Tlachinollan: 20 años por los derechos humanos

20 ANhOS TLACHI 2

http://www.tlachinollan.org

Con esa mirada puesta en el porvenir de la justicia para los de abajo y contagiados por el ímpetu de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, que siempre están en pie de lucha para enfrentar las calamidades y resistir los vituperios y atracos de los sátrapas del poder, prorrumpió en nuestra aletargada vida el clamor de los olvidados y excluidas. El contacto directo con realidades tan injustas y dolorosas marcó nuestro derrotero en esta región inhóspita. Nos atrapó el sentido de hermandad y solidaridad que prevalece en las comunidades por encima de tanta precariedad. La población indígena, con su trato sencillo y hospitalario, nos fue despojando de la visión etnocéntrica, individualista y sobrada a la que el consumismo banal y la ambición desmedida de la crasa ganancia, nos quisieron aprisionar.

Ver bajar a la gente de la Montaña que no domina el español con sus tecolpetes cargados de frutas, carbón, gallinas, huevos y diferentes tipos de artesanías de barro, palma y textiles y constatar cómo la población mestiza con su aire de superioridad les arrebataba sus productos pagándoles una bicoca, no representaba una mera remembranza de la época colonial, sino de situaciones contemporáneas inhumanas que los mismos gobernantes alientan con su trato despótico y racista. Ser testigos del bandolerismo de los policías judiciales que por costumbre atracan a la población indígena en las entradas de Tlapa, sigue siendo el terror cotidiano de los pobres de la Montaña. Lo inadmisible son las brutales formas que aplican las corporaciones policiacas y el mismo ejército para entrar a las casas sin orden de cateo; para someter, torturar y bajar amarrados a los indígenas.

Ver como algo natural el trato discriminatorio de la población indígena y su vejación permanente por parte de quienes ostentan los cargos públicos, así como acostumbrarnos a pagar a los encargados de investigar los delitos para que cumplan con sus responsabilidades y tener que darles dinero a los policías ministeriales para que ejecuten las órdenes de aprehensión, fueron señales que generaron preocupación e inquietud, pero al mismo tiempo incubaron la idea de trabajar desde las trincheras de la sociedad civil organizada en la lucha por los derechos humanos.

Fue una decisión difícil en pleno auge caciquil y en medio de la revuelta zapatista. Defender los derechos humanos en un ambiente hostil y violento como ha sido desde sus orígenes el estado de Guerrero, era desafiar a los grupos de poder acostumbrados a gobernar con la ley del fusil. Asumir una postura independiente y adversa de lo que hacen y dicen los jefes políticos, era ganarse enemigos gratis entre todos sus incondicionales y quedar a merced de los especialistas en hacer el trabajo sucio.

La matanza de Aguas Blancas y la Masacre de El Charco fueron las señales funestas de lo que son capaces los gobiernos ante las protestas de los campesinos y ante los movimientos levantiscos, sin que sus acciones violentas tengan consecuencias jurídicas ni penales, mas bien, se trata de demostraciones de poder que fortalecen la figura del gobernante represor y extiende su fama, al grado que tienen gran influencia al interior de los grupos de poder y dentro de las elites que gobiernan. El imperio de la impunidad se mantiene intacto en nuestra entidad, las mismas estadísticas del oprobio nos colocan como una de las entidades más violentas del país. Esta ignominia no preocupa ni arredra a las autoridades, por el contrario, es su forma excelsa de gobernar, tal como lo constatamos con los asesinatos de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis, dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que fueron masacrados por policías ministeriales y federales, cuando protestaban en la autopista del sol el 12 de diciembre de 2011, por demandar una audiencia con el gobernador.

Los asesinatos de periodistas, luchadores sociales y defensores comunitarios nos develan un patrón de aniquilamiento que se mantiene incólume desde la época de la guerra sucia, que se reactivó con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) el 28 de junio de 1996 y con la masacre de El Charco, donde hizo su aparición el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) el 7 de junio de 1998. En estos casos de violencia extrema, las fuerzas militares y policiacas tuvieron el respaldo de las autoridades civiles para perseguir a los líderes más combativos, encarcelarlos y hasta asesinarlos. Este manto de impunidad alienta los perpetradores a seguir atentando contra la vida de activistas sociales que son vilipendiados por las mismas autoridades para que sean blanco fácil de cualquier agresión.

Frente a la venalidad de las autoridades guerrerenses y en medio de la guerra contra los grupos insurgentes, la creación del centro de derechos humanos como un espacio independiente, causó resquemor entre la clase política vetusta, acostumbrada al lisonjeo y control de los diferentes sectores de la sociedad. Un grupo de compañeros y compañeras decidimos organizarnos en un proyecto civil para denunciar los abusos y sumar nuestros esfuerzos a quienes en eses entonces luchaban por generar en Guerrero un cambio social que en lógica democrática redundara en beneficio de las mayorías excluidas. Queríamos dar respuesta a realidades que nos indignaban; realidades como la pobreza generalizada en la Montaña, donde los niños y niñas mueren por enfermedades fácilmente tratables en la ciudad; realidades como los abusos del sistema de justicia, cuyas deficiencias afectan especialmente a las personas más pobres, y entre éstas, a las personas que no hablan el español; realidades como los reiterados y cruentos abusos de los militares contra las poblaciones indígenas.

