Defender los derechos humanos en Veracruz

Zapateando.- Un territorio arrasado por la violencia, es la noticia en los medios nacionales e internacionales: un Veracruz que ocupa el primer lugar, a nivel latinoamérica, en riesgos para quienes se dedican a la comunicación, desplazamientos forzados masivos provocados por ataques de grupos criminales, fosas con restos humanos, secuestros y extorciones para las personas migrantes, la ejecución, la tortura y la desaparición forzada como parte de lo cotidiano… un paraíso convertido en infierno. Realidad unida a la corrupción y complicidad en todos los niveles de gobierno.

Este es el contexto en el cual centenas de organizaciones sociales. colectivas, espacios independientes, redes, pueblos y comunidades realizan la defensa de los derechos humanos. Una muestra de ello fue el Tercer Encuentro Regional de Defensoras y Defensores, realizado el pasado 9 y 10 de septiembre, en la ciudad de Xalapa, la capital veracruzana, donde a partir de vivencias propias se dibujó un mapa de luchas que refieren antiguas historias de exclusión y negación, así como las recientes invasiones a los territorios de los pueblos, en medio de amenazas a la labor en defensa de derechos humanos, como lo testimonian 19 asesinatos de periodistas durante el gobierno de Javier Duarte y las diarias agresiones a las y los defensores.

Porque los derechos humanos se violan en todas partes, y aquí el diagnóstico es integral: ni los derechos sociales, políticos y culturales básicos se respetan, ni los derechos colectivos se protegen. En cada materia, las instancias de gobierno ni los garantizan, ni los promueven. Desde las carencia de  servicios médicos oficiales que a la par discriminan los sistemas de salud indígena, pasando por la imposición de megaproyectos con afectaciones ambientales irreversibles, hasta la criminalización del cuerpo de las mujeres en leyes conservadoras como la reciente reforma al artículo 4 Constitucional.

Una apuesta por la vida a través de acciones de resistencia a proyectos de despojo y explotación, es la experiencia veracruzana ante la actual crisis humanitaria en el país. De sur a norte, la organización se diversifica enfrentando constantes retos pero también recreando y articulando las luchas.

Las mujeres, las más afectadas en estas violaciones a derechos humanos, son también las que mayor participación tienen en las propuestas y exigencias. Una de las demandas principales es la solicitud de declaratoria de Alerta de Género “ante el contexto de violencias heteropatriarcales contra las mujeres en la entidad como la trata y tráfico de personas para la prostitución, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñez.”

En las regiones indígenas, las más vulneradas, las comunidades defienden la autonomía, la autodeterminación y sus territorios contra el extractivismo y las hidroeléctricas, con la experiencia de resistencia contra la devastación ambiental petrolera.

Por un Veracruz verdaderamente digno y justo, las más de 60 organizaciones asistentes al Tercer Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos reafirmaron en el pronunciamiento final: “su compromiso de acompañamiento a las luchas y movimientos que surgen desde los pueblos y comunidades, como también el de la promoción y defensa de los derechos humanos, la generación de espacios de reflexión y vinculación”.

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PRONUNCIAMIENTO DEL TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN VERACRUZ

Más de 60 defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Veracruz, convocados por organizaciones regionales, nacionales e internacionales, nos reunimos el 9 y 10 de septiembre en Xalapa para compartir experiencias y construir un diagnóstico estatal sobre la situación de los derechos humanos en el estado.

Las conclusiones son gravísimas. El ejercicio de prácticamente todos los derechos humanos enfrenta dificultades desde su exigencia, garantía y realización.

Preocupa especialmente ser el estado con el mayor número de amenazas y agresiones graves en contra de periodistas, comunicadoras y comunicadores; los ataques a la libertad de expresión, al acceso a la información y al ejercicio del periodismo son insostenibles (19 homicidios durante el gobierno de Javier Duarte). Esta situación pone de manifiesto además la ineficacia de la Alerta Temprana Veracruz, convenio firmado por autoridades locales y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su fallida lucha por controlar las agresiones de las que son objeto comunicadores y comunicadoras en el ejercicio de su libre expresión.

Graves violaciones como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones arbitrarias no son reconocidas por el estado y por lo mismo, no son investigadas, los responsables siguen impunes y las víctimas no cuentan con ningún mecanismo adecuado y efectivo que les permita acceder a la justicia.

Población indígena, migrantes, mujeres y estudiantes sufren con mayor énfasis esta grave crisis.

Proyectos extractivistas y otras amenazas contra la tierra y el territorio están latentes en todo el estado. Ser una de las entidades del país con mayor población indígena no significa que su autonomía y autodeterminación sea respetada.

El cambio de gobierno en el estado, debería implicar no solamente el cumplimiento de sus obligaciones de promover, respetar, realizar y garantizar los derechos humanos, sino también la investigación y sanción a las autoridades que han sido responsables de tan graves violaciones, la reparación del daño a las víctimas y sobrevivientes y medidas de no repetición.

