Antes y después de Iguala

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Laura Castellanos –

Autora de México Armado (1943-1981).

Lo acaecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con un saldo de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, no debe explicarse sólo de forma local y circunstancial. El caso Iguala no se reduce a un suceso sangriento provocado por un alcalde, sus policías y el cártel regional contra un grupo de estudiantes. Expresa el súmmum de un caudal de crímenes de lesa humanidad ocurridos con impunidad en Guerrero en los últimos 50 años.

El caudal comenzó con otra matanza en Iguala, ocurrida en 1962. Entonces, guardias blancas reprimieron un mitin electoral de oposición con un saldo de ocho muertos. El maestro Genaro Vázquez fue uno de los convocantes; luego entró en la clandestinidad y años después formó su guerrilla. En 1967 otra masacre, cometida por policías contra una manifestación de maestros en Atoyac, con saldo de cinco muertos, entre ellos una mujer embarazada, lanzó al maestro Lucio Cabañas –por cierto, egresado de la normal de Ayotzinapa– a crear una guerrilla de corte insurreccional.

Ambos maestros agotaron de ese modo su activismo por los medios legales en contra de la violencia institucional, entonces ya histórica en la entidad: cacicazgos, miseria, atropellos y ejecuciones, corrupción, nula impartición de la justicia. Dos matanzas más en la capital mexicana: la del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, provocaron que una juventud rural, como la guerrerense, y otra popular y clasemediera encontraran en las acciones revolucionarias la única vía para derrocar a un Estado que reprimía cualquier expresión disidente.

A la veintena de guerrillas que actuó en el país en los años 70 se le aplastó con un saldo indeterminado de muertos y más de un millar de casos de desaparición forzada. La mayoría acontecieron en Guerrero. Diversas campañas militares y una estrategia de exterminio en el estado arrasaron comunidades enteras, e instalaciones militares, policiacas y de empresas privadas se utilizaron como cárceles clandestinas. Guerrero, además, tiene el infamante honor de ser el primer lugar en América donde se inauguraron los “vuelos de la muerte”, aun antes que en las dictaduras sudamericanas: a decenas, quizá cientos de civiles se les trasladó en aviones militares para ser arrojados, vivos, en altamar. A otros más se les incineró o arrojó a fosas clandestinas.

Un ejército de mujeres pobres y destrozadas exigió en vano al Estado que presentara a sus desaparecidos. México ha sido el único país de América que no ha juzgado a los victimarios de ese capítulo continental del horror conocido como “guerra sucia”. Por el contrario, la perpetuación de poderosos cacicazgos en Guerrero consolidados durante ese capítulo originó otra matanza, la de Aguasblancas en 1995, que costó la vida a 17 campesinos, hecho que reconformó a la guerrilla sobreviviente de Lucio Cabañas y detonó la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

A ese territorio desgarrado pertenecen los 43 normalistas. En las paredes de su escuela están pintadas las figuras de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas como recordatorio permanente de la herida aún sangrante. En ese sentido, Guerrero es México. El Estado capitalista neoliberal que hoy nos gobierna se forjó y se sostiene por la impunidad con la que ejerce la violencia institucional que hizo posible la guerra sucia, el engendramiento del narcopoder y una “guerra” en contra de éste con un costo de más de 70 mil muertos y más de 20 mil casos de desaparición forzada.

Sin embargo, el caso Iguala marca un punto de inflexión en la historia moderna de México. Su brutalidad exhibe la descomposición extrema del Estado que procreó las condiciones para que acaeciera. Mas la onda expansiva de indignación que genera parece tener repercusiones demoledoras, aún de proporciones desconocidas, para un andamiaje institucional que muestra signos de prolapso.

