Los desaparecidos x John Gibler

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La crónica del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes mexicanos desaparecieron — y por qué esto puede ser un punto de inflexión para el país.

Por John Gibler

Ilustraciones de Clay Rodery
Traducido por Juan Elías Tovar

Fuente: The California Sunday Magazine

Para los primeros días de Octubre, la cancha exterior de básquetbol de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una población del estado mexicano de Guerrero, se había convertido en una sala de espera de la desesperación. El dolor irradiaba como calor. Bajo el alto techo de lámina corrugada de la cancha, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se reunían a enfrentar las horas entre las expediciones de búsqueda, las protestas y las reuniones con funcionarios del gobierno, trabajadores de derechos humanos, y antropólogos forenses. Reunidos en grupos a la orilla de la cancha, sentados en el piso de concreto o en sillas plegables de plástico acomodadas en semicírculos, hablaban en voz baja y entre ellos. La mayoría había viajado desde pequeñas comunidades indígenas y campesinas de Guerrero. Muchos habían llegado sin una muda de ropa. Todos habían venido a buscar a sus hijos.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, a 125 km, policías uniformados emboscaron cinco autobuses de estudiantes de la normal y otro que llevaba a un equipo de fútbol profesional. Junto con tres sicarios no identificados, dispararon y mataron a seis personas, hirieron a más de veinte, y “desaparecieron” a 43 normalistas. El cuerpo de una de las víctimas fue hallado en un campo a la mañana siguiente. Los asesinos le habían quitado el rostro. Los soldados del 27º Batallón de Infantería, cuyo cuartel está a menos de tres kilómetros y que tienen la misión de combatir el crimen organizado, no intervinieron.

La noticia del ataque fue recibida inicialmente con muda indignación, sobre todo porque la información que llegaba de Iguala, una ciudad montañosa de 110,000 habitantes, era confusa. Durante varios días circularon conteos contradictorios de los normalistas desaparecidos. No fue sino hasta el 4 de octubre, cuando la procuraduría estatal anunció que habían descubierto la primera de una serie de fosas comunes a las afueras de Iguala, que los medios nacionales e internacionales descendieron sobre la región. Cuando los forenses confirmaron que el primer cuerpo de los treinta restos calcinados no era de los estudiantes desaparecidos, la ira y el horror se extendieron. A lo largo de octubre, hubo marchas y vigilias por todo el país. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, estudiantes de Ayotzinapa rompieron ventanas e incendiaron edificios del gobierno estatal. En Iguala, manifestantes saquearon y quemaron el palacio municipal.

A pesar de no ser un evento aislado ni la peor masacre en los últimos años, lo ocurrido en Iguala caló hasta la médula de la sociedad mexicana. Quizá haya sido la magnitud de la violencia, o la absoluta brutalidad, o que las víctimas eran estudiantes normalistas, o que los autores materiales fueran en su mayoría policías municipales, o que el presidente municipal de Iguala, su esposa y el jefe de policía probablemente estuvieran detrás del ataque, o que los gobiernos estatal y federal fueran falaces en su investigación e insensibles en su trato a las madres y padres de los desaparecidos. Cualquiera que haya sido la causa  — y probablemente fuera una combinación de todas estas razones —  es imposible exagerar el efecto que los ataques han tenido sobre el país. Los mexicanos hablan de Iguala como sinónimo de trauma colectivo. México ahora es una nación de luto, y en el corazón de ese dolor están esas cuarenta y tres familias en la cancha de básquetbol de Ayotzinapa y su agonizante demanda: Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Cada año, 140 alumnos de nuevo ingreso llegan a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, un internado varonil, provenientes de algunos de los lugares más golpeados económicamente del hemisferio, donde las escuelas primarias suelen ser estructuras de adobe de un solo cuarto sin electricidad, agua corriente ni plomería. Estos son de los jóvenes más comprometidos de sus comunidades, para quienes el sistema dice que no hay lugar: aquellos aparentemente destinados a ingresar a las filas más bajas de los ejércitos de la guerra del narco o a cruzar el desierto de Arizona en desbandada para ir a pizcar pimientos en California o lavar platos en Chicago. La escuela normal, conocida como Ayotzinapa, les ofrece una ruta diferente: una profesión. Ayotzinapa les dice: “Aquí perteneces.”

La colegiatura, el alojamiento y las comidas son gratuitos. El gobierno estatal proporciona un presupuesto alimentario que equivale a unos $50 pesos por estudiante por día, lo cual suele significar una dieta de huevo, arroz y frijoles. Los estudiantes se encargan de limpiar todo, de servir y de buena parte de la cocina. Los dormitorios de primero son cajas de concreto sin ventanas ni muebles. Llegan a dormir hasta ocho alumnos por cuarto, tendiendo cartones y cobijas como camas. Algunos cuelgan huacales en la pared para usarlos de cómoda.

Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución mexicana para promover la alfabetización en el campo. Para mediados del siglo XX, llegaron a ser 36. En 1969, el gobierno federal cerró numerosas escuelas, y ahora sólo quedan 14. Ayotzinapa fue fundada en 1926, y como todas las escuelas normales, tiene una larga tradición de movimientos estudiantiles de izquierda. En los murales de la escuela no sólo aparecen figuras revolucionarias de renombre internacional como el Che Guevara y el rebelde zapatista Subcomandante Marcos, sino también los líderes guerrilleros de los años 1970, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ambos egresados de Ayotzinapa. Varios murales conmemoran a dos estudiantes que la policía mató en el 2011, durante una protesta exigiendo un aumento a la matrícula de la escuela y a su presupuesto alimentario.

Una de las “actividades” — como los normalistas llaman a sus acciones —  más comunes, es la toma de camiones. Viajar a observar a maestros en zonas rurales es parte esencial del currículo, pero la escuela nunca ha tenido muchos vehículos ni presupuesto para alquilarlos o adquirirlos. (A principios de septiembre, la escuela sólo tenía dos camiones, dos urvans y una camioneta a su disposición.) Desde hace mucho tiempo, para conseguir transporte, los normalistas acuden a las terminales de autobuses cercanas o hacen un bloqueo en la carretera, luego abordan un autobús detenido y le informan al chofer y a los pasajeros que el vehículo será empleado “con fines educativos para la Escuela Normal de Ayotzinapa.”

Los funcionarios del gobierno condenan las acciones de los normalistas, que califican de robo. Los estudiantes insisten en que no son ladrones y que siempre “llegan a un acuerdo” que incluye un pago. Los choferes no abandonan sus vehículos; a veces acampan en la normal, donde les dan los alimentos, por semanas y en ocasiones hasta meses. Cuando los estudiantes bloquean las autopistas, normalmente lo hacen en las casetas de cobro. Rodeados por los estudiantes, los conductores tienden a “donar” el pago al fondo de transporte de la escuela normal. Ninguna de estas tácticas es exclusiva de Ayotzinapa, pero lo que los distingue es que ellos las han integrado en el funcionamiento cotidiano de la escuela.

En mayo de 2013, Adela Micha, reportera de Televisa, entrevistó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Ella le preguntó cómo era posible que el robo de autobuses por parte de los normalistas fuera una práctica habitual. Aguirre respondió que Ayotzinapa “se ha convertido en una especie de búnker. Ni la autoridad federal ni la autoridad estatal tenemos acceso porque es un espacio también que se ha utilizado por parte de algunos grupos, sobre todo para llevar adoctrinamiento a estos jóvenes, para irles a sembrar mucho rencor social”. Micha le preguntó quiénes estaban detrás del adoctrinamiento. Aguirre respondió: “Algunos trasnochados de la guerrilla en Guerrero”.

El plan para el 26 de septiembre nunca fue Iguala. “ Nos interesaba Chilpo”,   me dijo Iván Cisneros, uno de los estudiantes de segundo año que coordinaron las actividades aquella tarde, refiriéndose a Chilpancingo  . “Donde vamos a hacer las actividades es a Chilpo. Estaban súper calientes las cosas allí, y no nos queríamos ir para no arriesgar a la gente, supuestamente, y por eso optamos por ir hasta Iguala”.

(La siguiente crónica de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre está basada en entrevistas con catorce estudiantes que sobrevivieron a los ataques y a más de diez residentes, incluyendo cuatro periodistas, que también los presenciaron. Los nombres de los estudiantes que sobrevivieron son seudónimos).

A mediados de septiembre, un grupo de alumnos de segundo año expropió dos camiones en la terminal de Chilpancingo. Necesitaban los vehículos para transportar estudiantes a una práctica de observación de aulas de tres días. A su regreso, se quedaron con los autobuses  — y los choferes —  porque muchos de la escuela planeaban viajar a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, que conmemora lo que es considerado el evento más infame en la historia mexicana moderna: la masacre de cientos de estudiantes a manos del ejército en 1968. El problema era que Ayotzinapa no tenía suficientes autobuses para transportar a todos.

Para conseguir más autobuses, los coordinadores estudiantiles  — casi todos de segundo año —  programaron una actividad para la tarde del viernes 26 de septiembre. Pero decidieron evitar Chilpancingo porque los granaderos, policías antimotines, estaban apostados en la terminal de autobuses. En vez de ir allí, la actividad se llevaría a cabo en la dirección contraria, cerca de Huitzuco, una pequeña ciudad a unos 110 kilómetros de la escuela.

A eso de las 5:30 p.m., los coordinadores llenaron los dos autobuses con unos 80 alumnos de primer año y salieron. Según todas las versiones, el ambiente en los era festivo. Los normalistas habían llegado al campus hacía más o menos un mes. Para muchos, el viernes había sido el primer día de clases, y ahora estaban a punto de participar en uno de los ritos de iniciación de la escuela, su primera actividad. “No sabíamos a qué actividad íbamos”, me dijo un alumno de primero. “Nada más nos dijeron, Vámonos, para acá.”

