La hija de Cabañas pide asilo a Obama

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**Micaela revela  a la periodista Laura Castellanos que la solicitud de asilo que se procesaba en 2011 se truncó por una amenaza de muerte previa

Laura Castellanos

Los ojos de Micaela Cabañas Ayala, la única descendiente de Lucio Cabañas Barrientos, el guerrillero más emblemático de los años 70 en México, se anegan de angustia al denunciar las amenazas de muerte que ha recibido desde la ejecución de su madre, Isabel Ayala, ocurrida el 3 de julio de 2011.

La charla se realiza en una cafetería del centro de Chilpancingo, a unos pasos del plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) en exigencia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la escuela de donde egresó su padre.

La maestra de educación artística de nivel secundaria recoge sus lágrimas en una servilleta. Hace 15 días recibió el último amago a través de un familiar.

“Que te van a cazar como perro”, le mandaron decir.

Con voz fracturada externa que busca apoyo legal de alguna organización de derechos humanos para reactivar su petición de asilo político al presidente Barack Obama, para así reunificarse con sus medios hermanos radicados en Estados Unidos.

“Que Obama nos dé la oportunidad de estar lejos de Guerrero, que nos dé la oportunidad de irnos de México, queremos caminar libres por la calle sin estar volteando para ver si alguien nos sigue, si alguien tiene un arma”, le pide.

“Somos buenas personas, vamos a trabajar, no vamos a dar problemas, lo único que queremos es seguir con nuestra vida”, le precisa la hija del maestro rural del que se conmemoraron 40 años de su abatimiento por parte del Ejército este 2 de diciembre de 2014.

La maestra considera que el caso de los 43 normalistas desaparecidos generó una movilización popular que visibiliza de nuevo la lucha de su padre: “No tiene nombre lo que le hicieron a esos muchachos, tal parece que fueran 43 Lucios Cabañas los que se llevaron”.

Agrega: “hace 40 años el gobierno acabó con la existencia de uno de los hombres más valiosos que ha tenido Guerrero y México, quizá pensaron que con eso se iban a acabar las revueltas y las luchas sociales, pero no contaron con que sólo era la punta de la lanza”.

Amenazada y silenciada

Micaela Cabañas revela en exclusiva a este diario que la solicitud de asilo de ella y otros 18 familiares que la Cámara de Diputados procesaba en septiembre de 2011, dos meses y medio después del asesinato de su madre, se truncó por una amenaza de muerte previa.

Narra que el 17 o 18 de septiembre de 2011, nueve meses antes de las elecciones presidenciales, ella y un compañero salieron del recinto legislativo con motivo de su proceso de refugio, y hombres bien vestidos los abordaron y los obligaron a subir a una camioneta negra.

“Calladita te ves más bonita”, la intimidaron, “estas elecciones las tiene que ganar el PRI, va a ganar Enrique Peña Nieto, sabemos dónde vive tu familia, aquí está la lista de tus familiares. ¿Cuántos millones de pesos quieres por quedarte callada, por no dar una entrevista más que le haga daño a las elecciones que se avecinan?”

La guerrerense dice que se negó a aceptar dinero y se vio obligada a regresar a su estado, a zanjar sus planes de exilio y a guardar silencio. Hasta ahora.

Tras esta entrevista  teme represalias. Advierte: “Por si algo me sucede a mí, a mi hijo, a toda mi familia, yo hago responsable al gobierno federal, en especial a Enrique Peña Nieto”.

Crecida en el  Campo Militar  Número  1

Micaela nació hace 40 años, dos meses antes de la caída de su padre en un enfrentamiento militar, tras el secuestro y rescate del entonces gobernador Rubén Figueroa, para exigir la liberación de guerrilleros en distintas cárceles del país.

Su madre tenía 15 años y debió bajar del campamento guerrillero de la sierra en el que estuvo para dar a luz en el Centro de Salud de Tixtla.

Dos años después de la matanza del 2 de octubre de 1968, Luis Echeverría asumió la Presidencia, y poco después vino el asesinato masivo del 10 de junio de 1971. En el país se vivían tiempos violentos. En este contexto surgieron  una veintena de guerrillas que eran perseguidas y aplastadas por el Estado.

El territorio más devastado fue en el que actuó su padre, al frente de una guerrilla integrada por campesinos de la sierra de la Costa Grande.