Tenemos que luchar por nuestro futuro como estudiantes

arqu2Estudiantes de arquitectura de la UNAM se suman mediante un paro activo

Tenemos que luchar por nuestro futuro como estudiantes

Zapateando.-

Estudiantes de arquitectura de la UNAM se sumaron a las movilizaciones y el activismo en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa mediante asambleas, un paro activo, participación en las marchas y en el mitin con los familiares de los desaparecidos frente a la Biblioteca Central. Además de las facultades en paro como Filosofía y Letras, Economía o Trabajo Social, y las que están en paro activo, por la Ke Huelga, que transmite en vivo, se escucharon voces de escuelas que no están en paro como Contaduría, Medicina y Odontología. Todos expresaron su apoyo a los normalistas y exigieron la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos.

Los motivos por los cuales se han sumado a estas acciones los explicaron así dos mujeres estudiantes de arquitectura:

“La muerte de los estudiantes, porque no es posible que mueran por defender derechos y el derecho a la educación. En lo personal, eso es lo que a mí me motiva, porque no se tiene que permitir y no tiene que quedar impune el crimen que cometió el Estado contra los estudiantes”. Así lo dice escuetamente una estudiante.

Otra joven, estudiante de intercambio, platicó por qué participa en la movilización, en un contingente que gritaba consignas como “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina!” y portaba pancartas con consignas como “La indiferencia también mata”. Así expresó ella su sentir y su pensar:

“En solidaridad con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero y también con la situación que está pasando en el IPN, nos movilizamos porque es grave y también por las reformas educativas que ahora afectan al IPN pero nada garantiza que no afecta a los demás. Por eso estamos defendiendo nuestros derechos como ciudadanos y los derechos de las demás personas, porque nadie sabe si nos puede pasar a nosotros, o ya comienza a doler cuando empieza a ser familia: ¿Por qué esperar a que esto se agrave más y llegue hasta aquí? Nosotros, desde la UNAM y la Facultad de Arquitectura, decidimos apoyarlos con este movimiento.”

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Comentó las actividades que han realizado en este contexto:

“Ayer hubo una asamblea general de la Facultad de Arquitectura, desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media, con más de trescientos participantes. Expresaron todas las cosas que les parecen mal, además de la situación de Ayotzinapa y del IPN. Incluso cosas que están mal aquí en la universidad. Se llegó a algunos acuerdos. Uno de ellos fue que hoy se hiciera un paro activo en toda la facultad, suspendemos las clases, en lo académico y los administrativo y los trabajadores, pero los alumnos tienen el derecho a decidir si permanecen en clases o no. Pedimos que el director diga su postura públicamente, si está a favor o en contra (de este movimiento). Otro punto es que exigimos al gobierno que regresen las 43 personas vivas y castigo a los culpables, así como que cese el clima hostil hacia los estudiantes. En resumen son esos puntos.”

A partir de las 10 y media se reunieron con los demás estudiantes para recibir a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. “Estamos organizando la manifestación, vamos a pasar a los salones para decirles si nos quieren apoyar, posteriormente iremos al mitin y en la semana habrá más actividades. El lunes habrá una asamblea general para informar y para que las personas que no están enteradas puedan informarse. Estamos pidiendo a las autoridades un auditorio para ello.”

La estudiante exhortó a los estudiantes a “que apoyen, tengan conciencia, porque tenemos que trabajar por nuestro futuro como jóvenes porque, al menos en la Facultad de Arquitectura hay mucha apatía y muchas personas están como: “mi tarea, tengo que asistir”, están luchando por un futuro, pero nada les asegura que ese futuro se haga realidad, porque dependemos de un gobierno que toma las decisiones por el país. Aquí es importante estar interesados y tener participación ciudadana.”

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Facultades y escuelas de la UNAM paran y se solidarizan con estudiantes de Ayotzinapa

Zapateando.- El 14 de octubre algunas facultades de la UNAM como Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales amanecieron en paro y realizaron brigadeos informativos en otras escuelas. Más tarde, facultades que han participado en las movilizaciones en apoyo a los normalistas de Aytozinapa, como la de Arquitectura, comenzaron también procesos asamblearios y se declararon en paro activo.

La Asamblea estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM está convocando a un acto político con estudiantes de Ayotzinapa en Ciudad Universitaria, el miércoles 15 de octubre a la 11:00 horas, frente a la Biblioteca Central.