Pararon a las afueras de Huitzuco, y los normalistas empezaron a pedir donativos, atentos a los autobuses que fueran a Chilpancingo. Empezó a oscurecer, los automovilistas eran hostiles y no llegaba ningún autobús. Cisneros llamó a uno de los otros coordinadores y le dijo, “No, pues esto ya valió, no vamos a poder llevarnos ninguno”.

Los coordinadores se disponían a regresar a Ayotzinapa cuando un camión se aproximó. Los estudiantes se pusieron de acuerdo con el chofer, que les solicitó primero ir a dejar a sus pasajeros a Iguala, como a 20 minutos. El autobús llegó a la ciudad a las 8:00 p.m., y todos los pasajeros bajaron, excepto los nueve estudiantes que lo habían tomado. El chofer les dijo que necesitaba autorización antes de salir hacia la normal. “Sí, espérenme un momento”, les dijo.

A unas cuantas cuadras, la élite política de Iguala y unos 4,000 acarreados se hallaban reunidos en la Plaza Cívica de las Tres Garantías para escuchar lo que estaba anunciado como el segundo informe anual de actividades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Iguala. Una oficina regional del DIF difícilmente derrocha dinero en flores, luces y sonido, comida y grupos musicales para su informe anual. Los periodistas que cubrieron el evento dicen que fue una fiesta de precampaña apenas disimulada para la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, que esperaba ser su sucesora. Notable entre los presentes, había un coronel del 27º Batallón de Infantería.

Electo en 2012 como presidente municipal, José Luis Abarca y su esposa trataban Iguala como su feudo desde hacía mucho. En años recientes, adquirieron 31 casas y departamentos, nueve negocios y trece joyerías. El Ejército Mexicano donó parte del terreno en el que la pareja construyó un centro comercial de $23 millones de dólares a las afueras de la ciudad. En diferentes ocasiones, las procuradurías estatal y federal han acusado a los padres de Pineda y a sus tres hermanos (dos de los cuales han sido asesinados) de encabezar un grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos. En Iguala, la opinión generalizada es que la policía y los Guerreros Unidos son sinónimos. En una ocasión, Pineda amenazó a un reportero en público, “Si le sigues te voy a cortar las orejas”.

Abarca ha sido acusado de asesinar al activista Guerrerense Arturo Hernández Cardona en 2013. Un testigo declaró ante la procuraduría federal que Abarca le disparó a Hernández Cardona en el pecho y en la cara. Hernández Cardona llevaba cuatro días desaparecido cuando su cuerpo torturado fue encontrado a la orilla de un camino.

Entre quienes desconocían las acusaciones contra la pareja gobernante de Iguala y el hecho de que estuviera en un mitin a pocas cuadras de allí, se hallaban los nueve estudiantes que esperaban impacientes a que regresara el chofer del autobús. Lo veían, mientras seguía hablando con los guardias de seguridad de la terminal, que a su vez hablaban por sus teléfonos y radios. Temiendo que el chofer se negara a subirse otra vez al autobús, los estudiantes llamaron a sus que seguían en la autopista, cuya respuesta fue rauda: juntaron piedras, abordaron nuevamente sus dos autobuses y salieron hacia la terminal.

Cuando llegaron, los normalistas estacionaron los autobuses en la calle y se lanzaron sobre la terminal, sus rostros cubiertos con las playeras amarradas a sus cabezas. Los nueve estudiantes que esperaban abandonaron el camión y, junto con los demás, tomaron otros tres. Ahora a bordo de cinco autobuses, la policía sin aparecer, los normalistas les dijeron a los choferes que los sacaran de la ciudad lo antes posible. Dos autobuses enfilaron hacia el oriente por Periférico Sur, que rodea el centro de la ciudad y ofrece una salida directa hacia la autopista. Los otros tres camiones se dirigieron hacia el norte por la calle Galeana, hacia la Plaza Cívica. Ignorando las exigencias de los estudiantes de acelerar, el chofer que iba a la cabeza avanzaba a vuelta de rueda. Para entonces eran como las 9:30 p.m. En el mitin político, habían terminado los discursos y estaba tocando la banda.

Cuando los tres autobuses pasaron por la Plaza Cívica, patrullas de la policía llegaron, con las sirenas encendidas. Una patrulla se metió enfrente del primer autobús, frenando la caravana. Los normalistas bajaron de un salto para quitar la camioneta del paso. Llegaron más policías y empezaron a disparar al aire. Los normalistas de Ayotzinapa daban por hecho que pelear con la policía era un poco como jugar al gato y al ratón: si te agarraban, te iban a golpear y arrestar, pero los balazos no eran parte del juego. Se lanzaron a la patrulla, apedreándola y obligando al conductor a retroceder. “Yo iba en el tercer autobús. Cuando escuchamos los disparos, nos bajamos”, me contó Ernesto Guerrero, un estudiante de primero. “Y un compañero de nosotros de la academia, de segundo, nos dijo a los demás ‘No se asusten, paisas, son disparos al aire’. Pero cuando íbamos, vimos que no eran al aire, que eran contra el autobús, incluso eran disparos contra nosotros. Es cuando tomamos la decisión de empezar a defendernos. En el camino yo encontré cuatro piedras, y cuatro piedras son las que arrojé.”

