La lucha del Frente de Pueblos contra el Proyecto Integral Morelos

Agencia Subversiones.-. En el siguiente artículo las y los protagonistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala explican su lucha contra el PIM y de qué modo los gobiernos estatales de los tres partidos políticos han encarcelado a los opositores del megaproyecto.

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El pasado 27 de mayo seis tanquetas militares y cuatro camionetas de la Policía estatal y Federal incursionaron en las poblaciones de San Juan Amecac, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, Puebla, para resguardar los trabajos de la empresa italiana a cargo del Proyecto Integral Morelos (PIM) que pretende construir dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto, engañando a las comunidades para despojarlas de sus recursos vitales.

En el siguiente artículo las y los protagonistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala explican su lucha contra el PIM y de qué modo los gobiernos estatales de los tres partidos políticos han encarcelado a los opositores del megaproyecto. Continúan presos, con graves irregularidades jurídicas: Enedina Rosas, comisariada ejidal de la comunidad de San Felipe, Xonacayucan, Atlixco; Juan Carlos Flores, vocero del FPDTAMPT remitido al Cereso de Cholula; y Abraham Cordero de San Andrés Texmelucan, presidente del Frente Campesino de Ejidatarios.

Texto: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala.
Fotos: Equipo Huexca, Lucero Mendizábal y cortesía del Frente de Pueblos.

Durante décadas los pueblos del volcán Popocatépetl hemos combatido la codicia y la ambición de los poderosos. Los campesinos de estas tierras hemos resistido durante generaciones la constante agresión hacia nuestras formas de organización, historia y cultura. Y así, como hace tiempo, hoy nos vemos enfrentados y luchando nuevamente contra los megaproyectos promovidos por el neoliberalismo y su dinero, pero también contra los gobiernos que fomentan sus intereses.

Uno de ellos es el Proyecto Integral Morelos (PIM), dirigido desde finales de los años 90 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho proyecto está conformado por una serie de etapas de construcción que se distribuyen lo largo de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Estas etapas son:

  1. La construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 mw cada una, las cuales consumirán agua y gas natural para producir energía. Estas pretenden ser ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, y están concesionadas a la empresa ABENGOA de origen español;
  2. Otra etapa del PIM la conforma la construcción de un gasoducto de aproximados 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, este gasoducto está concesionado a las empresas españolas ELECNOR y ANAGAS y a la empresa italiana BONATTI;
  3. La construcción de una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec;
  4. Por último, un acueducto de 20 pulgadas de diámetro que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y que su trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 km. En total la inversión que plantea el gobierno y la industria privada para dichas acciones oscila entre los mil 600 millones de dólares.
Desarrollo como despojo

A lo largo de su promoción, los gobiernos estatales encabezados por Rafael Moreno Valle del PAN en Puebla, Graco Ramírez del PRD en Morelos y por Mariano González del PRI en Tlaxcala, se han encargado de difundir, a través de operadores e instituciones (CFE, SEMARNAT, diputados, senadores, presidentes municipales, entre otros), la idea de que el progreso y el desarrollo llegará a nuestros pueblos si aceptamos el proyecto. De que a cambio de vender la tierra va haber más despensas, carreteras, escuelas, alumbrado público, proyectos productivos y programas.

La CFE plantea un contrato de “renta” que va de 25 a 30 años, pagando de 150 a 300 pesos el metro cuadrado. Este contrato comprende el uso de 10 metros de ancho para la instalación del ducto –el largo depende de la extensión que ocupe el gasoducto en el terreno afectado. Lo que no dice la CFE es que en realidad se trata de un contrato de compraventa que no sólo abarca los 10 metros de ancho, pues la propia normatividad de la paraestatal establece un paso de servidumbre que comprende un total de 15 metros por cada lado. Además, la reglamentación de “seguridad” impide sembrar y construir a no menos de 30 y 500 metros respectivamente de cada lado del ducto.

