El agua del río Atoyac no se negocia

Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 23 de febrero de 2014

 BOLETÍN DE PRENSA

 LOS PUEBLOS DE LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC CONTINÚAN SU RESISTENCIA PACÍFICA CONTRA EL DESPOJO DEL AGUA QUE PRETENDEN HACER LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES

  • La Coordinadora anuncia que emprenderá nuevas acciones legales
  • En varias ocasiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió condenas a las autoridades que pretenden llevarse el agua del nacimiento del río sin consentimiento ni respeto a los derechos de los habitantes de la SUB – cuenca
  • La Coordinadora ha demostrado la inviabilidad social y ambiental de “Bandera Blanca” en diversas ocasiones, sin recibir respuesta favorable del gobierno de nuestro Estado

Este día, los pueblos de la cuenca del río Atoyac nos reunimos para ratificar nuestra unidad y voluntad de lucha para impedir que el gobierno estatal (encabezado por Javier Duarte de Ochoa) y los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán de los Reyes lleven a cabo el proyecto denominado “Bandera Blanca”, el cual consiste en trasvasar buena parte del caudal del nacimiento del río Atoyac hacia el municipio de Córdoba, lo que provocará una degradación irreversible de las ya graves condiciones de contaminación y disminución de la disponibilidad de agua para las comunidades y pueblos de los municipios de Amatlán de los Reyes, Atoyac, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Boca del Río y Veracruz

Durante el último año, hemos realizado un intenso trabajo de difusión de información en numerosas comunidades de la cuenca, hemos realizado movilizaciones y plantones, hemos convocado a numerosas personalidades y organizaciones solidarias del país y hemos acudido al Tribunal Permanente de los Pueblos (que es el tribunal internacional de conciencia más antiguo y prestigiado del mundo) para denunciar que las políticas de los gobiernos federal, estatal, municipal y locales han incurrido en el delito de desviación de poder, al favorecer los intereses de grandes empresas industriales en perjuicio de nuestro derecho colectivo al agua, al territorio, a la autodeterminación, a la salud y a la seguridad, entre otros, por pretender despojarnos de la última fuente de agua limpia que queda en toda la cuenca.

En distintas ocasiones, como Coordinadora, acudimos a la convocatoria de distintas preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos en los estados de Jalisco y Guanajuato y en nuestro estado, Veracruz, así como a la Audiencia Temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, realizada en el Distrito Federal, para presentar nuestro caso y testimonio de las afectaciones a nuestros derechos, cometidas principalmente, por el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y de los gobiernos municipales y locales, quienes negociaron la entrega del agua del nacimiento del río Atoyac a la empresa Hidrosistema de Córdoba sin considerar el daño ambiental y a la salud de nuestras comunidades que acarrearía el proyecto “Bandera Blanca”.

En cada una de las ocasiones en que presentamos nuestro caso y denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, los comités dictaminadores de las distintas preaudiencias y el jurado internacional de la Audiencia Temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, dieron la razón a los pueblos de la cuenca en su exigencia de que el proyecto “Bandera Blanca” sea cancelado oficial y definitivamente, porque, como lo hemos ya demostrado:

Una constante de los casos expuestos en esta Preaudiencia es la manipulación de las normas administrativas y de la legislación ambiental, que han sido creadas o reformadas a favor de los intereses y capitales privados; lo anterior a través de las múltiples y constantes violaciones de los derechos a la información, la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos, pero también la denegación de los derechos agrarios, ambientales y laborales, de los derechos a la libre producción de alimentos, la nutrición y a la salud. También se ha hecho patente la fragmentación y destrucción de los territorios, la alteración de los ecosistemas, la violencia generalizada en contra de la naturaleza y de los animales, así como los ataques a las manifestaciones culturales, las formas organizativas autónomas de los pueblos de la región y la convivencia pacífica de sus habitantes. Igualmente, el desamparo institucional y la imposibilidad de acceder a la justicia son notas comunes en todos los casos y testimonios presentados.[1]