Una concentración frente a la PGR, el miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas.

Marcha nocturna con velas, el miércoles 22 de octubre, del Ángel de la Independencia al Zócalo, a partir de las 18:00 horas.

Uno de los estudiantes, de posgrado, de quienes han impulsado el paro en Filosofía y Letras informó que, además de ellos, están en paro decidido por asambleas de base Ciencias Políticas, Trabajo Social, CCH Sur y la FES Zaragoza. Esperaban que en el transcurso del día 14 se sumaran facultades como Ciencias, Economía y tratarían de iniciar asambleas en el mayor número posible de escuelas y facultades.

Acerca del análisis de la situación que compartieron en la asamblea de Filosofía y Letras y las consideraciones por las cuales decidieron el paro, explicó:

“El primer elemento que mueve es la brutalidad de la represión. El hecho de que haya 43 estudiantes desaparecidos, que fueron detenidos por la policía y luego desaparecen. La muerte de varios de esos compañeros, el modo como fueron asesinados con tanta brutalidad, es lo primero que mueve a la comunidad y que la llama a discutir y a trata de entender qué está pasando.

“Conforme va avanzando la discusión van apareciendo elementos que van dando sentido al evento: uno de ellos es la decisión que se ha tomado desde hace mucho de eliminar a las Normales rurales y lo que eso implica en términos de la defensa de la existencia de la escuela. No están peleando por mejores condiciones o por democratizar sus decisiones, están peleando por que la escuela sobreviva. Y el gobierno está peleando por desaparecer a las Normales rurales. En ese sentido se entiende más la escalada de violencia.

“Y el otro elemento que se ha analizado mucho en la Facultad es la simbiosis absoluta entre el Estado y la delincuencia. El cómo cada vez hay menos instancias a las que se pueda recurrir porque todas están involucradas o cooptadas y que las máximas instancias del poder dejan que eso suceda mientras no afecte sus negocios importantes.

“También un elemento importante que se tomó en consideración es lo que está pasando en el Politécnico, donde consideramos que la lucha de los compañeros ha dado un salto cualitativo muy importante. Ya lograron la destitución de la directora, pero la otra demanda era la democratización del Politécnico y ante esa demanda el gobierno no había respondido. Ahora los compañeros hacen propuestas concretas como la votación libre para elegir al nuevo director y un congreso politécnico.

“Es un tema que nos atañe muy directamente porque lo que pasa en el Politécnico va a tener repercusiones en la UNAM, en términos de lo que se pueda democratizar a la institución. En ese contexto hicimos el análisis que nos llevó a decidir participar activamente en esa lucha y tratar de informar, de extender la discusión y de ser parte de este movimiento que tiene esos dos ejes: la defensa de la educación y el cese a la represión, y en este momento la presentación de los compañeros desaparecidos.”

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Se ve no solamente como solidaridad sino como la defensa de los estudiantes y la educación pública.

“Sí, claro. Todas las reformas que ha impulsado Peña Nieto tienen un sentido en contra del pueblo, pero en particular la reforma educativa afecta a un sector sensible, no sólo a los maestros sino que tiene un correlato, la reforma educativa, en modificaciones al plan de estudios, en recortar materias críticas, en sacar más dinero de la docencia para llevarlo a la investigación al servicio de las instituciones privadas, o sea que es todo un paquete de medidas que tiene la intención de privatizar la educación, no en el sentido de volver privadas a las escuelas públicas sino en el sentido de privatizar los resultados que da la educación para que se los lleven las empresas privadas y que los grandes problemas de la sociedad mexicana no estén atendidos por las universidades.

“Mientras este proyecto vaya avanzando, que ha avanzado, en la UNAM también, hay que decirlo, han habido reformas a los planes de estudio que le quitan el filo crítico a cómo se preparan los estudiantes; en la medida en que esas reformas van avanzando a nivel nacional, van poniendo en riesgo la educación que hemos defendido en la UNAM por mucho tiempo. Sí es una onda de estar en primera línea en defensa de la educación.”