Con el camino despejado, los tres autobuses pasaron por la plaza y siguieron por la calle Juan N. Álvarez, que se extiende unas quince cuadras antes de llegar a Periférico Norte, una de las principales avenidas. Las camionetas de la policía los persiguieron, llegando de los lados y desde atrás, disparando en repetidas ocasiones. Los autobuses estaban a pocos metros del cruce con Periférico Norte cuando una patrulla les cerró el paso. Esta vez, el chofer abandonó la camioneta. Cuando los normalistas del primer autobús empezaron a empujar la patrulla para quitarla, la policía abrió fuego. El estudiante Aldo Gutiérrez Solano recibió un disparo en la cabeza. En la confusión, los normalistas que estaban moviendo la patrulla por poco la echan encima de él. “Ya al final les señalamos y se dieron cuenta que el compañero estaba tirado, estaba sangrando de la cabeza de un balazo”, me contó Edgar Yair, alumno de primero. “Lo queríamos levantar. Y en cambio de que los policías dejaran que lo levantáramos, pues, más nos disparaban, más fuerte, más rápido eran los balazos.” En ese momento, los estudiantes se dieron cuenta de que todo había cambiado. Las presuntas reglas se habían desintegrado.

Los normalistas corrieron, algunos se volvieron a meter al primer camión, otros se escondieron entre ése y el segundo. Llegaron más policías, disparando pero sin acercarse. Los normalistas gritaron pidiendo una ambulancia. Cuando finalmente llegó una, la policía le impidió acercarse, pero la ambulancia rodeó por atrás y los paramédicos por fin pudieron llevar a Gutiérrez Solano al hospital, donde le declararon muerte cerebral.

La mayoría de los policías se agrupó por detrás del tercer autobús, atrapando a los normalistas que estaban adentro. “Escuchamos que se gritaban”, me contó Jorge Vázquez, un alumno de primero que se escondió en la parte de atrás del primer camión. “Pero después me asomé de una ventana y vi donde estaban subiendo a varios compañeros a las patrullas, que ya se los llevaban.” En los siguientes 90 minutos, dicen los sobrevivientes que la policía obligó a los normalistas del tercer autobús a tenderse boca abajo en la calle, con las manos en la nuca, antes de subirlos a sus patrullas y llevárselos. Estos eran entre 25 y 30 de los normalistas que desde entonces no se han vuelto a ver.

Mientras ocurría este ataque, los dos autobuses que salieron por el Periférico Sur se separaron. Uno, con catorce normalistas, quedó detrás del autobús que llevaba al equipo de futbol de tercera división los Avispones de Chilpancingo, que volvía a casa tras haber derrotado al equipo de Iguala esa misma tarde. “Ya en el último puente, ya para salir rumbo a Chilpancingo”, me contó Alex Rojas, uno de los catorce normalistas, “fue cuando miramos que debajo, justo debajo del puente estaba un autobús Estrella de Oro, y atrás y adelante había muchas patrullas, ahí se veían las torretas.” Ése era el quinto autobús. Los estudiantes que iban a bordo están entre los desaparecidos.

Al ver el retén, el chofer del camión de Rojas trató de darse la vuelta, cuando la policía llegó velozmente y lo obligó a detenerse. Los normalistas abandonaron el autobús y echaron a caminar hacia el otro lado. A sus espaldas, oyeron a los policías gritar, “¡Cáiganle a la verga! ¡Si no, van a valer verga ya!” Perseguidos por la policía, los catorce escaparon a un campo cercano. En las siguientes tres horas, trataron de llegar a los autobuses en la calle Álvarez pero la policía se los impidió, les disparó y los persiguió por un cerro, donde se ocultaron hasta la mañana. Sicarios atacaron el autobús que llevaba al equipo de fútbol en la carretera a Chilpancingo, y mataron al chofer, a un jugador de 14 años, y a una mujer que iba en un taxi que pasaba por ahí, e hirieron a por lo menos nueve más.

Para las 11:30 p.m., la policía dejó la escena del primer ataque, tras recoger los casquillos y limpiar la sangre de la calle. Poco a poco los normalistas fueron saliendo de sus escondites. Montaron guardia y colocaron piedras y artículos de basura alrededor de los casquillos y las manchas de sangre que quedaban, en un esfuerzo por preservar la escena del crimen. El interior del tercer autobús, del que la policía se había llevado a todos los estudiantes, estaba cubierto de sangre. Poco después, dos urvans de normalistas llegaron de Ayotzinapa  — habían recibido las llamadas de auxilio en los primeros momentos del ataque —  y poco a poco, unos cuantos periodistas y vecinos empezaron a aparecer.