Asimismo, a lo largo del último año, nos dimos a la tarea de documentar las razones por las cuales el proyecto “Bandera Blanca” constituye una violación de nuestros derechos como pueblos, pero también una imposición autoritaria del gobierno del estado de Veracruz para beneficiar sólo los intereses de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras establecidas en el municipio de Córdoba, además de que demostramos cabalmente, con base en información oficial de la Comisión Nacional del Agua, que el municipio de Córdoba no necesita realmente despojarnos del agua a los pueblos de la cuenca para satisfacer el derecho al agua de los pobladores rurales de dicho municipio (véase el documento “El proyecto de saqueo del río Atoyac, en Veracruz”, divulgado por la Coordinadora en septiembre de 2013). Más bien, demostramos que Córdoba, con una población municipal total de alrededor de 200 mil habitantes, consume actualmente un volumen de agua que equivale casi al que consume la población total de Guadalajara, Jalisco y que el derecho al agua de las comunidades que carecen del vital líquido podría satisfacerse reduciendo sólo en 0.5% el consumo de la industria asentada en ese municipio, construyendo infraestructura para dotarles de agua dentro del mismo territorio municipal y reparando las fugas de la ineficiente empresa Hidrosistema de Córdoba, que alcanza niveles de casi 40 por ciento.

Ninguno de estos argumentos ha sido desmentido ni cuestionado siquiera por autoridad federal, estatal o municipal alguna. Por el contrario, las autoridades estatales y municipales (de Córdoba y Amatlán) han pretendido generar confusión y división en las comunidades mediante rumores y amenazas, han pretendido intimidarnos mediante el ingreso de maquinaria y equipo para la construcción de las obras del trasvase; han difundido información falsa (incluso a través de mercenarios que se dicen “científicos”), e incluso han emprendido una campaña de estigmatización en contra nuestra, acusándonos de ser los responsables de que los habitantes rurales de Córdoba carezcan de agua.

A todo esto, la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del río Atoyac responde:

No somos nosotros quienes impedimos el ejercicio de los habitantes de ningún otro poblado de su legítimo derecho al agua. Si las comunidades de Miguel Alemán, San Aparicio Buenavista, Francisco I. Madero, Rancho Herrera, El Porvenir, Berlín y San Rafael Calería, en el municipio de Córdoba, así como Cruz de los Naranjos y Cañada Blanca, en Amatlán de los Reyes carecen de abasto regular de agua potable, es debido a la negligencia de las autoridades estatales y municipales, las cuales actúan sólo en beneficio de los intereses de las grandes empresas privadas asentadas en esos municipios, primero, al no regular su consumo de agua (que, en el caso de Córdoba, asciende a casi el 97% del agua total de la que dispone Hidrosistema de Córdoba en concesiones), así como al hecho de que no regula las descargas de aguas residuales de la misma industria en la cuenca del río Seco, cuya contaminación pagamos también nosotros con el deterioro de nuestra salud, en municipios como Yanga y Cuitláhuac. Asimismo, el gobierno del estado y la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no han hecho nada para impedir que continúe la tala indiscriminada e ilegal en los bosques del Pico de Orizaba, que dan origen a numerosas cuencas del centro del estado, incluyendo la del río Atoyac.

El proyecto “Bandera Blanca” es un negocio privado del que se beneficiarán sólo quienes ya son beneficiarios de las autoridades en Córdoba: las empresas privadas. La codicia por el agua del nacimiento del río Atoyac sólo acarreará el incremento en la carga de sustancias contaminantes que ya son vertidas en el río por la siembra agroindustrial de caña de azúcar mediante el uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos en todo nuestro territorio (glifosato, paraquat, amina 2-4-D, entre otros), por los vertimientos de vinazas y otros desechos de la industria alcoholera en nuestro río y los campos circundantes, por las descargas de cadáveres de animales del rastro municipal de Atoyac en los arroyos, por los lixiviados de los basureros, que fluyen libremente hacia los arroyos que alimentan el río y por las descargas de residuos de las granjas industriales de cerdos, pollos y vacas que impunemente se arrojan al cauce, sin que autoridad alguna, de ningún nivel de gobierno se atreva a regular y mucho menos sancionar.