Y en el caso de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y los desaparecidos, además de identificarse con el caso los estudiantes, se suma el sector de las víctimas que es muy numeroso en México.

“Es es importante porque desde que entró Peña Nieto se preocuparon mucho por lavar esa parte de la imagen, pero nada más por lavar la imagen. La realidad es que siguen dejando que avance el problema de la delincuencia cooptando al Estado. Es obvio que ellos saben quiénes son los que está coludidos y los dejan actuar hasta que llega un problema que les estalla, sobre todo a nivel internacional, que es cuando más les preocupa, y entonces toman medidas de maquillaje, simplemente para apagar el asunto, pero no hay ninguna propuesta para resolver de fondo el problema, porque no hay ni siquiera un análisis, sino nada más apagar el asunto y que siga corriendo la cosa.

“Es importante que se evidencia la situación, que se evidencia el gobierno, que se le exijan respuestas, pero también es importante que desde otros espacios vayamos pensando en esas respuestas, porque difícilmente van a venir de un Estado tan podrido como el que tenemos.”

La concepción de que el Estado garantiza o custodia los derechos humanos se desfonda, ¿y ahora quién es el interlocutor?

“Esa es una de las cosas que se discutió ampliamente en la asamblea de la Facultad, porque nos damos cuenta de la contradicción. De repente lanzamos consignas como “Castigo a los responsables de los asesinatos”, y luego hay compañeros que cuestionan: “¿y quién los va a castigar si son los mismos jueces y los policías los que están coludidos con el narcotráfico?”

“Es una discusión abierta, es una discusión en la que tenemos que pensar todos: ante la ausencia de Estado, ¿qué procede? Una primera idea es que hay que fortalecer la unidad del pueblo, la unidad de los sectores de abajo, los que están organizados, pero una ruta de respuesta todavía no se tiene. Y creo que es importante que sigamos discutiendo en ese sentido y que sigamos trabajando, porque también en la medida que avance el movimiento vamos encontrando esas formas de organización.”

En este caso vemos que el proceso es asambleario…

“Sí. De hecho la asamblea interuniversitaria que se reunió el viernes lanzó la propuesta de parar y también lanzó explícitamente la propuesta de que los paros se realizaran con asambleas en las escuelas.

“En este momento no nos sirven paros decididos por colectivos o por grupos pequeños que cierren la facultad sobre la voluntad de las comunidades. Estamos preparándonos para una lucha de largo plazo, que además tiene que ser una lucha que la gente asuma con mucha conciencia y convicción, y preferimos entrar en procesos de discusión que pueden ser más largos, que pueden ser desgastantes, pero que a la larga nos dejan mejores resultados que tratar de decidir entre unos pocos. Entonces sí, ahorita todos están por procesos asamblearios.”

Además de la marcha están convocando a que se realicen protestas en los consulados a nivel internacional…

“Sí, eso es la semana que entra. La reunión de los compañeros de Ayotzinapa con los organismos de derechos humanos convocó un día de acción global para el 22 de octubre, y en ese sentido es que se está llamando a que en la mayor cantidad de países se pueda presionar a las embajadas y los consulados mexicanos, además de la movilización que va ha haber aquí, que va a ser a las seis de la tarde del Ángel al Zócalo, con velas.

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Finalmente, exhortó a participar:

“El paro dura 48 horas. Es importante que los estudiantes se acerquen. Hay diversas actividades, para ir a brigadear, pero también la reflexión, justo para resolver esto problemas en los que estamos atorados de a quién dirigirnos, cuál es nuestro interlocutor, cómo nos podemos organizar.

“Es muy complicada la situación que estamos viviendo, así que requiere de mucho trabajo, pero también mucha reflexión. Convocamos a las dos cosas, con el paro.”

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A propósito de las víctimas mortales de la represión policial en México

El joven de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie, fallecido recientemente luego de que una bala de goma le impactara en la cabeza durante un desalojo en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, en Ocoyucan, Puebla, no es la primera víctima mortal de la represión policial en México. Antes bien, el abuso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hacia los manifestantes es una constante, gracias a que cuando sucede, sus elementos son solapados y justificados desde los más altos niveles de gobierno, propiciando que estos se sientan protegidos y sin duda hasta alentados a actuar de manera violenta y arbitraria.