Cerca de la media noche los periodistas, tras fotografiar los balazos en los autobuses y los casquillos en la calle, pidieron una entrevista con el presidente del comité estudiantil de Ayotzinapa, que había llegado en una de las urvans. Las cámaras de video y grabadoras de audio llevaban unos cuatro minutos rodando cuando empezaron a sonar ráfagas de ametralladora. “Exactamente cuando se está terminando la conferencia ellos dicen sus nombres, y empezamos a escuchar las detonaciones”, me contó uno de los periodistas. “Eran ráfagas. Eran una infinidad de disparos. Los cristales de muchos carros empezaron a reventar. Entonces todos empezamos a correr en dirección a los autobuses.” El reportero dejó su grabadora encendida mientras corría. Se puede escuchar la descarga de tiros y gritos. Dos normalistas, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava cayeron en la calle, muertos.

Coyuco Barrientos, un alumno de primero, fue de los pocos que pudo ver a los sicarios. Dijo que eran tres, que vestían ropa negra tipo militar, con pasamontañas, y disparaban fusiles de asalto desde la cintura. “El primero,” me contó Barrientos, “empezó a disparar al aire. De ahí, empieza a tirar hacía nosotros. Y yo regresé a ver y claramente se veían las chispas de las balas donde se iban en el suelo, parecían cuetes de Navidad. Todas las chispas iban rebotando en el suelo hacía nosotros. Así que, pues lo que hicimos en ese mismo momento, fue correr. Después se bajaron otros dos sujetos y empezaron a tirar contra nosotros. Eran ráfagas, no dejaban de tirar.” La mayoría de estos estudiantes lograron refugiarse en casas cercanas a unas cuantas cuadras, donde los vecinos los llevaron a los cuartos del fondo y apagaron las luces.

Juan Pérez, un alumno de primero que en el primer ataque recibió un disparo que le atravesó la carne de la rodilla, iba corriendo por la calle cuando un compañero cayó a su lado. Le habían disparado en la boca. Varios normalistas ayudaron a Pérez a cargar al compañero herido. Una mujer les gritó desde una ventana en un primer piso que se podían esconder en su casa, pero ellos le pidieron direcciones para llegar a un hospital. Sobre esa misma calle, dijo ella, había una pequeña clínica privada. Golpearon la puerta y las ventanas, y dos mujeres los dejaron entrar. Casi veinticinco estudiantes y vecinos entraron corriendo. Las mujeres mintieron, diciendo que eso era un laboratorio de rayos X y no una clínica. Les rogaron a las empleadas que llamaran una ambulancia.

Después de veinte minutos, los normalistas oyeron que llamaban a la puerta. Afuera había soldados del 27º Batallón de Infantería con uniforme y equipo de combate. Cuando los normalistas abrieron la puerta los soldados, apuntando sus fusiles, ordenaron a gritos que todos se echaran al piso. “Nos habían quitado los celulares. Nos tomaron fotos”, me contó Yair. “Y un comandante de ellos nos dijo que pues nosotros no teníamos necesidad de estar allá, que adónde nos fuimos a meter, que nosotros buscamos nuestra propia muerte. Y nosotros empezamos a decirle que éramos estudiantes aquí de la normal. Y él nos decía que no, que para él éramos unos delincuentes”. En algún momento entre las 12:30 y la 1:00 a.m., llegó el director de la clínica, pero se negó a atender a los estudiantes heridos. Él y los soldados expulsaron a los normalistas a la calle. A unas cuantas cuadras, una familia les brindó asilo, mientras un grupo pequeño de estudiantes encontró un taxi para llevar a su compañero herido a un hospital.

En algún momento como a la 1:30 a.m., después de pasar por un retén de la policía en la carretera, el primer grupo de reporteros de Chilpancingo llegó al cruce de Periférico Norte y Juan N. Álvarez. Hallaron los cuerpos de los dos estudiantes muertos, tirados boca abajo en la calle, los autobuses y carros acribillados a tiros, y soldados embozados parados a los lados de la escena del crimen.

A la mañana siguiente, los normalistas acudieron a la procuraduría estatal en Iguala. Identificaron a veintidós policías que los habían atacado, hablaron con trabajadores de derechos humanos, e hicieron una lista de los desaparecidos. Allí fue cuando se enteraron de que los normalistas a quienes la policía había bajado de los autobuses nunca llegaron a la cárcel. Cuando llamaban a sus celulares, no contestaba nadie. Inicialmente, la cifra de normalistas cuyo paradero se desconocía llegó a 57, pero luego supieron de los catorce normalistas que habían escapado hacia las afueras de la ciudad.

Como a las 7 a.m., empezó a circular una fotografía en las redes sociales. La última vez que se había visto a Julio César Mondragón Fontes, un alumno de primero originario de la Ciudad de México  — lo cual era una rareza en Ayotzinapa — había sido como a media noche en la calle Álvarez. Estaba hablando con Juan Ramírez, otro alumno de primero, y estaba asustado. “Me comentaba pues que él, al siguiente día, se iba a ir a su casa me contó Ramírez, porque no quería arriesgar su vida. Él decía que pensaba en su familia, pues, en su esposa, su hija. Que es lo que le importaba más.” Momentos después, los tres sicarios enmascarados abrieron fuego. En la fotografía, la camisa roja de Mondragón Fontes está levantada hasta su pecho, exhibiendo moretones oscuros alrededor de su torso. Le desollaron la cara y las orejas. Le arrancaron los ojos. Sus amigos lo identificaron por la bufanda gris alrededor de su cuello.