La niña cumplía dos meses cuando el cerco sobre Cabañas provocó que el Ejército detuviera a la madre de éste, Rafaela Barrientos, y a Isabel Ayala, con ella en los brazos.

A las tres las recluyeron en el Campo Militar Número 1, considerado  el centro clandestino de reclusión más grande del país en la época.

“Ahí empezó nuestro calvario”, recuerda.  “Mi mamá fue torturada,  violada, fue ultrajada”, detalla, “pero lo principal fue que me defendió, porque ella decía que me tomaban de un pie y me ponían la pistola en la cabeza y le decían: ‘La vamos a matar si no nos dice dónde está Lucio’”.

Las dos mujeres y la niña estuvieron recluidas durante un año y ocho meses.  “Yo aprendí a caminar ahí”, expresa.

Asegura que su madre también fue violada por Figueroa y quedó embarazada.

“Ese hijo de Rubén Figueroa posteriormente murió y lo sepultaron en el panteón municipal de Xaltianguis”, comenta sobre el producto que perdió su madre en un aborto espontáneo.

Su mamá también está enterrada en ese panteón, en el municipio de Acapulco.

La  ejecución de Isabel

Micaela Cabañas cuenta que el 3 de julio de 2011, Isabel Ayala, de 54 años, y su hermana Reyna Ayala, de 58,  iban a la iglesia de Xaltianguis cuando desde un carro en movimiento les dispararon a muerte.

Ni siquiera los asesinos le permitieron velarlas, dice. “Ese día me hablaron y me amenazaron de muerte a mí y a mi familia, nos dijeron que nos fuéramos, que nos iban a matar en ese momento”, rememora.

La maestra se explica el asesinato de su madre porque un año antes ella la convenció de que ambas crearan una organización con las madres, esposas e hijos de más de medio millar de personas víctimas de desaparición forzada en la década de los 70.

Tan sólo en Guerrero se habla de 500 a más de mil 500 casos de desaparición forzada.

Su madre era  testigo excepcional de esos hechos. “Ella hablaba de las personas que logró ver con vida en el Campo Militar Número 1”, explica. “Hablaba de la manera como a algunos los sacaban de ahí, les ponían una capucha negra y jamás los volvían a ver, ya fuera porque los desaparecieran o los mataran”, apunta.

Asegura que el propio gobernador Ángel Aguirre le dijo, sin embargo, que las ejecuciones de su madre y de su tía se debieron a nexos de su familia con el crimen organizado.

“Hubo una mujer a la que el gobernador Ángel Aguirre recibió y apoyó para que pusiera una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra mía, porque decía que yo era la jefa de la banda que estaba secuestrando y matando en el pueblo”, señala.

En respuesta, la maestra interpuso una denuncia por hechos en contra de quien resultara responsable de lo que le sucediera a ella o a su familia.

Concluye: “El gobierno mató a mi madre y a mi tía porque no quería ser descubierto en los delitos del pasado, porque sabe que ahora el pueblo tiene el poder en su mano, que ahora el pueblo ya no se deja, que se defiende solo”.

Estigma a cuestas

En múltiples ocasiones Micaela Cabañas ha ocultado su identidad.

“Tú no podías llamarte Cabañas o Barrientos, porque te matan o  desaparecen”, manifiesta.

“Mi único delito”, especifica, “fue haber sido hija de un grandísimo hombre, que era un luchador social, y de una grandísima mujer que lo único que hacía era trabajar para sus hijos”.

Desde hace tres años, a pesar de traer dos escoltas estatales, dice que vive temerosa, que no confía en la seguridad oficial.

“Tengo miedo de andar en la calle”, expresa, “tengo miedo de llevar a mi hijo al cine”.

Por razones de seguridad se le reubicó de su plaza docente en Xaltianguis  —en donde dejó su casa abandonada tras sufrir desplazamiento forzado porque ahí ejecutaron a su madre—  a oficinas administrativas urbanas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, comenta que no recibió constancia por escrito de dicho movimiento, no se la quieren proporcionar y le dicen que debe regresar a ejercer a Xaltianguis o quedará desempleada.

No quiere hacerlo, aclara, porque en las amenazas de muerte le prohíben regresar a su pueblo.  “Estoy a punto de perder mi trabajo”, se lamenta alarmada.

Resurge  Lucio en Ayotzinapa

Micaela Cabañas camina de incógnito entre el plantón de CETEG. Nadie conoce a la maestra de cuerpo recio, pues su madre le prohibió cualquier tipo de militancia por la represión vivida.