Durante la serie de operativos en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, una bala calibre .38 disparada por la policía del Estado de México —gobernado en ese entonces por Enrique Peña Nieto— le quitó la vida a otro joven de 14 años, de nombre Francisco Javier Cortés Santiago.

Posteriormente, en ese mismo entorno, el estudiante Alexis Benhumea de 20 años de edad, fue golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno, a raíz de lo cual también perdió la vida. Esto sin mencionar las graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos y las detenidas en aquella ocasión, que incluyeron abusos sexuales en contra de varias mujeres, así como diversas torturas hacia el conjunto de los manifestantes.

Fotografía: Jesús Villaseca

Aunque posteriormente dichas violaciones fueron reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta eludió fincar responsabilidades. Sus ministros mostraron una actitud extremadamente tibia, negándose a tomar lo que bien pudo haber sido una histórica resolución, en la que se identificara y sancionara a los culpables materiales e intelectuales de los atropellos. Y por ello son en cierto modo, corresponsables de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie. Como lo son también de la muerte del activista y director teatral Juan Francisco Kuykendall, herido en la cabeza por un proyectil —no queda claro si una bala de goma o un cartucho de gas lacrimógeno— disparado por la Policía Federal, durante las protestas en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012.

En esa misma ocasión, el estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Uriel Sandoval, perdió el ojo derecho al ser atacado de manera similar.

Para cualquiera que haya participado en una movilización contra la que se despliega una fuerte presencia policiaca, resulta claro que la labor de los cuerpos de seguridad no es contener sino amedrentar e inhibir la participación de los ciudadanos en los actos de protesta. Muchas veces son estos los que generan la violencia, al crear un clima de tensión entre los manifestantes, en el que cualquier chispa se presta para comenzar un incendio. Y cuando se desata, sus elementos saben que pueden lastimar sin distinciones ni miramientos.

Hostigamientos, acosos, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas físicas y psicológicas, golpizas salvajes y abusos sexuales; no son eventos inusuales dentro del «repertorio de técnicas» que implementan los cuerpos de seguridad en México, con el objetivo de controlar a la población inconforme mediante el miedo y garantizar que medidas de gobierno impopulares, se encuentren cada vez con menos resistencias.

Dictamen Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”

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http://tppmx-guerrasucia.blogspot.mx/2014/07/dictamen-preaudiencia-con-justicia-y_846.html

Limonar, Ocosingo, Chiapas 18 de julio de 2014

 

Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México

Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia.

BOLETÍN DE PRENSA

“Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”

(Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94’.

Caso Masacre de Viejo Velasco)

Yic’ot wembΛ laj coltΛntel yic´t lac ñΛch’ tΛlel (chol)

Soc slequil xchapapajel ya tajtic tesmelelil c’op (tseltal)

Ta lekil chapanele ta jtabetik smelol (tsotsil)

Kome’ts ku’y y wØajku’y ndä pa’tpaj wiyunbä’ omä (zoque)

 

DICTAMEN REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL

Introducción

El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) a través de siete ejes o audiencias temáticas fue instaurado el 21 de octubre de 2011, culminando en noviembre de 2014 donde denunciará y visibilizará, ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.
La Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” Yic’ot wembΛ laj coltΛntel yic´t lac ñΛch’ tΛlel (chol), Soc slequil xchapapajel ya tajtic tesmelelil c’op (tseltal), Ta lekil chapanele ta jtabetik smelol (tsotsil), Kome’ts ku’y y wØajku’y ndä pa’tpaj wiyunbä’ omä (zoque); fue convocada por alrededor de 46 organizaciones populares, estudiantiles, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales; La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” conformada por 72 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana, La Red de Radios Comunitarias, A.C. AMARC (agrupa a 35 proyectos radiofónicos), La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (actualmente conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales), Red Paz Chiapas (integrada por 10 organizaciones) y 51 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas de México, Argentina, Edo Español, Costa Rica, Canadá, Alemania, Italia y Nueva Zelanda.

