El gobierno de Chiapas utiliza las detenciones selectivas y racistas para la negociación política.

Foto: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/140530_boletin_18_detencion_arbitraria.pdf<br />
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México;<br />
a 30 de mayo de 2014<br />
Boletín No. 18<br />
Privación Arbitraria de la Libertad a indígenas y Defensor de Derechos Humanos<br />
perpetrada por el gobierno de Chiapas<br />
• El gobierno de Chiapas utiliza las detenciones selectivas y racistas para la negociación política.<br />
• La PGJE obstruye la defensa de derechos humanos y violenta el debido proceso de los detenidos.<br />
• Funcionarios del Gobierno del estado de Chiapas traicionan diálogo y condicionan liberaciones.</p>
<p>El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) manifiesta su repudio por las detenciones arbitrarias y discriminatorias hacia el señor Mario Marcelino Ruíz Mendoza (Mario), indígena tseltal, defensor de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz) y por los más de 20 indígenas que acompañaba, representantes de la Comisión de Diálogo que son líderes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y dirigencia de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Democrática e Independiente (ARICC-UUDI).</p>
<p>Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, la detención sucedió el día de ayer 29 de mayo, aproximadamente a las 17.00 hrs., en las puertas del palacio de gobierno del estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; la detención fue realizada por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), que con una acción selectiva y racista detuvieron a solo personas indígenas de la Comisión Negociadora, sin mostrarles ordenes de aprehensión, ni explicación alguna de la situación.</p>
<p>Las privación arbitraria de la libertad, acciones de desprecio, hostigamiento y discriminación hacia los integrantes de la Comisión se da en el contexto de ante sala de reuniones con el gobierno de Chiapas para dialogar sobre la situación de los pueblos que pretenden desalojar en Montes Azules.</p>
<p>Es importante mencionar que Mario Ruiz acompañaba en calidad de observador a la Comisión de indígenas y campesinos para iniciar los trabajos en una mesa de negociación acordada con anterioridad con el gobierno del estado de Chiapas. Junto con el defensor de derechos humanos fueron detenidos más de 20 personas integrantes de esta comisión, todos indígenas y con cargos de representación comunitaria y de base nombrados por sus comunidades y organizaciones.</p>
<p>Según información recabada, Mario Ruiz fue sometido a un interrogatorio agresivo y discriminatorio perpetrado por elementos de la PGJE violando en todo momento sus derechos humanos al no contar con un abogado, incomunicándolo al no permitirle llamada alguna, nunca se le menciono las causas de su detención y fue cuestionado por realizar sus actividades como Defensor en Serapaz-Chiapas.</p>
<p>Tras la detención de Mario, la intervención inmediata de su organización y la solidaridad de diversas organizaciones obligó al gobierno de Chiapas a dejarlo en libertad alrededor de las 20:00 horas abandonándolo en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a las afueras del palacio de gobierno, mientras que los integrantes de la Comisión de Diálogo continúan detenidos sin saber, hasta el momento, con certeza el lugar y condiciones en las que se encuentran.</p>
<p>Al conocer de los hechos, integrantes de este Centro de Derechos Humanos acudimos a las instalaciones de la PGJE para documentar las condiciones de la detención así como probables daños a la integridad psicológica y física de las personas Privadas Arbitrariamente de la Libertad; sin embargo, cuando pretendimos hacer nuestro trabajo personal del PGJE nos negó la entrada, afirmando categóricamente que los detenidos NO se encontraban en el lugar, después de insistir nos dejaron entrar para conducirnos a unas celdas de detención preventiva que estaban vacías. No obstante, por fuentes de información confiable, nos enteramos que las personas detenidas se encontraban hacinados en cuartos donde servidores y funcionarios de la PGJE realizan prácticas de hostigamiento, intimidación y tortura con el fin de forzar “acuerdos políticos” para su liberación.</p>
<p>Una vez más confirmamos con estas acciones que, el gobernador Manuel Velasco Coello y el Secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, ante su incapacidad política de gobernar y resolver las demandas sociales y políticas que hay en diferentes municipios y regiones de Chiapas, optan por encarcelar, reprimir y someter a proceso penal a líderes de organizaciones y comunidades que se les cita falsamente a dialogar.</p>
<p>Al Gobierno de Chiapas le recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido muy clara al declarar que:<br />
La protesta y movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos. Añadiendo: la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen derecho a manifestar su opinión. </p>
<p>Por su parte la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH - México), en relación al derecho a la protesta social indica: “Es indispensable seguir abonando al análisis sobre los límites a los que debe sujetarse el ejercicio del poder punitivo estatal, ya sea en relación con el uso de la fuerza o el empleo del sistema penal para limitar la actividad de líderes sociales y/o defensores de derechos humanos. ” </p>
<p>Este Centro de Derechos Humanos se mantendrá atento a posibles acciones en contra de Mario Ruíz y demás integrantes de Serapaz en Chiapas, así como de las acciones judiciales y criminalización en contra de los representantes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y de la ARICC-UU-DI, todos indígenas campesinos hoy detenidos. Exhortamos que se garanticen condiciones de dialogo basadas en el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se libere de manera inmediata a todos los integrantes de la Comisión de Negociación, incluyendo a sus asesores.<br />
-.-