Cuando los primeros reportes de Iguala empezaron a surgir, México supuestamente estaba viviendo su Momento. A dos años de iniciado su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto había promovido extensas reformas en educación y energía, y el arresto de Joaquín “el Chapo” Guzmán, el criminal más buscado de México. Las imágenes de violencia que definieron la anterior administración de Felipe Calderón habían dejado de dominar los diarios. La revista Time puso a Peña Nieto en la portada de su número de febrero de 2014, con el encabezado “Salvando a México”. Las noticias a mediados de septiembre de una masacre perpetrada por el ejército en Tlatlaya llevó al arresto de los soldados implicados, algo que no hubiera ocurrido bajo el gobierno de Calderón. Desde lejos, quizá parecía que México finalmente estaba saliendo de uno de sus periodos más oscuros.

Durante los últimos ocho años, en la llamada “guerra contra las drogas”, unos 100 mil mexicanos han sido asesinados y por lo menos 20 mil han desaparecido (las organizaciones de derechos humanos consideran que la cifra es mayor). Estos cálculos no incluyen las decenas de miles de migrantes de Centro y Sudamérica asesinados y desaparecidos en México durante el mismo periodo. La lista de masacres se ha vuelto tan común que desensibiliza. En septiembre de 2008, se encontraron 24 cuerpos botados cerca de un parque afuera de la Ciudad de México; diez estaban decapitados. En enero de 2010, sicarios irrumpieron en una fiesta en una casa y mataron a quince estudiantes de preparatoria y universitarios de Ciudad Juárez. En agosto de 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron hallados masacrados en una bodega de un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Ninguna de estas masacres condujo a protestas nacionales. Las movilizaciones después del asesinato en 2011 de siete personas en el estado de Morelos, entre ellos el hijo de un respetado poeta católico, dieron voz al dolor de la nación pero perdieron impulso después de que los intentos de negociar con el gobierno federal se estancaron.

La lógica oficialista de la guerra contra las drogas en México ha permitido que muchos acepten como algo normal los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, tortura y un aparato político que en muchas ocasiones no sólo permite que estos crímenes queden impunes sino que, en demasiados casos, los consiente. En un reporte de 2014, Amnistía Internacional documentó que el uso de tortura por parte del ejército y la policía mexicana es extenso y rutinario. De hecho, el concepto mismo de la corrupción en México ha quedado caduco: en la mayor parte del país, las fuerzas del estado y los “narcos” están plenamente integrados, y ninguno de los principales partidos políticos está exento. Como dicen en México: “La gota que derramó el vaso”. Para muchos, Iguala fue la gota que derramó el vaso. Destrozó la insistencia del gobierno en que en la guerra contra las drogas existe una clara distinción entre los buenos y los malos, entre la ley y la ilegalidad.

El 27 de septiembre, la policía estatal arrestó a los veintidós policías de Iguala que los estudiantes identificaron. El 30 de septiembre, el presidente municipal Abarca, su esposa y el jefe de policía se dieron a la fuga. El presidente Peña Nieto canceló un viaje que tenía programado a Guerrero, alegando condiciones climatológicas desfavorables pero también dando la impresión de que los asesinatos y las desapariciones no eran asunto suyo. Al respecto, le dijo a un reportero: “Espero que la autoridad de Guerrero asuma su propia responsabilidad”. El plan de búsqueda en la primera semana consistió en que la policía estatal llevaba a grupos de padres de familia por Iguala, y a veces se detenían frente a una casa y les sugerían que tocaran la puerta y preguntara si sus hijos estaban escondidos allí.

Luego, el 4 de octubre, el procurador estatal anunció el descubrimiento de cuatro fosas comunes en los cerros a las afueras de Iguala. La excavación inicial reveló un número indeterminado de restos humanos calcinados. El método que condujo a la policía estatal a las fosas clandestinas al parecer fue la tortura. “Apretaron a uno de ellos”, me contó un oficial, “y cantó.”

Al otro día, el procurador estatal declaró que un hombre detenido había confesado que él y otros miembros de un cartel habían asesinado, quemado y enterrado a los estudiantes en esas fosas. Para entonces, el gobierno federal se había hecho cargo de la investigación, ejerciendo su poder de asumir jurisdicción sobre los casos que involucren al crimen organizado, un reconocimiento tácito por parte de la administración de que las consecuencias políticas no podían seguirse ignorando.

