Rubén Martín / El Informador, 3 noviembre 2012
La noche del martes 23 de octubre, dos camionetas tipo Suburban llegaron a la casa de Celedonio Monroy Prudencio en Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco.
De las camionetas bajaron varios tipos encapuchados y armados, directos a su objetivo: detener y secuestrar a Celedonio Monroy, un miembro de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien se había destacado por la defensa de los derechos comunitarios. Los hombres encapuchados se llevaron a Celedonio Monroy, y desde entonces no aparece. No hubo amenaza de por medio.
Pero otros dirigentes comunales de Ayotitlán sí están amenazados. Son los casos de Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores amenazado en su domicilio el pasado 17 de septiembre. También han sido amenazados Vicente Hemeregildo, ex comisariado ejidal; Miguel Ramos y Juan Prudencio, según información que ha difundido la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG.
¿Qué tienen en común todos ellos? Son las caras visibles, junto con otros más, en la defensa de los derechos comunales.
Ayotitlán, fue una república de indios a quien la Corona española le reconoció una extensión de 439 mil hectáreas; a lo largo de los siglos XIX y XX, Ayotitlán fue perdiendo territorio. Los gobiernos revolucionarios le reconocieron 50 mil hectáreas, pero solamente se ejecutaron 31 mil. Ayotitlán es un terreno privilegiado en recursos minerales y madereros. De tal suerte que desde hace décadas los pobladores enfrentan la codicia, la ambición, el despojo y el robo descarado de caciques, talamontes, empresas mineras, y ahora también la presencia del crimen organizado.
La mezcla de todos estos intereses económicos y la ausencia de un Estado que aplique justicia hacen de Ayotitlán un terreno fácil para la amenaza, el secuestro y hasta el asesinato.
Lamentablemente lo que ocurre en este momento en Ayotitlán pasa también en decenas de comunidades o pueblos cuyos pobladores resisten procesos de despojo de sus territorios y bienes comunes.
En la Costa de Jalisco prácticamente no hay playa codiciada por los intereses turísticos que no tenga tras de sí una estela de amenazas en contra de quienes resisten despojos. En Cruz de Loreto están desaparecidos tres pescadores desde marzo de 2011; Aureliano Sánchez, líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, fue asesinado en junio de 2011; en San Isidro, en el Sur del Estado hay amenazas en contra de campesinos; en El Salto, los activistas más destacados en contra de la contaminación del Río Santiago son hostigados constantemente.
Las intimidaciones y ataques en contra de quienes defienden tanto lo que es suyo, así como el patrimonio común, deben cesar. Las autoridades de todos los niveles deben comprometerse a proteger y brindar seguridad a los pobladores intimidados y acosados.
Ni Celedonio Monroy, ni Gaudencio Mancilla, ni los desaparecidos de Cruz de Loreto tienen familiares poderosos que muevan los resortes del poder para que se les haga justicia, como ya obtuvo justicia el ex presidente del PRI, Humberto Moreira. La autoridad debe aplicar la justicia por igual; debe trabajar para encontrar a Celedonio Monroy y debe proteger la integridad de los comuneros o activistas amenazados.
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