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/140530_boletin_18_detencion_arbitraria.pdf
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México;
a 30 de mayo de 2014
Boletín No. 18
Privación Arbitraria de la Libertad a indígenas y Defensor de Derechos Humanos
perpetrada por el gobierno de Chiapas
• El gobierno de Chiapas utiliza las detenciones selectivas y racistas para la negociación política.
• La PGJE obstruye la defensa de derechos humanos y violenta el debido proceso de los detenidos.
• Funcionarios del Gobierno del estado de Chiapas traicionan diálogo y condicionan liberaciones.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) manifiesta su repudio por las detenciones arbitrarias y discriminatorias hacia el señor Mario Marcelino Ruíz Mendoza (Mario), indígena tseltal, defensor de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz) y por los más de 20 indígenas que acompañaba, representantes de la Comisión de Diálogo que son líderes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y dirigencia de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Democrática e Independiente (ARICC-UUDI).

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, la detención sucedió el día de ayer 29 de mayo, aproximadamente a las 17.00 hrs., en las puertas del palacio de gobierno del estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; la detención fue realizada por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), que con una acción selectiva y racista detuvieron a solo personas indígenas de la Comisión Negociadora, sin mostrarles ordenes de aprehensión, ni explicación alguna de la situación.

Las privación arbitraria de la libertad, acciones de desprecio, hostigamiento y discriminación hacia los integrantes de la Comisión se da en el contexto de ante sala de reuniones con el gobierno de Chiapas para dialogar sobre la situación de los pueblos que pretenden desalojar en Montes Azules.

Es importante mencionar que Mario Ruiz acompañaba en calidad de observador a la Comisión de indígenas y campesinos para iniciar los trabajos en una mesa de negociación acordada con anterioridad con el gobierno del estado de Chiapas. Junto con el defensor de derechos humanos fueron detenidos más de 20 personas integrantes de esta comisión, todos indígenas y con cargos de representación comunitaria y de base nombrados por sus comunidades y organizaciones.

Según información recabada, Mario Ruiz fue sometido a un interrogatorio agresivo y discriminatorio perpetrado por elementos de la PGJE violando en todo momento sus derechos humanos al no contar con un abogado, incomunicándolo al no permitirle llamada alguna, nunca se le menciono las causas de su detención y fue cuestionado por realizar sus actividades como Defensor en Serapaz-Chiapas.

Tras la detención de Mario, la intervención inmediata de su organización y la solidaridad de diversas organizaciones obligó al gobierno de Chiapas a dejarlo en libertad alrededor de las 20:00 horas abandonándolo en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a las afueras del palacio de gobierno, mientras que los integrantes de la Comisión de Diálogo continúan detenidos sin saber, hasta el momento, con certeza el lugar y condiciones en las que se encuentran.

Al conocer de los hechos, integrantes de este Centro de Derechos Humanos acudimos a las instalaciones de la PGJE para documentar las condiciones de la detención así como probables daños a la integridad psicológica y física de las personas Privadas Arbitrariamente de la Libertad; sin embargo, cuando pretendimos hacer nuestro trabajo personal del PGJE nos negó la entrada, afirmando categóricamente que los detenidos NO se encontraban en el lugar, después de insistir nos dejaron entrar para conducirnos a unas celdas de detención preventiva que estaban vacías. No obstante, por fuentes de información confiable, nos enteramos que las personas detenidas se encontraban hacinados en cuartos donde servidores y funcionarios de la PGJE realizan prácticas de hostigamiento, intimidación y tortura con el fin de forzar “acuerdos políticos” para su liberación.

Una vez más confirmamos con estas acciones que, el gobernador Manuel Velasco Coello y el Secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, ante su incapacidad política de gobernar y resolver las demandas sociales y políticas que hay en diferentes municipios y regiones de Chiapas, optan por encarcelar, reprimir y someter a proceso penal a líderes de organizaciones y comunidades que se les cita falsamente a dialogar.

Al Gobierno de Chiapas le recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido muy clara al declarar que:
La protesta y movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos. Añadiendo: la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen derecho a manifestar su opinión.

Por su parte la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH – México), en relación al derecho a la protesta social indica: “Es indispensable seguir abonando al análisis sobre los límites a los que debe sujetarse el ejercicio del poder punitivo estatal, ya sea en relación con el uso de la fuerza o el empleo del sistema penal para limitar la actividad de líderes sociales y/o defensores de derechos humanos. ”

Este Centro de Derechos Humanos se mantendrá atento a posibles acciones en contra de Mario Ruíz y demás integrantes de Serapaz en Chiapas, así como de las acciones judiciales y criminalización en contra de los representantes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y de la ARICC-UU-DI, todos indígenas campesinos hoy detenidos. Exhortamos que se garanticen condiciones de dialogo basadas en el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se libere de manera inmediata a todos los integrantes de la Comisión de Negociación, incluyendo a sus asesores.
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