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Presentación del dictamen preliminar del jurado de la Preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”

Foto: Centro Prodh

México, DF, a 9 de noviembre de 2012

Recomendaciones sobre la violación de los derechos humanos de personas, pueblos y comunidades  indígenas afectadas por presas

Cambios al modelo de gestión de agua y energía; reparar violaciones ocurridas y prevenir violaciones en el futuro

En Temacapulín, Jalisco, los días 5 y 6 de noviembre, se reunió el jurado independiente de la Preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” de la mesa de Devastación Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. El objetivo fue escuchar a personas y comunidades afectadas por presas, quienes denunciaron violaciones graves a los derechos de los pueblos y derechos humanos.

Durante la Preaudiencia, comunidades y organizaciones afectadas explicaron al jurado las afectaciones a sus derechos como pueblos y le solicitaron emitieran recomendaciones dirigidas a autoridades responsables de la política hídrica y energética del Estado mexicano. Entre los casos  que se presentaron, están los de las presas Paso de la Reina y Cerro de Oro y ampliación de esa misma presa (Oaxaca), La Parota (Guerrero), Las Cruces, El Cajón y La Yesca (Nayarit), El Naranjal y Zongolica (Veracruz), El Zapotillo y Arcediano (Jalisco).

Algunas de las violaciones que las comunidades denunciaron ante el jurado son el desalojo y desplazamiento forzoso; la violación del derecho a la información y participación de los ciudadanos, el desmembramiento de los territorios indígenas, la violación del derecho a la consulta y al otorgamiento del consentimiento previo, libre e informado; a los derechos económicos, sociales y culturales; y la criminalización de la protesta social frente a las presas.

Las afectaciones se concretan en historias como las de los desplazados de Cerro de Oro que tienen más de 40 años reclamando la reparación de daños; desplazados por la presa Arcediano, afectados por un proyecto con fallas tales que se suspendió cuando ya habían destruido la comunidad; poblaciones amenazadas con ser desplazadas, como Temacapulín, Acasico y Palmarejo, violentadas en su derecho a vivir en paz y no con la constante angustia ante la inminencia de ser desalojados por la fuerza; afectaciones que van desde la imposición de proyectos por medio de engaños y falta de información, como El Naranjal, hasta el uso de la fuerza para tratar de impedir que la comunidad participe en la defensa de su territorio como en La Parota, Guerrero.

Las recomendaciones preliminares que para cada caso emitió el jurado están basadas en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos de los pueblos y derechos humanos. El jurado recomendó revisar la política energética nacional con el objetivo de establecer una estrategia que reconozca y proteja los derechos humanos, individuales y colectivos reconocidos en el orden jurídico mexicano e internacional, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano; el respeto a derechos de los pueblos como el consentimiento libre, previo e informado para garantizar la existencia de los pueblos afectados, el ejercicio de su derecho a la autonomía, la integridad de sus territorios, la conservación de su identidad, incluyendo sus lugares sagrados, así como su derecho al desarrollo; en algunos casos se exhorta a considerar la cancelación de algunas presas, pero también se recomiendan reparaciones en los casos donde se han desalojado poblaciones y dañado a las comunidades y su territorio. Asimismo se llama al Estado mexicano a establecer directrices, políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a reparar violaciones de derechos humanos ya ocurridas y prevenir nuevas violaciones en el futuro.

El dictamen de la Preaudiencia que ahora se presenta será enviado al Tribunal Permanente de los Pueblos para que sea contemplado en el fallo final que será pronunciado en 2014.

Hoy por la mañana, el jurado dialogó con una representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el cual han sido interpuestas controversias constitucionales acerca de la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco, y al cual corresponde revisar casos de amparos que pueden presentar como recurso afectados por este tipo de obras.

El jurado interdisciplinario de la preaudiencia estuvo compuesto por Miloon Kothari, Ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, miembro de Housing and Land Rights Network, South Asia Regional Programme (India); Maude Barlow, Presidenta del Council of Canadians (Canadá), asesora principal sobre el agua con el presidente número 63 de la Asamblea General de la ONU; Carlos Vainer, Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional, Universidad Federal de Río de Janeiro; Monti Aguirre, Coordinadora para América Latina de International Rivers (EEUU); Patricia Ávila, Investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Premio Nacional en Ciencias Sociales (Academia Mexicana de Ciencias) y especialista en los temas de agua, sociedad y medio ambiente (México); Francisco López Bárcenas, Abogado de derecho indígena y autor de números libros sobre derechos indígenas, derecho agrario y movimientos sociales, y columnista de La Jornada (México); y Luis Daniel Vázquez, coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO y especialista en política y derechos humanos (México).

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