Provenientes de diversas regiones del estado, quienes hoy nos pronunciamos, reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento a las luchas y movimientos que surgen desde los pueblos y comunidades, como también el de la promoción y defensa de los derechos humanos, la generación de espacios de reflexión y vinculación, al mismo tiempo que denunciamos las amenazas y ataques que sufrimos en la realización de nuestra labor.
Hacemos memoria de las y los periodistas, defensoras y defensoras, comunicadoras y comunicadores y de todas aquellas personas que han sido asesinadas por el hecho de ser consecuentes y ejercer su labor.

Nos manifestamos en contra de proyectos que representan una amenaza para los bienes naturales y culturales como el periférico Córdoba-Orizaba en el centro del estado, al norte y sur la extracción y transporte de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Blanco y en la cuenca del Río la Antigua, así como megaproyectos de megaminería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero, el Fracking en la zona norte y sur de nuestra entidad, concesiones mineras, gaseoductos y proyectos eólicos.

Hacemos un llamado enérgico y exigimos:
1. Sean investigados a cabalidad y se esclarezcan los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas cometidos en la entidad veracruzana en el actual gobierno de Javier Duarte. Asimismo, sean castigados los responsables y sea reparado el daño a sus deudos y familiares;

  1. Cese el hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, sociales y académicas, como a periodistas que ejercen su labor de informar a la sociedad dando voz a los pueblos y comunidades del acontecer público;
  2. Que se investigue adecuadamente, sancione a las víctimas y se repare el daño generado en actos violentos en contra de estudiantes el 5 de junio el año pasado;
  3. Sea reconocida la labor y contribución que las personas y colectivos defensores de derechos humanos hacemos para la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa;
  4. Sea decretada la Alerta de Género en el Estado de Veracruz ante el contexto de violencias heteropatriarcales contra las mujeres en la entidad como la trata y tráfico de personas para la prostitución, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñez, asimismo exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 4 de la Constitución del Estado que criminaliza a las mujeres veracruzanas por su derecho a decidir;
  5. Sean investigadas con imparcialidad y de manera pronta y expedita todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de desaparición forzada y sean activados los protocolos de búsqueda y localización de las víctimas y sean presentadas con vida, porque VIVOS Y VIVAS SE LOS LLEVARON, VIVOS Y VIVAS LES QUEREMOS;
  6. Se garantice el acceso a mecanismos adecuados de justicia y la reparación del daño, la impunidad estimula continuación en la violación de los derechos de los derechos humanos;
  7. . Cese el acoso, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades veracruzanas contra los y las migrantes en tránsito por Veracruz, quienes en busca de una vida mejor y digna para ellos y sus familias son secuestrados, desaparecidos, asesinados y víctimas de trata y tráfico de personas (esclavitud contemporánea);
  8. Sea respetado el derecho a la libre autoderminación y autonomía de los pueblos indígenas y mestizos, de manera que el proceso de crecimiento de los pueblos sea culturalmente adecuado con base en lo que los pueblos y comunidades en pleno ejercicio de su autonomía decidan cómo quieren llevar a cabo ese desarrollo o manera de buen vivir;
  9. Se investigue, transparente la información, se sancione a los responsables y repare el daño a las víctimas y sobrevivientes de la explosión de la Formuladora de agroquímicos ANAVERSA en Córdoba y la refinería de Pajaritos en Coatzacoalcos;
  10. Se cancelen todos los proyectos hidroeléctricos en la Barranca Matlacobatl;
  11. Se pague la deuda que el gobierno del estado tiene con la Universidad Veracruzana y que se garantice en el estado el acceso a una educación adecuada a los contextos indígenas, pública, gratuita y laica;
  12. Que se generen las condiciones para que la población pueda ejercer de manera efectiva el derecho a la salud de manera integral;
  13. Que sean respetados y se garanticen los derechos de las personas y colectivos de comunidad LGBTTTI; y
    15. Que el gobernador electro cumpla con todas estas peticiones y obligaciones que le corresponden en materia de derechos humanos.

Seguiremos atentas y atentos del cumplimiento de las obligaciones del estado en materia de derechos humanos, activas y activos en nuestra labor y vinculadas y vinculados con el mismo fin en común de un Veracruz verdaderamente digno y justo para todas y todos.

Xalapa, Veracruz, 10 de septiembre de 2016.
Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana, Red Nacional de Defensoras – Veracruz, Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, Radio Teocelo, Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, AUGE, Desarrollo Augestionario, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Kalli Luz Marina, A.C., Comunidades Eclesiales de Base, Xalapa, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Coordinadora Regional de Acción Solidaria, Red Unidos por los Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio – Veracruz, Católicas por el Derecho a Decidir – Veracruz, Radio Huayacocotla, Zapateando, espacio de comunicación autónomo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Article 19, Centro de Derechos Humanos y Alternativas Sociales, Las Tepehuas, A.C., Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Colectivo Feminista Cihuahtlahtolli, A.C., Cuerpo Académico “Riesgos socioambientales y conflictividad social” de la Universidad Veracruzana, Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana, Cuerpo Académico Transdiciplinariedad, Sostenibilidad y Diálogo de Saberes – Universidad Veracruzana.

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