La CFE no toma en cuenta a la población y se presenta como una industria de desarrollo y progreso, pero nosotros sabemos que este tipo de progreso y desarrollo es el que desde siempre han prometido y del que solo somos parte al momento de perder la tierra y la seguridad de nuestras familias. El desarrollo que plantean es el sinónimo del despojo y la explotación de nuestro trabajo y nuestra gente.

A pesar de la oposición de las comunidades, los gobiernos estatales de los tres partidos políticos pretenden avanzar con el Megaproyecto.  Foto: Lucero Mendizábal

Organización desde abajo

Ante esta situación, las comunidades hemos respondido con organización y trabajo: mediante asambleas comunitarias donde se discuten los riesgos y problemas que provocaría dicho proyecto, los pueblos se pronuncian en contra del PIM. Los ejemplos de las comunidades de Jantetelco, Amilcingo, Huexca, Nealtican, Calpan, Juan C. Bonilla, Atlixco, Texoloc, Teacalco, entre otras, dan cuenta de dicha organización.

Además, a través de la construcción de medios de comunicación autónomos como las radios comunitarias, campañas informativas de concientización a través del arte, la cultura y la historia es como se fortalece la conciencia de los pueblos sobre la importancia de la tierra y la unidad del trabajo organizado.

Pero cuando el gobierno ve que su mentira no funciona comienza una serie de acciones que tienen como objetivo principal provocar la desorganización del trabajo colectivo. Comienza con la compra de conciencias, la división en los pueblos, el hostigamiento y el encarcelamiento de nuestros compañeros.

Cooptación y encarcelamientos

En noviembre de 2012, en la comunidad de Jantetelco, Morelos, cuando cientos de compañeros exigían el respeto a su voz y a su decisión en contra de la construcción de las termoeléctricas, el gobierno de Graco Ramírez respondió con la fuerza pública y encarceló a los compañeros Jaime Domínguez de 53 años, Carmelo de la Torre de 57 años, Fidel de 70 años y al compañero Urbano de 58 años. Gracias al trabajo organizado de la comunidad y la presión de los pueblos, los compañeros lograron su libertad días después.

El 19 de septiembre de 2013, en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuatla, cuando se esperaba el diálogo con los representantes del gobierno estatal y los promotores del acueducto, el gobierno respondió una vez más con la violencia. En su lugar, llegaron alrededor de 50 policías estatales, los cuales, agredieron físicamente a las y los compañeros que se manifestaban en su contra. El resultado de dicha acción fue la detención del compañero Jaime Domínguez, una detención completamente fuera del marco jurídico. El compañero fue puesto en libertad días después, pues los argumentos que le imputaban carecían de  fundamento.

Las agresiones continúan. Hoy en día el derecho a defender la tierra se vuelve un delito para los intereses del gobierno y el sistema neoliberal. En el estado de Puebla, el día 6 de abril de 2014, el gobierno de Rafael Moreno Valle encarceló a la compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos – Puebla –Tlaxcala (FPDTAMPT) Enedina Rosas, que también fungía como comisariada ejidal de la comunidad de San Felipe, Xonacayucan, Atlixco, por el hecho de pronunciar la voz de los ejidatarios en contra de la construcción del gasoducto.

Un día después, el 7 de abril, al interponer una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, contra de la detención ilegal de la compañera, un grupo de sujetos armados y sin identificación alguna, detienen al compañero Juan Carlos Flores, vocero del Frente de Pueblos, y lo remiten al CERESO de Cholula.

Juan Carlos Flores, vocero Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos – Puebla –Tlaxcala (FPDTAMPT), preso en el Cereso de Cholula.

Al día siguiente en el municipio de San Martín, Abraham Cordero opositor al Arco Poniente y al gasoducto y presidente del Frente Campesino de Ejidatarios, fue aprehendido por cuatro sujetos cuando viajaba a la ciudad de Puebla con su esposa. Todos ellos detenidos de manera ilegal y sentenciados por oponerse a la construcción del Proyecto Integral Morelos y a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía internacional, a través de sus comisionados, se han pronunciado en favor de la justicia y de que los casos de los compañeros sean revisados, el gobierno se cierra al diálogo y hace caso omiso del tema.