Después del anuncio sobre las fosas comunes, el recién formado comité de padres dio una conferencia de prensa en Ayotzinapa e hizo un llamado al gobierno a cambiar su búsqueda. Decenas de hombres y mujeres angustiados estaban sentados en filas detrás de los tres familiares elegidos para hablar a nombre de todos. “Sabemos que el gobierno y sus policías fueron los que se los llevaron y saben donde están”, me dijo Manuel Martínez, uno de los representantes. “Lo único que puede parar esto es que se nos entreguen con vida a los 43 jóvenes.” Los padres anunciaron que un equipo independiente de antropólogos forenses argentinos los representaría en la investigación del gobierno.

En las siguientes semanas, los padres emprendieron una serie de fuertes protestas. Junto con los normalistas, bloquearon carreteras federales, marcharon por ciudades, rompieron vidrios e incendiaron el Congreso estatal de Guerrero y el Palacio de Gobierno. Cuando el análisis de ADN confirmó que los restos hallados en las fosas comunes no eran de los normalistas, las protestas se extendieron a ciudades por todo el país. El 23 de octubre, el gobernador Aguirre anunció su renuncia. Seis días después, los padres se reunieron con el presidente Peña Nieto y le dijeron que si no podía encontrar a sus hijos con vida, debería seguir el ejemplo de Aguirre.

Para noviembre, Iguala se había convertido en la peor crisis de la administración de Peña Nieto. Desde el inicio, su gobierno subestimó la profundidad de la ira suscitada por lo de Iguala y ahora trataba, a menudo de manera errática, de controlar los eventos. El 4 de noviembre, las autoridades federales arrestaron al ex alcalde Abarca y su esposa en la Ciudad de México (el jefe de policía sigue prófugo). Luego, el 7 de noviembre, el procurador general Jesús Murillo Karam dio una conferencia de prensa y anunció que el gobierno tenía confesiones grabadas en video de tres hombres que afirmaban ser miembros de los Guerreros Unidos.

Según Murillo Karam, la noche de los ataques la policía entregó a los normalistas a un grupo de narcos que los llevó al tiradero de basura a las afueras de Cocula, un pequeño pueblo a unos kilómetros de Iguala. Cuando los tres hombres llegaron al tiradero a cielo abierto, descubrieron que quince normalistas ya estaban muertos o inconscientes. Los hombres interrogaron a los demás normalistas, preguntándoles a qué habían venido a Iguala. “Dijeron que venían por la esposa de Abarca, nomás así dijeron”, afirmó uno de los hombres. Luego, según la versión oficial, los hombres mataron a los normalistas, echaron sus cuerpos al tiradero y quemaron los cuerpos, usando madera, llantas, gasolina y diesel para nutrir las flamas.

Después de quince horas, sólo quedaban fragmentos de hueso y cenizas. Los hombres echaron los restos en bolsas para basura y vaciaron todas menos dos en el cercano río San Juan. Esas dos bolsas, dijeron, las echaron cerradas. Murillo Karam explicó que agentes federales habían recuperado las dos bolsas con los fragmentos diminutos de hueso, que serían enviados al prestigioso laboratorio de ADN de la Universidad de Innsbruck en Austria. A 58 minutos de iniciada la conferencia de prensa, tras explicar las confesiones a los reporteros, Murillo Karam interrumpió la pregunta de un reportero, diciendo, “Ya me cansé”, y se marchó poco después.

Si el propósito de la conferencia de prensa era dar por terminado el caso y reducir las protestas, tuvo el efecto contrario. Las palabras de Murillo Karam pronto se volvieron virales, convertidas en objeto de burla en las redes sociales. En pocas horas los usuarios de Twitter estaban siguiendo el hashtag #YaMeCanse. Algunas respuestas populares fueron: “Si ya te cansaste, vete”, “Ya me cansé del miedo”, y “Ya me cansé de los políticos”.

La versión de Murillo Karam generó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo pudieron tres hombres someter a 43 jóvenes activistas? ¿Cómo pudieron quemar 43 cuerpos en la lluvia? ¿Por qué en el tiradero no se encontraron rastros de fibras de acero de las llantas que los asesinos afirman haber usado en el fuego? ¿Por qué los asesinos habrían de vaciar cuidadosamente seis bolsas de cenizas humanas al río pero echar las otras dos cerradas? ¿Cómo es posible que los estudiantes les dijeran a los hombres que iban a protestar contra la esposa del presidente municipal, cuando eso nunca fue parte de la actividad de esa noche? Más preocupante, ¿por qué el gobierno no presentó las confesiones grabadas en video de los veintidós policías identificados por los normalistas como sus atacantes? ¿Por qué el gobierno no ha dado a conocer las transcripciones de los radios policiales y celulares, incluyendo los de Abarca y Pineda, de aquella noche?

Para muchos observadores, la versión del gobierno parecía demasiado fácil. La versión de Murillo Karam se enfocaba tanto en los tres presuntos sicarios que Abarca, Pineda y la policía quedaban desdibujados. Las contradicciones y anomalías en la versión oficial de los hechos alimentaron temores bien fundados de que al gobierno federal le interesaba más el encubrimiento que una investigación rigurosa.

