir el poder, una producción social del poder, democrática y crítica.

Aunque no fuera más que por eso (pero el anticapitalismo es mucho más que eso), la bandera que el CNI y el EZLN han puesto en manos de Marichy y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) es una insignia sumamente importante.

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