En el centro de Veracruz, el Estado y las empresas tienen responsabilidad por la destrucción del medio ambiente y la salud de las poblaciones que habitan en los márgenes de los ríos Blanco, Seco, Jamapa y Atoyac. No es una casualidad que en Tierra Blanca, Carrillo Puerto o Cotaxtla, existan numerosos casos de insuficiencia renal crónica, los cuales se incrementarían dramáticamente si llegara a hacerse efectivo el criminal proyecto “Bandera Blanca”. No estamos dispuestos a que el gobierno de Veracruz sacrifique nuestras vidas en aras de potenciar los negocios de unas cuantas empresas.

Por todo lo anterior, la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del río Atoyac refrenda su compromiso de lucha y resistencia contra este proyecto de muerte y anuncia que, en breve, ejercerá acciones jurídicas para detener cualquier intento gubernamental o privado que pretenda despojarnos del agua del nacimiento del río, cuya cuenca fue declarada como patrimonio ambiental universal de los pueblos (véase la Declaratoria emitida el 22 de julio de 2013).

Asimismo, refrendamos las exigencias que hemos hecho desde un principio:

1) La cancelación oficial y definitiva del proyecto Bandera Blanca.

2) La búsqueda de una solución social y ambientalmente viable y justa para la crisis de abasto de agua potable de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que no contemple el trasvase de las aguas del río Atoyac ni de ningún otro río, sino la restauración de la cuenca del río Seco, la inversión pública en la reparación y el mantenimiento de la infraestructura de distribución de agua potable y saneamiento de las aguas residuales de la ciudad, lo mismo que la vigilancia y sanción a todas las empresas industriales que vierten sus residuos tóxicos al río Seco.

3) La búsqueda de una solución social y ambientalmente viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas en toda la cuenca del río Atoyac.

4) La clausura y remediación de los basureros de Cuitláhuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán, así como el desarrollo de una nueva política para la generación y el manejo de los residuos sólidos urbanos tendiente a su disminución.

5) La clausura inmediata de todas las granjas de pollos y cerdos que vierten sus residuos al río Atoyac.

6) La elaboración de un proyecto hídrico-forestal integral de la cuenca del Atoyac.

7) La realización de estudios epidemiológicos, de salud y  ambientales independientes, exhaustivos y participativos, en los municipios de la cuenca, financiado por el gobierno de Veracruz.

8) La aplicación de una política real de prevención y atención de enfermedades ocasionadas por la contaminación hídrica y ambiental.

9) Freno a la construcción de más proyectos inmobiliarios sobre las zonas de humedales en Medellín y Boca del Río.

10) Castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción al intentar imponer el proyecto Bandera Blanca. Exigimos nuevamente la sanción a Pedro Montalvo exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz.

11) El compromiso público y oficial del gobierno de Veracruz de que nunca más se impondrá ningún proyecto sin consulta libre, previa e informada a nuestras comunidades.

12) Que se detengan todos los actos de intimidación, amenazas y división en nuestras comunidades. Responsabilizamos a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, por cualquier daño al patrimonio, a la seguridad, a la libertad y/o a la vida de los integrantes de la Coordinadora y habitantes de la cuenca que defendemos nuestro río.

Agradecemos a todas las organizaciones sociales, civiles e individuos que hasta ahora nos han acompañado en nuestra lucha y al Tribunal Permanente de los Pueblos por atender con sensibilidad a nuestras demandas y por su compromiso de hacerlas públicas internacionalmente. A todos ustedes les decimos que mantenemos nuestro compromiso de lucha y solidaridad con las legítimas causas de los pueblos de México en momentos en que el Estado mexicano se apresta a entregar completamente la soberanía del país.

¡El Agua del Río Atoyac no se negocia, ni está en venta!

Atentamente

Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac


[1] Dictamen de la Preaudiencia “Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz”, realizada en Cuitláhuac, Veracruz, los días 26 y 27 de octubre de 2013.

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