RECUPERACIÓN DE TIERRAS

Foto: LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS<br /><br /><br /><br /><br /><br />
por Domingo Namuncura</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Largo y doloroso es el caminar de los pueblos indígenas en la historia de Chile. Derrotados por una “pacificación” violenta; incomprendidos, marginados, discriminados y excluidos. Desde los inicios de la conquista y de la colonia fueron despojados de casi todo, menos de su orgullo e identidad. El hecho de estar constituidos como pueblo-nación permitió a los mapuches en particular, sobrevivir a dos siglos de oprobio y hoy emergen como actores centrales en la lucha por el reconocimiento de sus derechos conculcados. Sus demandas cuentan con el respaldo de miles de chilenos.</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Hablemos entonces de sus tierras ancestrales. Ellos vivían acá desde antes de la instalación del Estado, pero sus derechos de propiedad nunca fueron reconocidos. De hecho, el Estado “pacificó” violentamente el sur con la convicción  de que las tierras no tenían dueño. Fueron entregadas en gran parte a familias de colonos que se asentaron y escasamente tuvieron una política de buena vecindad con las reducciones. En la dictadura, las pocas tierras disponibles en manos de comunidades indígenas fueron sometidas al Decreto 2.568 y los mapuche perdieron miles de hectáreas.</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>En 1989 se firmó el Pacto de Nueva Imperial. En 1993 se aprobó la Ley Indígena 19.253 y se creó la Conadi. El Estado destinó recursos financieros y se dio inicio a un lento y complejo proceso de compras de tierras, subsidios de tierras y transferencia de terrenos fiscales. Chile entregó en democracia un poco más de 650 mil hectáreas a los indígenas (1994-2013); hoy se requiere construir un acuerdo para establecer un horizonte de recuperaciones que permita avanzar en los compromisos contraídos y estatuir nuevas formas de propiedad y gestión en las Areas de Desarrollo Indígena (11 hasta ahora desde 1997), además de incorporar nuevos terrenos y ampliar las transferencias de propiedades fiscales. A esto se debe sumar la necesaria regularización fiscal de títulos que consagre la propiedad definitiva de tierras indígenas.</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Hay gente (conservadora) que se queja de esto. Dicen que es una pérdida de dinero entregar tierras a los indígenas porque no las producen (de acuerdo a sus categorías comerciales), pero nada dicen de muchos campos que parecen parcelas de agrado y que colindan con comunidades cuyas familias deben sobrevivir en menos de una hectárea. Entonces tenemos una asimetría: dueños de campos improductivos y familias indígenas sin tierras para vivir con dignidad. ¿Cómo se resuelve? Con una decisión política que debiera nacer de un acuerdo. </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Nueva Zelandia hizo lo suyo con el pueblo Maorí después de muchas décadas de conflicto. Canadá acaba de dar una gran señal internacional. ¿Por qué no Chile? Están todas las condiciones para construir paz social, devolviendo a los indígenas sus derechos territoriales. Hoy, el escenario político permite avanzar en ello. Se requiere voluntad política para entender que atrasar o dilatar estas decisiones es contrario a la idea de una paz social fundada en el reconocimiento justo de derechos.por Domingo Namuncura.- Largo y doloroso es el caminar de los pueblos indígenas en la historia de Chile. Derrotados por una “pacificación” violenta; incomprendidos, marginados, discriminados y excluidos. Desde los inicios de la conquista y de la colonia fueron despojados de casi todo, menos de su orgullo e identidad. El hecho de estar constituidos como pueblo-nación permitió a los mapuches en particular, sobrevivir a dos siglos de oprobio y hoy emergen como actores centrales en la lucha por el reconocimiento de sus derechos conculcados.

Sus demandas cuentan con el respaldo de miles de chilenos.Hablemos entonces de sus tierras ancestrales. Ellos vivían acá desde antes de la instalación del Estado, pero sus derechos de propiedad nunca fueron reconocidos. De hecho, el Estado “pacificó” violentamente el sur con la convicción de que las tierras no tenían dueño. Fueron entregadas en gran parte a familias de colonos que se asentaron y escasamente tuvieron una política de buena vecindad con las reducciones. En la dictadura, las pocas tierras disponibles en manos de comunidades indígenas fueron sometidas al Decreto 2.568 y los mapuche perdieron miles de hectáreas.En 1989 se firmó el Pacto de Nueva Imperial. En 1993 se aprobó la Ley Indígena 19.253 y se creó la Conadi. El Estado destinó recursos financieros y se dio inicio a un lento y complejo proceso de compras de tierras, subsidios de tierras y transferencia de terrenos fiscales. Chile entregó en democracia un poco más de 650 mil hectáreas a los indígenas (1994-2013); hoy se requiere construir un acuerdo para establecer un horizonte de recuperaciones que permita avanzar en los compromisos contraídos y estatuir nuevas formas de propiedad y gestión en las Areas de Desarrollo Indígena (11 hasta ahora desde 1997), además de incorporar nuevos terrenos y ampliar las transferencias de propiedades fiscales. A esto se debe sumar la necesaria regularización fiscal de títulos que consagre la propiedad definitiva de tierras indígenas.Hay gente (conservadora) que se queja de esto. Dicen que es una pérdida de dinero entregar tierras a los indígenas porque no las producen (de acuerdo a sus categorías comerciales), pero nada dicen de muchos campos que parecen parcelas de agrado y que colindan con comunidades cuyas familias deben sobrevivir en menos de una hectárea. Entonces tenemos una asimetría: dueños de campos improductivos y familias indígenas sin tierras para vivir con dignidad. ¿Cómo se resuelve? Con una decisión política que debiera nacer de un acuerdo.Nueva Zelandia hizo lo suyo con el pueblo Maorí después de muchas décadas de conflicto. Canadá acaba de dar una gran señal internacional. ¿Por qué no Chile? Están todas las condiciones para construir paz social, devolviendo a los indígenas sus derechos territoriales. Hoy, el escenario político permite avanzar en ello. Se requiere voluntad política para entender que atrasar o dilatar estas decisiones es contrario a la idea de una paz social fundada en el reconocimiento justo de derechos.

 

 

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