No conformes con esto, el día 11 de abril de 2014, un grupo de paramilitares armados y vestidos como campesinos irrumpieron en el domicilio del Dr. Ricardo Pérez Avilés, maestro e investigador de la Facultad de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH-BUAP). Este grupo de individuos amenazó a su familia y sentenció su posición como investigador activo y crítico de los Megaproyectos impuestos en suelos poblanos. Días después, alumnos allegados a él y a su posición académica anticapitalista, fueron hostigados y amedrentados vía física y telefónica. A todo esto, se unen los innumerables casos de hostigamiento y amenazas de las que son objeto otros compañeros y de los que los medios no han informado, pero de los que sabemos existen y son constantes.

Lo que nosotros observamos, es que el Estado no solo está criminalizando el derecho a defender el territorio, sino también, el conocimiento académico que surge de las universidades para los pueblos. Ante esto, las comunidades, los estudiantes y los académicos seguimos trabajando organizadamente por la liberación de nuestros compañeros y por la defensa de nuestro territorio. Seguimos en la firme idea de que la tierra es nuestro patrimonio histórico y el derecho universal de todos los que habitamos este mundo.

Sabemos que esta agresión sistemática responde a la falta de recursos políticos y argumentos sociales y ambientales por parte de los gobiernos para sostener un proyecto que desde el inicio es inviable. Es por eso que recurren a la persecución, a la invasión de paramilitares y militares en nuestros pueblos.

Tal como sucedió el pasado 27 de mayo en las comunidades de San Juan Amecac, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, en donde la presencia de 6 tanquetas militares y 4 camionetas de la Policía Estatal y Federal se utilizó para el resguardo de al menos 15 máquinas de la empresa italiana BONATTI y de sus ingenieros. En dichas comunidades no se ha otorgado ningún tipo de permiso para la instalación del gasoducto, porque sabemos de la peligrosidad y el riesgo que implica el PIM, es así como el gobierno impone sus ideas a través de la fuerza y la intimidación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos hechos muestra la necedad de un gobierno que se niega al diálogo porque sabe que no hay ningún tipo de sustento que defienda su proyecto. No les interesa que el gasoducto vaya a pasar por las faldas del volcán Popocatépetl y por zonas de alto riesgo volcánico, ni que el acueducto y las termoeléctricas se consuman el agua que sus propios hijos van a necesitar, ni mucho menos que todas estas tierras campesinas se vuelvan una industria de contaminación y pobreza, y no les interesa porque estos gobiernos no conocen otra forma de relacionarse con el mundo que no sea la del dinero.

Pero nosotros le decimos a ELECNOR, ABENGOA, ANAGAS, BONATTI, a los malos gobiernos y al sistema que los domina: que se enfrentan contra pueblos organizados, que sabemos que su ambición es tan grande como el miedo que nos tienen. Que seguiremos trabajando y luchando por el derecho a la libertad y a la tierra. Que confiamos en el trabajo y la rebeldía del pueblo mexicano, porque sabemos que juntos lograremos vencer la codicia del dinero.

Le decimos a los malos gobiernos que en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala no nos vendemos, no nos rendimos, ni damos marcha atrás y que seguimos construyendo otras formas de organización para defender y conservar lo que por derecho nos pertenece y corresponde, que la tierra como principio fundamental del trabajo y libertad de nuestros pueblos ha sido y será el motivo por el cual se luche contra todo aquél que atente contra ella.

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡CESE A LA REPRESIÓN EN NUESTRAS COMUNIDADES!

¡FUERA EL EJÉRCITO DE LA ZONA AFECTADA POR EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS!

¡NO AL GASODUCTO!

¡NO AL ACUEDUCTO!

¡NO A LA TERMOELÉCTRICA!

 

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