Con amabilidad le pide a una maestra permiso para ser retratada al lado de una lona con las fotografías de los 43 estudiantes, y al hacerlo se presenta como la hija del líder guerrillero.

—¿Es una de sus hijas?  —la maestra le pregunta.

—Soy la única hija  —le aclara a la profesora y recibe un abrazo.

Micaela mira las fotos de los 43 normalistas desaparecidos. “Desde lo más hondo de mi corazón, yo   he pedido a Dios que estén vivos”, dice.

Observa que ahora, como en los años 70, hay una inconformidad creciente contra el gobierno. “Como hace 40 años la gente, los jóvenes despiertan y dicen: ‘Ya no queremos más políticos corruptos’”, opina.

Antes de retirarse reflexiona sobre la conmemoración de la muerte de su padre.

“Lucio Cabañas vive en todas las conciencias y en todos los corazones,  principalmente en el mío y en el de mi hijo”, finaliza, mientras uno de los escoltas ronda por el lugar.

 

Sobre la detención arbitraria de Sandino: BOLETÍN DE PRENSA de ESTUDIANTES la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM

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Sobre la detención arbitraria de Sandino: BOLETÍN DE PRENSA de ESTUDIANTES la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM

A los medios de comunicación
A la comunidad estudiantil y de trabajadoras
Al pueblo de México y el mundo

En el marco del movimiento popular en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero (además del asesinato de otras 6 personas, entre las cuales 3 de ellas eran también normalistas), el Estado se encuentra en plena ofensiva.
Ante esta situación numerosas protestas han sido realizadas a lo largo y ancho de todo el país, la represión no se ha hecho esperar. El caso reciente más alarmante en la capital del país, es el de los compañeros Bryan Reyes (estudiante de la Escuela Nacional de Música) y Jacqueline Santana (estudiante de la FES Aragón), quienes fueron levantados en un operativo encubierto de la Policía Federal afuera de sus casas con el objetivo de realizar un secuestro de Estado. Dicho operativo fue frustrado debido a la intervención fortuita de la policía capitalina, los cuales desconocían el operativo encubierto, por lo que se les sembró un falso delito que los mantiene recluidos en el Reclusorio Norte y en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla respectivamente. Anteriormente, Bryan, Jacqueline y el compañero Ulises Sánchez (quien se escapó de dicho operativo) denunciaron en numerosas ocasiones hostigamiento por parte de personas vestidas de civil afuera de sus domicilios.

El caso de Sandino Bucio Dovalí, estudiante del colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es muy semejante al de Bryan, Jacqueline y Ulises. El día de hoy, viernes 28 de noviembre de 2014, Sandino asistió a la Asamblea General de la Facultad de Filosofía y Letras, la cual abandonó a las 17:00. Se dirigió con rumbo a la estación del Metro Copilco cuando fue interceptado por cuatro personas vestidas de civil en un coche tipo Monza de color gris con número de placa 324WHD. Una de las cuatro personas portaba una playera propia de la Policía Federal. Sandino se encontraba frente al restaurante Monte Kailas sobre la calle de Filosofía y Letras cuando los sujetos lo arrastraron hacia el coche, uno de ellos le apuntó con un arma corta en la cabeza. Personas que se encontraban en el lugar intentaron impedir el secuestro, sin embargo otro de los sujetos apuntó hacia la multitud en esta ocasión con un arma larga. Cabe señalar que las personas del automóvil en ningún momento expresaron a donde llevaban al compañero. Múltiples evidencias fotográficas, en video y entrevistas orales fueron tomadas, y pueden encontrarse en el perfil de Facebook de “Asamblea Filos”.

Resulta importante insistir que dicho acontecimiento no es un caso aislado, además de Bryan Reyes, Jacqueline Santana y Sandino Bucio, han existido otra serie de detenciones tales como la de Luis Fernando Sotelo, Julián Luna y la de 11 personas que se manifestaban el 20 de noviembre cerca del Zócalo capitalino. Por otro lado los 4 detenidos en la zona aledaña al aeropuerto de la Ciudad de México ya fueron sentenciados. Todas estas personas fueron golpeadas por elementos de la policía capitalina y federal. Cabe señalar que las 11 personas apresadas el 20 de noviembre fueron trasladadas a Penales de Máxima Seguridad en los estados de Nayarit y Veracruz. Además de lo anterior es necesario recordar las recientes incursiones policiacas y militares dentro de Ciudad Universitaria en los últimos meses, cuya máxima expresión – hasta el momento – se mostró el 15 de noviembre de 2014 cuando un estudiante egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras fue alcanzado por una bala en el pie disparada por un agente de la Policía Federal (el cual por cierto ya fue liberado).

