BOLETÍN DE PRENSA
Gómez Palacio, Durango. 18 de diciembre, 2012. El día de ayer ejidatarios y ejidatarias de La Sierrita y trabajadores de la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, y Similares de la República Mexicana se reunieron con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH) para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han sufrido tanto por parte del Gobierno Federal, el gobierno del Estado de Durango y la empresa minera canadiense Excellon Resources Inc. La reunión tuvo lugar en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango de la ciudad de Gómez Palacio.
Los ejidatarios, ejidatarias y trabajadores explicaron de qué manera las actividades de la empresa están violando una serie de derechos humanos desde que la empresa empezó a incumplir el contrato de arrendamiento firmado en 2008: el derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales, el derecho al desarrollo, el derecho al agua y el derecho a la libertad de asociación sindical, principalmente. Igualmente los representantes de la Oficina del Alto Comisionado escucharon como las autoridades estales y federales no sólo no han apoyado el proceso de defensa pacífica de sus derechos sino que les han amenazado, hostigado y criminalizado.
El último episodio de estas agresiones fue el desalojo violento del campamento instalado a un costado de la mina el pasado 24 de octubre de 2012. Un grupo de trabajadores afines a la empresa, con la anuencia del gerente de operaciones, Robert Moore, utilizó maquinaria pesada para derribar e incendiar el campamento sin que las autoridades estatales ni federales reaccionaran para evitar afectaciones a la integridad física.
Los representantes de Naciones Unidas informaron durante la reunión que se reunirán con autoridades locales y federales para conocer la actuación de éstas frente al caso y averiguar cuáles han sido las medidas adoptados por el Estado mexicano para garantizar, prevenir y proteger los derechos humanos de la comunidad de La Sierrita y de los trabajadores de la Sección 309. Por su parte, la titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Sara de los Santos Llamas, se comprometió también a dar seguimiento al caso.
David Espinoza, presidente del comisariado ejidal de la Sierrita, expresó: “Para nosotros es muy importante que nos podamos reunir con una instancia como la Oficina del Alto Comisionado pues nos permite denunciar directamente los actos de amenazas y hostigamiento por parte de la empresa Excellon, y demostrar cómo el Gobierno Federal y el de Durango no han llevado a cabo ninguna acción que nos proteja y garantice el libre ejercicio de nuestros derechos sino que, por el contrario, lo ha permitido y facilitado.”
Por su parte, Juan Pablo Ramírez, ejidatario y minero de la Sección 309, explicó cómo Excellon ha hecho todo lo posible por impedir que los trabajadores ejerzan su derecho a la libertad de asociación sindical para acceder a un “contrato colectivo de trabajo justo que ayude a mejorar las condiciones precarias en las que desarrollamos nuestras labores, debido a que la empresa utiliza como estrategia los despidos injustificados, la represión, amenaza y hostigamiento laboral para inhibir a los trabajadores a que se organizan libremente”.
Para el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) la visita de los representantes del Alto Comisionado es un reconocimiento de que el conflicto entre el ejido La Sierrita y la Sección 309 no es un simple conflicto entre particulares o meramente sindical, sino que representa un caso paradigmático de violaciones de derechos humanos por parte de una empresa transnacional y con la anuencia de los gobiernos federales y estatales.
Es importante recalcar que los Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar (A/HRC/17/31) establecen que los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y su jurisdicción por parte de terceros, en especial cuando se trata de empresas. A tal efecto, deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. Además, los mismos Principios Rectores establecen también que las empresas deben de respetar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación.
Contacto: Alejandra Ancheita, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). Tel. 55-5212-2230, 55-5212-2229, 55-3334-6045, alejandra@prodesc.org.mx.
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