Reunidos en la comunidad Limonar, Ocosingo, Chiapas el 18 de julio de 2014, nos encontramos jurados, testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de zona Norte en Chiapas: Jolnixtié Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande, Chuctiejá, del municipio de Tila; y comunidades de Chenalhó integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), todas víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’ e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.
Los jueces nacionales que participaron en la Preaudiencia fueron: Alejandro Cerezo Contreras, integrante de Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH. A.C, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, Organización estudiantil El Tribuno Popular, Carlos Nuñez Ruiz, Arreglador Tseltal Selva Norte Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas, Juan Méndez Gutiérrez, Arreglador Tseltal Selva Norte del Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas, Joel Heredia, Salud y Desarrollo Comunitario A.C. SADEC. y Rubén R. García Clack, profesor investigador adscrito al Posgrado de Derechos Humanos de la UACM.


DICTAMEN

 

Efectuado el examen de los documentos y las declaraciones de los testigos y víctimas en el curso del actual proceso, y de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 de la Declaración de Argel, este Tribunal considera haber conocido suficientes elementos, sin agotarlos, para presumir probados los siguientes hechos y dicta la presente sentencia.

Los tres casos examinados se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas, las cuales se desarrollaron en el contexto de contrainsurgencia implantado por el Plan de Campaña Chiapas 94′ de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo corroboran los documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos de América. La implementación de dicho Plan, que contemplaba la organización de grupos paramilitares, produjo múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a las etnias chol, tzeltal, tsotsil y zoque, y que formaban parte de las organizaciones “Las Abejas”, Xinich y Bases de Apoyo Zapatista (BAEZ) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a continuación se presentan.

En los casos Viejo Velasco, Zona Norte y Acteal se acredita la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso Viejo Velasco por la ejecución extrajudicial de 4 indígenas, en Acteal de 45 indígenas tsotsiles y en la Zona Norte.

Además con fundamento en el artículo 3, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Chiapas y en el artículo 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estado Mexicano es presuntamente responsable de la violación del derecho a la integridad personal, a través de la comisión de distintos crímenes en el estado de Chiapas. En el caso Viejo Velasco las investigaciones denotan la existencia de mínimo 50 casos, en uno de los cuales a través de la detención arbitraria del señor Diego Arcos Méneses, por parte de policías de Palenque, se practicaron tratos crueles durante la estancia de la víctima en la Fiscalía del Ministerio Público. En los hechos ocurridos en Zona Norte, las investigaciones arrojaron la presencia de por lo menos 122 casos, mientras en Acteal los registros muestran la cantidad mínima de 71 casos de violaciones a éste derecho.

Los hechos probados acreditan la existencia de desaparición forzada, considerada por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, como una violación grave de derechos, en perjuicio de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, y de Minerva Guadalupe Pérez Torres.

Considerando la documentación presentada en esta Preaudiencia y de conformidad a los artículos 13, 14 y 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el artículo 4 del mismo ordenamiento, así como los artículos 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1, este Tribunal resuelve que se cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en los casos Zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por conductas derivadas del accionar de los grupos paramilitares denominados: “Paz y Justicia”, Municipio de Chenalhó, algunos pobladores de la comunidad Nueva Palestina, Municipio de Ocosingo y otros paramilitares ubicados en la Zona Norte del Estado; organizados por autoridades municipales, estatales y federales. Dichas violaciones consisten en el desplazamiento forzado de los habitantes de los poblados de El Limar, Jolnixtié, Masojá Suchjá, Masojá Grande, Miguel Alemán, Chuctiejá y la comunidad Viejo Velasco. Cabe resaltar que la señala lo siguiente: “la estrecha relación que mantienen los pueblos indígenas con su tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a los generaciones futuras.”