Es clara la complicidad de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México ante esta ola represiva, puesto que el 30 de octubre de 2014 la Asamblea General de la Facultad de Filosofía y Letras denunció el espionaje por parte de las autoridades de dicha Facultad cuando se encontró una cámara inventariada de la universidad con fotografías y videos que datan desde el 2012.

Dicho espionaje ya ha tenido trágicas consecuencias, como por ejemplo, la del asesinato del estudiante Carlos Sinuhé Cuevas en abril de 2011. Por tanto las autoridades universitarias encabezadas por José Narro son cómplices desde hace ya muchos años de esta política de destrucción de todo sector disidente al Estado (el cual en estos momentos es encabezado por Enrique Peña Nieto).
A escala nacional es importante hacer mención a la reciente retención por parte de elementos de la Policía Municipal de 60 normalistas de la Escuela Normal Rural de Atequiza Jalisco, además de la presencia de militares en la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual proporcionó una lista de estudiantes activos en movilizaciones de carácter político.

El desprestigio, el hostigamiento, el encarcelamiento y el asesinato de luchadores sociales en todos los rincones del país es parte de una clara política de Estado que busca acabar con cualquier tipo de resistencia política, ya sean los maestros de la CNTE, los normalistas de todas las Escuelas Normales Rurales del país, los sectores estudiantiles organizados, entre muchos otros son víctima.

¡FUE EL ESTADO!
¡Exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa!
¡Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos secuestrados en la actualidad por el Estado mexicano!
¡Abajo los muros de las prisiones!

Firma: Asamblea General de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM

Trasladan a pres@s polític@s del 20 de noviembre a penales de máxima seguridad de Veracruz y Nayarit

¡¡¡ U R G E N T E !!!

En estos momentos acaban de consignar a lxs compañerxs que se encuentran en la SEIDO y seran trasladados a penales de maxima seguridad a Veracruz. A lxs compañerxs nunca se les permitio una defensa adecuada, no les permitieron ver a sus abogados, se les acusa de terrorismo, tentativa de homicidio, motin y delincuencia organizada. Les obligaron a declarar mediante amenazas e intimidaciones. SE HACE URGENTE LA SOLIDARIDAD, TODXS A LA MOVILIZACION.

Y

De acuerdo con la agencia Apro

Los 11 estudiantes (8 hombres y 3 mujeres) detenidos tras el violento desalojo del Zócalo capitalino durante la noche del jueves 20 fueron trasladados al penal de máxima de Veracruz en el caso de los varones y al de Nayarit en el caso de las mujeres, dio a conocer Eliana García, subprocuradora de Derechos Humanos de la SEIDO hace unos momentos.

Los jóvenes permanecieron en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y no pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de oficio.

Las autoridades les imputan los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio, de los más graves contemplados en las leyes mexicanas, mientras que sus familiares y compañeros denuncian que los jóvenes fueron sometidos de manera arbitraria y que varios de ellos fueron golpeados.

A las dos de la tarde saldrá una marcha del Ángel de la Independencia a la SEIDO, en la que se exigirá la liberación inmediata de los estudiantes detenidos.

Lista de detenidos

Ramón Domínguez Patlán

Atzín Andrade González

Juan Daniel López Ávila

Laurence Maxwell Ilabaca

Luis Carlos Pichardo Moreno

Francisco García Martínez

Hillary Analí González Olguín

Liliana Garduño Ortega

Hugo Bautista Hernández

Tania Ivón Damián Rojas

Roberto César Jasso del Ángel

LISTA Detenidos #20N AICM #Ayotzinapa y TESTIMONIO (Comité Cerezo)

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Fuente: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article1962

Están detenidos en el MP de GAM-4.
Dirección. 5 de Febrero y Vicente Villada. Col. Aragón la Villa, CP. 07050

TESTIMONIO DE UN ESTUDIANTE DETENIDO Y EXTORSIONADO

Soy estudiante, no quiero dar mi nombre debido a que la policía tomó todos mis datos y temo por mi seguridad y la de mi familia.