Esa investigación tendría que atender los numerosos reportes de que la propia policía de Iguala constituía una banda del crimen organizado. De acuerdo con un periodista de la localidad, “La fachada es la policía municipal. Pero es una fachada. No son policías municipales”. Son narcos que usan uniformes de la policía, armamento de la policía y patrullas de la policía. Se llaman ‘los Bélicos’. Son policías que están dentro de la policía municipal”. Según un funcionario de la ciudad, “Los famosos Bélicos. Son los que maneja el hermano [de Pineda]. Son policías con patrullas y todo, pero operan en las noches con capuchas, parando gente. Les daban una hora para juntar $10 mil pesos, y si no…”. Una investigación examinaría cómo Iguala se había convertido en un “narcomunicipio”, en palabras de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Una investigación preguntaría cómo podía operar ese narcomunicipio, teniendo una base militar en la misma ciudad.

Al día siguiente de la conferencia de prensa, los padres miraban desde la otra acera mientras normalistas de Ayotzinapa apedrearon las ventanas que quedaban del Congreso estatal de Guerrero y llevaron camionetas hasta las escaleras de entrada y les prendieron fuego. Poco después, padres y normalistas partieron en tres caravanas, recorriendo el país en busca de apoyo. El 20 de noviembre, en el 104º aniversario de la Revolución mexicana, las caravanas convergieron en la Ciudad de México y llevaron a decenas de miles de personas al Zócalo, el corazón simbólico de la nación.

En los días previos y posteriores a la marcha, adondequiera que uno volteara, allí estaba Ayotzinapa: en las primeras planas de los diarios y las portadas de las revistas, en los programas de radio, en las conversaciones oídas al pasar, en el arte de grafiti y esténcil. En la estilosa colonia Roma había un altar de velas y carteles exigiendo justicia para los 43. En la popular colonia Obrera, en un muro blanco, letras rojas de un metro y medio declaraban: “Ayotzinapa: fue el Estado”. El diario deportivo Récord sacó una primera plana en negro con el encabezado: “#INDIGNACIÓN: México está harto. México está de luto”. Figuras tan diversas como el Papa Francisco, el futbolista estrella Chicharito, y la banda ganadora del Grammy, Calle 13 han dado declaraciones en apoyo a las familias y los normalistas. Un domingo temprano, unos 700 corredores organizaron una carrera espontánea a lo largo de la avenida Reforma; todos llevaban el número 043.

El 6 de diciembre, el laboratorio austriaco confirmó que la identidad de uno de los fragmentos óseos correspondía a un estudiante de 19 años llamado Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos. En conferencia de prensa, Murillo Karam resumió la investigación del gobierno, diciendo que habían arrestado a 80 sospechosos, entre ellos Abarca, Pineda y más de 40 policías municipales. “Esta prueba científica”, dijo, “confirma que los restos encontrados en una de las escenas coinciden con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó de la vida al grupo de personas”.

Las palabras de Murillo Karam confirmaron los peores temores de muchos observadores: el gobierno estaba haciendo todo lo posible por cerrar el caso. El equipo de forenses argentinos que había estado trabajando en conjunto con el gobierno, rápidamente se distanció de la versión de Murillo Karam. “Por el momento”, dijo en un comunicado de prensa del 7 de diciembre, “no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de PGR [Procuraduría General de la República]… correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados por PGR”.

Lo que significó que a once semanas de los ataques, los padres de familia contaban con poca más información sobre sus hijos, de la que les dieron en los días siguientes a las desapariciones. Esto es lo que sabían. Esto es lo que sabemos. La policía, auxiliada por sicarios, mató a tres personas, hirió a más de 20, y desapareció a 43. Tres sicarios enmascarados vestidos de civil volvieron a la escena de uno de los ataques y mataron a dos estudiantes e hirieron a otros más. Alguien asesinó y mutiló a Julio César Mondragón Fontes. Alguien asesinó y quemó a Alexander Mora Venancio. El ejército sacó por la fuerza a estudiantes heridos de una clínica privada pero más allá de eso no intervino. Todo lo demás sobre lo que pasó con los normalistas después de que se los llevó la policía es rumor, especulación o está basado en confesiones dudosas.

En respuesta a la declaración de Murillo Karam, los padres de familia advirtieron sobre mayores protestas. Muchos vieron la noticia durante una marcha en la Ciudad de México, e hicieron el anuncio parados ante el colosal Monumento a la Revolución. Felipe de la Cruz, uno de los padres de familia, le dijo a la multitud, “No nos vamos a sentar a llorar, vamos a seguir luchando por la presentación con vida de los otros 42.”

Para entonces esta exigencia  — esta exigencia desgarradora e irreprochable —  había llegado a representar no sólo a los hijos desaparecidos de Ayotzinapa, sino el profundo anhelo de encontrar a México mismo y sacarlo de todo el horror.


John Gibler, basado en México desde 2006, es autor de Morir en México y Tzompaxtle: La fuga de un guerrillero.Clay Rodery es egresado del Art Institute of Chicago. Vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York.

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