 

  1. Con relación a lo anterior, este Tribunal cuenta con evidencias suficientes, sin agotar todas ellas, para presumir la comisión de diferentes Crímenes de Lesa Humanidad, ya que los hechos materiales consistieron en masacres, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura sexual con la finalidad de aterrorizar a la población y destruir los fundamentos de la cohesión social entre sus miembros, así como el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que podían acarrear su destrucción física, total o parcial (…)”.

El Estado mexicano identificó a ciertas poblaciones que constituían o podían constituir una base social de apoyo para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con base en ello definió un “enemigo interno”, objetivo de la estrategia de contrainsurgencia que incluyó a de miles civiles tzotziles, tzeltales, choles y zoques, pertenecientes a las organizaciones sociales “Las Abejas”, “Xinich”, simpatizantes y Bases de Apoyo del EZLN.

El hecho de que los actos de violencia de Estado no se dirigieron únicamente contra combatientes, sino también contra la población civil no combatiente, incluyendo niños y niñas, pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a determinados grupos étnicos y organizaciones sociales, y demuestra que dichos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos grupos, constituyendo Crímenes de Lesa Humanidad.
Puntos resolutivos.
Por tanto, este jurado declara:

  1. El Estado mexicano violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los casos Viejo Velasco, Zona Norte y Acteal.
  2. El Estado mexicano violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los tres casos en comento.
  3. El Estado violó el derecho a no sufrir desaparición forzada establecido en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
  4. El Estado violó los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Y dispone:

El Estado debe cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables y beneficiarios de los Crímenes.

Esta sentencia constituye en sí misma una forma de reparación, en los términos de la determinación de la verdad histórica y la contribución a la construcción de la memoria que conduzcan al cumplimiento de la justicia. No obstante, el Estado mexicano está obligado a la reparación integral de los daños causados por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos.

Reconocemos su lucha, su firmeza, su dignidad, su constancia por preservar la memoria, la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación integral. También su valor que tienen ante las amenazas que puedan surgir después de realizarse las preaudiencias. Son hombres y mujeres dignas… sigan organizándose, aprendiendo de sus luchas y de otras para luchar mejor cada día que pasa.

Por último, este tribunal observa con preocupación los hechos ocurridos en la comunidad de la Realidad, sede del Caracol I el pasado 2 de mayo, donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solis López, (Votan Galeano), significando la continuidad de la política contrainsurgente en Chiapas.

 

ATENTAMENTE
Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, Carlos Nuñez Ruiz, Juan Méndez Gutiérrez, Joel Heredia y Rubén R. García Clack.

Inicia Preaudiencia del TPP “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” en Limonar, Ocosingo Chiapas

Inicia Preaudiencia del TPP “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” en Limonar, Ocosingo Chiapas
http://www.pozol.org/?p=9635

Ocosingo Chiapas. 18 de julio. Inicia Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” en la comunidad Limonar, del municipio de Ocosingo, en donde testifican los sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en los municipios de Tila, Chenalhó y Ocosingo.

El caso de La masacre en la comunidad Viejo Velasco, que se presenta en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, los denunciantes indican que se llevó a cabo en el contexto de la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad Lacandona y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada y Pablo Salazar Mendiguchía.

“A pesar de las denuncias de hostigamientos y amenazas de desalojo que sufrían las comunidades, el gobierno no hizo nada para evitar estos graves hechos. Además el modo de actuar de los agresores se enmarca dentro de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano desde el 1 de enero de 1994, con la puesta en marcha de su Plan de Campaña Chiapas 94’, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas”, exponen en la preaudiencia del TPP.

AUDIO: https://archive.org/details/ZOOM0002

ANTECEDENTES: http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2014/07/ante-la-falta-de-justicia-del-estado.html

Ante la falta de justicia del Estado familiares de víctimas de la masacre de Viejo Velasco exigen verdad

viejo-velascoA 16 de julio de 2014.
http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2014/07/ante-la-falta-de-justicia-del-estado.html
Buenos días a todas y todos los presentes, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa.

Mi nombre es Diego Moreno Vázquez. Soy indígena chol, miembro de la Organización Xinich al igual que todos mis compañeros víctimas del presente caso. Soy promotor de salud. Vengo en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco.

Esta masacre se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2006, cuando aproximadamente las 6:00 de la mañana, un grupo de aproximadamente 40 personas de la comunidad Nueva Palestina quienes iban muy bien armados, algunos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. Así también, estas personas eran acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial, estos policías iban armados con armas de alto poder algunas conocidas como “cuerno de chivo” y R-15; a su ves todos iban acompañados de otras autoridades.
Todos éstos de inmediato rodearon la comunidad ubicándose en diversos lugares, para posteriormente entrar a las casas y robar las pertenencias de nuestros familiares que vivían en la comunidad Viejo Velasco.

El resultado de este hecho violento fue: de 4 compañeros indígenas muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, este último del grupo agresor), 4 más resultaron desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo quien era mi padre, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López). Además se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad, sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente se refugiaron en la comunidad vecina Nuevo Tila.

Ante la falta de justicia del Estado, nosotros los familiares nos dimos a la tarea de buscar a nuestros familiares desparecidos y el 6 de julio del 2007 juntó con la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos para el caso Viejo Velasco, recorrimos la ruta que va de la comunidad Paraíso hacia Viejo Velasco donde encontramos 2 osamentas, las cuales resultaron ser de Miguel Moreno Montejo quien era mi padre y de Pedro Núñez Pérez.  El gobierno nos decía que nuestros familiares habían agarrado sus mochilas y que se habían ido al norte de nuestro país. Fue hasta noviembre de 2011 que nos entregaron los restos y le dimos cristiana sepultura.
Hasta el día de hoy continúan desaparecidos nuestros compañeros Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, los desplazados están prestando tierras o trabajando en distintos lugares para poder alimentar a sus familias. Así también 4 compañeros de la comunidad Nuevo Tila continúan con órdenes de aprehensión acusados de la muerte de nuestros familiares, siendo que no tienen nada que ver, al contrario ellos y la comunidad Nuevo Tila recibieron a la mayoría de los desplazados ese día. Estos 4 compañeros corren el mismo riesgo que nuestro compañero Diego Arcos Meneses, quien fue acusado falsamente por los hechos, permaneciendo casi un año en la cárcel acusado de la muerte de nuestros familiares, siendo que es un promotor de salud, como yo, que lo único que él hizo fue brindar apoyo a nuestros familiares.
La masacre en la comunidad Viejo Velasco, que se presentará en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, se llevó a cabo en el contexto de la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad Lacandona y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada. A pesar de las denuncias de hostigamientos y amenazas de desalojo que sufrían las comunidades, el gobierno no hizo nada para evitar estos graves hechos. Además el modo de actuar de los agresores se enmarca dentro de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano desde el 1 de enero de 1994, con la puesta en marcha de su Plan de Campaña Chiapas 94’, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas.
A casi 8 años de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, nosotros los familiares continuamos exigiendo justicia, castigo a las autores intelectuales y materiales de estos graves hechos y nuestro derecho a saber la verdad de lo sucedido, así como el paradero de nuestros familiares desaparecidos. Lo único que ha hecho el gobierno mexicano es seguir alimentando la impunidad.
Es por eso que hoy, les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen el día 18 de julio del 2014, a partir de las 6 de la mañana en la comunidad Limonar municipio de Ocosingo, Chiapas; para la celebración de la preaudiencia del caso ante los Jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde testificáremos los sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidas. Así también contaremos con la presencia de familiares de los casos de Acteal y Zona Norte de Chiapas.
Nuestras voces serán de exigencia de justicia y derecho a la verdad. Nuestra participación en la preaudiencia fortalecerá nuestros corazones para continuar con nuestra lucha de memoria y esperanza.

Muchas gracias a todas y todos.

Palabras de Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, durante la conferencia de prensa: Anuncio de la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”. 16 de julio 2014, 10 hrs., San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Fotos: Osamentas halladas en Viejo Velasco en julio de 2007, posteriormente identificadas por el Equipo  Argentino de Antropología Forense, en 2011, como restos que correspondían a Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. (Archivo Frayba)