En medio de nuestra fragilidad institucional y con nuestras limitaciones personales empezamos a documentar el sufrimiento; los casos de tortura, las detenciones arbitrarias, las masacres, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales; los numerosos casos de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda o a la alimentación. Pero también comenzamos a aprender que la impotente quietud de los resignados no tiene cabida en el corazón de las y los defensores de derechos humanos, al ver cómo personas y comunidades que habían vivido profundas experiencias de dolor, mantenían viva su exigencia de justicia en las más adversas condiciones.

Fue así, de un modo más intuitivo que pensado, más desde lo profundo de nuestros sentimientos que de la lógica de la razón, que encaminamos nuestro esfuerzo bajo dos palabras que para nosotros siguen evocando la justicia:”derechos humanos”. En nuestro trabajo invocábamos esas palabras con devoción. Pero corría el año de 1994 y hablarle de “derechos humanos” al alcalde y al gobernador; al ministerio público y al juez; a la policía preventiva y ministerial, generaba una respuesta que oscilaba entre la burla y el desdén, cuando no el amedrentamiento y las ganas de agredirnos.

Nos inspiraron con su ejemplo los grandes hombres y mujeres de Guerrero que por siglos han defendido sus territorios y se han organizado para enfrentar a los gobiernos usurpadores. Hay en la memoria colectiva un cumulo de experiencias relacionadas con la defensa de sus derechos como pueblos, que son como el reservorio intangible de su fuerza y combatividad para resistir. Más allá de dominar la técnica jurídica y de conocer los recursos legales que pueden interponer ante las diferentes instancias de gobierno, los pueblos se levantan para increpar al poder, para oponerse a decisiones que atentan contra su voluntad y su patrimonio. Tienen la calidad moral para desenmascarar las tropelías y los intereses mezquinos y turbios de los gobernantes. Esta fuerza de la colectividad siempre ha sido la fuente que nos impregna de fuerza y de sabiduría para acompañar las luchas y para estar en el lugar donde la gente pide que estemos.

Día a día durante estas dos décadas han llegado a Tlachinollan personas y comunidades que padecen el sistema de justicia.Policías judiciales, ministerios públicos y jueces, fungen como eslabones de una cadena de abusos y tropelías, donde los derechos humanos brillan por su ausencia.

Esta realidad cotidiana ha encontrado su más grave expresión en los casos de presos y presas que Tlachinollan ha defendido a lo largo de estos años. Hace una década defendimos a Felipe Arrega, preso de conciencia, defensor del medio ambiente, acusado injustamente por los caciques de la sierra de Petatlán de ser el autor material de un homicidio. Así también sucedió con Raúl Hernández, miembro de la OPIM, declarado por Amnistía Internacional como preso de conciencia, acusado también de cometer un homicidio y declarado inocente en agosto de 2010. Lo mismo sucedió con Maximino García Catarino, defensor del pueblo Na savi encarcelado por homicidio y liberado en Marzo de 2012. Hoy se repite la historia con Marco Antonio Suástegui, defensor del río Papagayo y dirigente del CECOP, acusado de cometer varios delitos. Lo más grave de su caso es que aparte de la consigna política de castigarlo como delincuente peligroso, lo trasladaron a un penal de alta seguridad en Tepic Nayarit, para violentar su derecho a que tenga una defensa adecuada y a que tenga la posibilidad de comunicarse con su familia.

Esta lucha ejemplar de hombres y mujeres ejemplares es lo que nutre el trabajo y la entrega diaria del equipo de Tlachinollan. Nos alienta la fuerza inquebrantable de Inés y Valentina que después de doce años de sufrir el escarnio, las amenazas y la persecución de sus verdugos, lograron coronar sus esfuerzos a lograr dos sentencias a su favor contra el Estado Mexicano y lograr que se procesen en la justicia civil a los responsables de las violaciones sexuales.

En medio de estos destellos de justicia y esperanza este viernes 25 de julio realizaremos un foro denominado “Desde el corazón comunitario de las resistencias”, donde participarán miembros de comunidades que luchan en defensa de sus territorios, contra las mineras, las mega presas y en defensa de sus sistemas normativos. El día 26 compartirán su experiencia las autoridades del consejo de comunidades de la Montaña que luchan para que pare la inequidad y llueva maíz en la Montaña y presentaremos nuestro XX informe: Montaña de Guerrero: destellos de justicia y esperanza. Los esperamos en el corazón de la Montaña.

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