Recomienda preudiencia del TPP Cap. México cancelar dos presas en Veracruz

Tribunal permanente de los pueblosColaboración para El Zenzontle 108, enero de 2013

Zapateando

Dos casos de presas en el estado de Veracruz, El Naranjal, en el municipio de Amatlán de los Reyes, y una presa en Zongolica fueron presentados junto con las presas Cerro de Oro, Paso de la Reyna y Ampliación Cerro de Oro (Oaxaca), La Parota (Guerrero), Las Cruces y El Cajón (Nayarit), Arcediano y El Zapotillo (Jalisco) y La Yesca (Nayarit-Jalisco), en la Pre-audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, realizada en Temacapulín, Jalisco, los días 5 y 6 de noviembre de 2012.

El dictamen final del jurado de la preaudiencia señala que en nuestro país existen 4 mil 200 presas y se proyecta construir otras 30 antes de 2017. Las construcción de estas obras ha originado un patrón de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, así como derechos de los pueblos y las comunidades, entre las cuales destacan: el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185 mil personas que se convierte en violación al derecho a la vivienda, violaciones al derecho a la información y participación, al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al agua, a la alimentación y, cuando hay procesos de organización para resistir a la construcción de presas, la criminalización de la protesta social.

Los jueces de la preaudiencia emitieron recomendaciones sobre las políticas energética e hídrica y en materia de derechos humanos en México; piden cancelar los proyectos en curso que violan derechos humanos, en particular aquellos que se están desarrollando sin un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados o en los cuales la mayoría de los afectados se ha expresado en contra del proyecto; recomiendan medidas punitivas a funcionarios que han violado leyes e incurrido en desacato de sentencias judiciales; asimismo solicitan revisar costos y beneficios económicos, financieros, sociales y ambientales de las presas construidas desde 1972 y llevar a cabo auditorías. El dictamen será presentado en la mesa ambiental y en la audiencia final del TPP Capítulo México y será enviado a las autoridades mexicanas a quienes se dirigen las recomendaciones.

El colectivo “Defensa Verde, Naturaleza para Siempre” denunció que desde el año 2009, la empresa privada Agroetanol de Veracruz promueve el proyecto de presa El Naranjal, ubicado en el estado de Veracruz, con el fin de producir energía eléctrica. De concretarse la obra, más de 30 mil habitantes de origen indígena (náhuatl) y mestizos, que habitan en localidades pertenecientes a los municipios de Amatlán de los Reyes, Fortín de las Flores, Naranjal, Cuichapa, Omealca, Ixtaczoquitlán y Yanga, serían afectados en sus condiciones de vida y por lo mismo se violarían sus derechos. Entre las recomendaciones del jurado para este caso destacan: La cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal debido a los altos costos sociales y ambientales que pretende generar una empresa privada en un territorio indígena y campesino. Sancionar las prácticas de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta de una empresa que pretende imponer el interés privado sobre los derechos individuales y colectivos de la población indígena y campesina con el fin de generar energía eléctrica con fines de lucro. Cualquier proyecto hidroeléctrico que pretenda realizarse debe evaluarse de forma integral considerando los impactos ambientales, económicos, culturales y sociales asociados en la región y localidades. La sanción del comportamiento al margen de la ley y violaciones a los derechos en que han incurrido las instituciones del Estado como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En particular esta última, por la aprobación de la MIA cargada de ambigüedades y omisiones para favorecer la construcción y operación de presas hidroeléctricas por la iniciativa privada, sin que cumplan con la legislación ambiental y agraria ni tengan la anuencia y consenso social. Al Estado mexicano para que a través de sus instituciones, se encargue de garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de las legislaciones del agua, ambiental y energía, por parte de empresas privadas que lucran con la generación de energía hidráulica. Que se genere un mecanismo de reparación por los daños materiales y morales causados a las víctimas así como estableciendo las garantías necesarias de no repetición de los hechos constitutivos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Respecto al Proyecto Hidroeléctrico Veracruz promovido por la empresa privada Electricidad del Golfo, sobre el río Apatlahuaya, en Zongolica, entre las recomendaciones del dictamen del jurado destacan: Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, debido a que no es un proyecto de utilidad pública y afecta los derechos esenciales de los pueblos indígenas al control de su territorio y usufructo de sus recursos naturales. Indemnizar económicamente a las familias cuyas parcelas fueron afectadas por las obras realizadas por las empresas privadas. Garantizar el derecho al agua en calidad y cantidad a las poblaciones afectadas de Mixtla de Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacan. Cancelación del proyecto de desfogue al río Coxole (túnel). Reubicación de familias que viven cerca de las torres de alta tensión. Reparar la infraestructura comunitaria afectada por el proyecto. Garantizar la protección a los comunicadores locales y regionales ante las amenazas recibidas. Garantizar derecho a la información y a la libre expresión. Llevar a cabo programas de prevención contra inundaciones para las poblaciones río abajo, reparación ambiental y manejo de desechos sólidos y líquidos.

El jurado de la preaudiencia fue integrado por Miloon Kothari, Ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada (India); Maude Barlow, asesora principal sobre el agua con el presidente número 63 de la Asamblea General de la ONU; Carlos Vainer, integrante de la Comisión Especial sobre Afectados de Represas del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Brasil); Monti Aguirre, Coordinadora para América Latina de International Rivers (EEUU); Patricia Ávila, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM (México); Francisco López Bárcenas, Abogado de derecho indígena, autor de números libros sobre derechos indígenas, derecho agrario y movimientos sociales(México); y Luis Daniel Vázquez, coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO (México).

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