Fui uno de los detenidos en los hechos de Zaragoza, este 20 de noviembre que salí a las calles para protestar por la aparición con vida de los compañeros normalistas de Ayotzinapa.

Lo que les relato inició entre la una y media o dos de la tarde, mi detención la realizaron en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Iba caminando con un grupo de estudiantes y sin darme cuenta, un policía o granadero se me abalanzó (según este fue el jefe de los policías, me lo comentó el policía que me tenía detenido después de la aprehensión).

Pues, se me abalanzo uno y después otro, no tuve ni posibilidad de correr, me tiraron al piso (se me cayeron mis lentes y ahí se perdieron) y llegaron los demás granaderos y me empezaron a patear en la cabeza, en las piernas, las nalgas y el tronco del cuerpo. Yo no opuse resistencia.

Entonces me di cuenta que llegó un policía que empezó a calmar a los demás y ahí medio pararon, excepto un par de policías que seguían pateándome la cabeza, ahí se hicieron de palabras (un pequeño altercado entre ellos) lo que permitió que me dejaran de golpear.

Me levantaron en vilo y me llevaron hacia una patrulla, en ese momento un granadero metió su mano en mi bolsa izquierda del pantalón para sacar mi celular y se lo robó. Una vez adentro empezaron a revisarme y quitarme mi cartera para sacar mi dinero, me quitaron $150 pesos que llevaba, me quitaron mi mochila, y anotaron mis datos personales de las credenciales de mi cartera.

Ahí me empezaron a amedrentar y a meter de golpes en las costillas, yo no ponía resistencia pues la tenia de perder, eran 3 policías dentro de la patrulla y escuchaba que había otros afuera de esta que también me daban de zapes.

Vi cómo me “sembraron” gasolina, petardos y guantes y me dijeron que estaba en una bronca muy gruesa porque acababa de quemar un camión de RTP y yo era el único con gasolina en mi mochila según ellos, lo único que traía en mi mochila era un agua de 1.5 Lt. y mi sudadera.

Me mantuvieron en la patrulla por más de 2 horas, con las mismas frases de amenaza, diciéndome que era una fianza de 26 mil pesos, que eran 4 años en el Reclusorio Norte si me presentaban en un MP, que si me presentaban, el juez me mandaba para allá luego, luego.

Me pidieron el número de algún familiar para poder decirle a donde me iban a trasladar, una vez que ellos contactaron a mi familiar le pidieron 9,000 mil pesos, y que llegaran en “chinga” o me presentaban al MP, cómo es natural se asustó mi familiar y estuvimos esperando hasta que llegó y les dio el dinero, le dijeron que habíamos quemado un camión de RTP, que traíamos petardos y bombas.
No tengo noción del tiempo en que estuve en la patrulla, entonces me soltaron.
Me dijeron que ya me tenían grabado y ahí íbamos a ver cuántos años me iba a quedar en la cárcel.

Llegue a las 8 pm a mi casa, estoy golpeado y adolorido, pero libre, gracias por todo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SOBRE MÉXICO

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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

Fundador: LELIO BASSO (ITALIA)

Presidente Secretario general
FRANCO IPPOLITO (ITALIA)  GIANNI TOGNONI (ITALIA)

LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO (2011-2014)

Audiencia final

Ciudad de México, 12-15 de noviembre de 2014

NOTA DE PRENSA

SEGRETARÍA GENERAL: FONDAZIONE BASSO

VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 – 00186 ROMA, ITALIA

TEL: 0668801468 – FAX: 066877774

E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.itfilb@iol.it

Web: http://www.internazionaleleliobasso.it

SENTENCIA DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SOBRE MÉXICO

 

Después de un proceso iniciado el 21 de octubre de 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos en el que han tenido lugar once audiencias previas y decenas de preaudiencias en todo el territorio mexicano, ha celebrado la Audiencia Final sobre LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO , en la Ciudad de México, entre el 12 y el 15 de noviembre de 2014.

Se juzga un estado de cosas promovido por las doctrinas neoliberales e impuesto por los sucesivos gobiernos mexicanos desde 1982, bajo la presión y al servicio de intereses muy minoritarios de las elites locales y de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y los Estados que las apoyan, que está comportando, entre otras cosas, el desmantelamiento del sistema industrial público y del sistema de agricultura comunal y ejidal, la erosión del tejido social, la estabilización de un clima de violencia y represión contra la disidencia, la vulneración masiva de los derechos humanos de muy amplios sectores de la población con especial impacto entre las mujeres y la juventud, un cuadro general de impunidad y de desatención a las víctimas y la destrucción de los principios y fundamentos de la Constitución mexicana de 1917. Ese estado de cosas en que el Estad Mexicano deja de servir a los intereses generales se ha calificado como situación estructural de desvío de poder con muy distintas manifestaciones.

Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, el Tribunal ha desgranado los derechos violados y ha concluido que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.

El lo que se refiere al Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, del derecho a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia, que suponen la vulneración de numerosas normas internacionales y de la Constitución mexicana.

Dado que las acusaciones presentadas ante este Tribunal involucran numerosos períodos de gobierno, la sentencia especifica los delitos más graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, para cada período de gobierno de los encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La Sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, a la sociedad civil y medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil mexicana y con un llamado a la refundación de México en torno a un conjunto de 20 líneas de actuación concretas, para revertir la mencionada situación de desvío de poder, en interés de la gran mayoría.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

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* Material de audio, texto y video, así como información sobre las y los jueces de los dos días de sesiones en el siguiente enlace: http://bit.ly/materialTPPfinal

PRONUNCIAMIENTO DE TEJIENDO ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA (TOR) FRENTE AL ATAQUE ARMADO POR PARTE DE LA POLICÍA CONTRA ESTUDIANTES DE LA UNAM EL 15 DE NOVIEMBRE

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Ayer 15 de Noviembre se desplegó desde las fuerzas represivas del Estado una avanzada represiva y desarticuladora de la movilización social. Este despliegue tuvo varios frentes.

La policía del Estado disparó otra vez contra estudiantes desarmados, tal y como sucedió en Iguala, en Chilpancingo y en Guanajuato en días recientes. Esta agresión forma parte de una estrategia de las fuerzas del orden establecido para enfrentar el creciente movimiento nacional que ha logrado un avance político sustancial: ubicar claramente que el responsable de los crímenes cometidos en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa FUE EL ESTADO. Denuncia histórica que no puede acallarse con mentiras ni con distractores. Los disparos de la policía esta vez ocurrieron en las inmediaciones del Auditorio Che Guevara de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en contra de estudiantes de dicha Facultad.

También fue asediada por la policía la caravana nacional de los padres de los 43 normalistas que arrancó a los 50 días de injusticias por la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa, en un clima de creciente indignación nacional y de intentos reiterados por el gobierno mexicano por detener su avance.

En Guerrero, en la comunidad opositora a la construcción de la presa La Parota sufrieron una agresión armada, en donde resultaron un muerto por parte de la comunidad  y varios heridos.

En la ciudad de México se realizaron tres detenciones contra miembros de diferentes colectivos que han participado en las protestas que demandan justicia para Ayotzinapa. También hay un desaparecido. Las detenciones ocurrieron después de la presencia de miembros de la policía en domicilios de los compañeros, alrededor de las 13 hrs del día 15 de noviembre de 2014.

Casi al mismo tiempo, en Ciudad Universitaria un grupo de investigación armado, ahora sabemos, de la PGJDF en compañía de autoridades universitarias ingresó al campus en actitud de provocación y tomó fotografías de los estudiantes que se encontraban en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y del Auditorio Che Guevara. Al ser cuestionada la presencia de los elementos policiacos en la universidad por parte de algunos estudiantes, la violenta reacción de uno de los agentes fue desenfundar su arma y disparar contra miembros de  la comunidad universitaria, hiriendo a un estudiante, resultando herido también un perro.

La policía de la UNAM, denominada Vigilancia, estuvo ausente durante el ataque, y esto contrasta con su presencia constante cada vez que hay algún movimiento por parte de estudiantes, lo cual evidencia que su real y verdadero objetivo es el espionaje y la represión al interior de la UNAM. El cuerpo de Vigilancia UNAM tampoco apareció después para salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria, ni para intentar esclarecer el ataque de la policía contra los estudiantes. De la misma forma que en Iguala, las evidencias del ataque permanecieron en el suelo sin vigilancia de las autoridades universitarias, quedando toda la responsabilidad en los estudiantes. Las autoridades de la UNAM, por su parte, desaparecieron tras los disparos para sólo reaparecer pasadas las horas a través de un comunicado. La responsabilidad de las autoridades de la UNAM en este ataque debe ser señalada, por acción primero actuando junto al comando armado de la PGJDF y por omisión después rehuyendo su responsabilidad frente a la comunidad tras el ataque.

