Zapateando
Cuando hay una demanda ciudadana de justicia, ante la impunidad de crímenes particularmente odiosos como secuestros, trata de personas, violencia contra las mujeres y feminicidios, el recurso fácil de gobiernos estatales en entidades tan distantes y distintas como Chihuahua, Quintana Roo y el Estado de México ha sido aprehender, juzgar y encarcelar a personas inocentes, pobres e indefensas, para tratar de dar una imagen de que se está actuando firmemente contra el crimen.
Algunos casos han sido muy visibles porque los familiares de las personas detenidas han perseverado en su defensa y han logrado el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos que han les dado una defensa integral: asesoría jurídica, psicológica, y notas de prensa en comunicación alternativa y medios comerciales. Ejemplos que pueden hallarse documentados en internet son: el de Israel Arzate Meléndez, injustamente encarcelado en Ciudad Juárez, tras haber sido detenido, incomunicado y torturado por militares, acusado de ser coautor de la Masacre de Villas de Salvarcar. Su defensa sigue firme, ante la cada vez más obcecada y fallida acusación del gobierno de Chihuahua. Dos casos de personas ya liberadas, gracias a esa adecuada defensa legal e integral son: el de Basilia Ucan Nah indígena maya detenida en Quintana Roo y acusada de complicidad en trata de personas, de menores. Su inocencia fue probada y ella alcanzó su libertad. Más recientemente Hugo Sánchez Ramírez, taxista indígena del Estado de México, fue liberado después de estar injustamente preso acusado de un secuestro que jamás cometió.
Estos casos son los que tienen una adecuada defensa, en cambio hay muchos casos de indígenas, mujeres y hombres pobres, anónimos, que pasan por un proceso irregular de principio a fin: detención arbitraria y violenta, a cargo de policías o militares, uniformados o vestidos de civil, violencia desde la detención, tortura física y psicológica, confesión bajo tortura, incomunicación (a veces revestida de legalidad mediante el “arraigo”) y fabricación de un expediente. Con ello las autoridades violan sus derechos humanos en todos los órdenes: derecho a la legalidad y a un juicio justo, pisoteando así todas sus garantías individuales desde una detención violenta sin mostrar órdenes de aprehensión, pasando por la fabricación de un delito, la exhibición ante la prensa de nota roja (una especie de extensión de Seguridad Pública incrustada en los medios) y un juicio bajo consigna de declararlos culpables a toda costa: la autoinculpación como máxima prueba, falsos testimonios, incluso en ocasiones de víctimas reales manipuladas, inducidas y prácticamente amenazadas.
Con estos “pagadores”, como se les conoce en el argot del medio (entre defensores y prensa especializada) la autoridad aparenta eficiencia, cumplimiento de la ley e interés por los delitos que lesionan gravemente a la sociedad, pero operan en realidad la perversión de todo el aparato de justicia penal violando los derechos de las víctimas, al dejar libres a los verdaderos autores de esos delitos, de las personas inocentes injustamente presas, de los familiares de ambos y de la sociedad toda, a la cual le entregan injusticias y mentiras, impunidad y un aparato de justicia que funciona prácticamente como una extensión del mundo criminal.
Es en este contexto que podemos ubicar el caso de Abraham Caballero Ramírez, defensor de derechos humanos integrante de la Casa Magnolia y del Frente contra la Imposición, detenido violentamente el 6 de abril por la noche, torturado y presentado al juicio (linchamiento) mediático como acusado por el homicidio de Gabriela Nayeli Díaz, ocurrido el día 4 de abril. Apenas el 9 de abril fue consignado ante un juez en Pacho Viejo, de donde hace muy poco salieron libres dos campesinos presos políticos por defender las Dunas de San Isidro.
De acuerdo con los argumentos de los integrantes del Frente contra la Imposición, no estamos ante un caso de “justicia” prácticamente único y excepcional en Veracruz, donde la impunidad por delitos de grave violencia contra las mujeres, incluidas muchas desapariciones y feminicidios, muchas de ellas contra menores de edad, ha agraviado a la sociedad jalapeña y veracruzana. Estamos frente a la combinación de dos formas de actuación corrupta de los aparatos de justicia, la que fabrica chivos expiatorios “pagadores” por delitos que siguen impunes y la utilización el código penal para castigar a la protesta social. Recientemente en Oaxaca se han usado el mismo recurso contra David Venegas Reyes y Efrén Hernández Pablo, presos políticos a quienes se acusa del delito del orden común de golpear a un taxista.
Para los gobiernos jamás hay presos políticos, todos están encarcelados por un delito del fuero común o el federal. Pero corrientemente sus expedientes tienen el mismo proceso irregular y amañado de los pagadores. Parece que asistimos a una combinación de ambos procederes autoritarios y represivos.
En los últimos meses, sobreponiéndose a la represión, las intimidaciones, el acoso policiaco y el control autoritario de los medios, así como a la inercia de los sectores conservadores, la sociedad xalapeña y veracruzana lograron exhibir una y otra vez al gobierno de Veracruz. En primera fila de esas movilizaciones han estado los integrantes de las organizaciones estudiantiles que ahora son agraviadas con la detención de Abraham Caballero, Casa Magnolia y Frente contra la Imposición.
La violencia y la inseguridad, los crímenes de lesa humanidad contra los migrantes centroamericanos, la depredación del medio ambiente por proyectos de extracción minera como Caballo Blanco o por hidroeléctricas, especialmente en el centro del estado, la falta de atención a necesidades de la ciudadanía, como las de los estudiantes, así como las ya tradicionales trampas electorales, manipulación y compra de votos, la nula transparencia en el manejo del dinero público, el atraso político, el atraso en materia de justicia, la nula atención a los derechos de las mujeres, los casos de mujeres presas por abortos y de las mujeres que pelean la custodia de sus hijos ante intereses machistas y misóginos… El descrédito acumulado por la falta de respuestas y resoluciones nada creíbles ante casos que tienen resonancia fuera del estado y el país, como el de la periodista Regina Martínez, ha puesto muy mal al gobierno veracruzano en las páginas de la prensa nacional, al lado de gobiernos represores como los de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chihuahua.
Ahora parecen haber elegido a una víctima propicia para la venganza: construir el escenario para llamar “delincuentes” a los defensores de derechos humanos que han exhibido a ese gobierno. Si culpabilizar a las víctimas era la tónica, ahora parece que lo será incriminar a los defensores. Usar el recientemente tipificado delito de “feminicidio” es especialmente perverso, porque señala una voluntad de imponer el uso arbitrario de las leyes y el aparato de justicia penal contra quienes han pedido que éstos sirvan a la justicia.
Si quienes han decidido pervertir el uso de las leyes a ese grado triunfan, la derrota no será sólo para el Frente contra la Imposición en Xalapa ni solamente para la sociedad civil movilizada en el estado de Veracruz, será para todo el país, porque, al igual con la ya probada (mediante audios y videos) compra de votos con recursos de Pronasol, esa entidad es el laboratorio de lo que el PRI está planeando para el país todo.
Un triunfo de las mujeres que luchan por justicia y contra la violencia se usaría como instrumento de castigo y represión política: de ese tamaño es el propósito autoritario.
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