El consentimiento de las autoridades al ingreso de policía armada al interior del campus y más tarde a la presencia de los granaderos es una flagrante violación a la autonomía universitaria.

La policía capitalina, que a partir de las movilizaciones recientes siempre está desplegada en los alrededores de Ciudad Universitaria, también estuvo desentendida de la necesidad de recabar las pruebas que se encontraban en el circuito universitario: los testimonios de las agresiones, los impactos de bala, los 11 casquillos percutidos y el automóvil del grupo de policías que ingresaron al campus, tampoco detuvo la huida del agresor, incluso la facilitó. No obstante, la PGJDF emitió un comunicado donde afirma que los policías se encontraban investigando un caso de suma importancia, casi de seguridad nacional, el robo de un celular a un transeúnte en Ciudad Universitaria el pasado 12 de noviembre, lo cual justifica la presencia de dos peritos, dos policías, al menos uno armado, y un representante de la UNAM. Además, dice el comunicado que el policía disparó su arma al aire para evitar un ataque por parte de los estudiantes. Lo que no dice ya por pudor es que la bala en una actitud de franca provocación decidió alojarse en la pierna de un estudiante. Existe evidencia física de al menos esos once disparos al interior de la Ciudad Universitaria.

Ante el desprecio y abandono de la situación por parte de las autoridades universitarias y policiales hubo quienes dejaron en la lateral de insurgentes el automóvil de los policías judiciales y le prendieron fuego como protesta. La policía decidió apagar el fuego con granaderos… y bomberos, que incursionaron en terreno universitario desatando de nuevo el descontento de estudiantes y comenzando un enfrentamiento y cerco de esa zona de Ciudad Universitaria.

Todo esto sucede en un clima de espionaje político contra la organización de la comunidad estudiantil en asambleas amplias y democráticas. Estos hechos se suman al hallazgo por parte de la asamblea estudiantil de una cámara de video que filmaba las asambleas y demás actividades estudiantiles en la Facultad de Filosofía y Letras desde el 2012. También es necesario observar el contexto de persecución y hostigamiento por la presencia policial intermitente en los alrededores del campus universitario. Así como el terror sicológico provocado en la UAM Xochimilco por el caso de una supuesta amenaza de bomba el día 14 de noviembre, y que es otra cara de la misma política del Estado para sembrar el terror y el desconcierto.

Los intentos de las autoridades a todos niveles por detener la organización social y el reclamo de justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas, no ha dejado de utilizar diferentes medios. Hoy la entrada de la policía judicial, de los granaderos y la colusión de las autoridades universitarias son un nuevo agravio a la posibilidad de solucionar el conflicto con justicia. El Estado muestra su cara represiva a través de varios representantes: la policía, las autoridades universitarias, los medios de comunicación de paga. Buscan dividir al movimiento social con acciones de señalamiento y desprestigio mediático, ya que es la unidad del movimiento lo que ha constituido una de sus principales fuerzas. Pero hoy ya no les creemos y ya no permitiremos más abusos desde el poder. Hoy más que nunca se hace necesario alzar la voz y llamar al fortalecimiento de los espacios organizativos desde las asambleas de las escuelas, los barrios y colonias, las comunidades, los medios libres, los colectivos y demás formas que asume hoy el descontento. Hoy seguimos en pie de lucha y condenamos enérgicamente las acciones contra la comunidad universitaria.  El Estado se coloca en una nueva fase en donde incrementa su agresividad y ello demanda como enérgica respuesta la organización.

Por lo anterior nos pronunciamos por:

  • La presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado desde el 26 de septiembre.
  • La renuncia del responsable del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto.
  • La desaparición de los cuerpos de espionaje, vigilancia y hostigamiento en la UNAM, que sólo funcionan para combatir la organización universitaria de estudiantes y profesores.
  • La renuncia del rector José Narro Robles y de las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras encabezadas por Gloria Villegas Moreno, que hicieron caso omiso de la situación de peligro por la que atravesaron los estudiantes, académicos y demás trabajadores.
  • La organización desde las escuelas y facultades para la creación de autogobiernos en las mismas. Porque sólo así podremos salvaguardar nuestra seguridad y poner a la educación en el camino de aportar a resolver las problemáticas sociales.

 

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Ciudad Universitaria, 16 de noviembre de 2014
Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR)