30
nov
11

Prisión de un solidario de la Voz del Amate inició en Veracruz


Su defensa la asume el CDH Fray Bartolomé de las Casas
Migrante tzotzil detenido y condenado a casi 30 años
Junto con otros presos en Chiapas, motivó carta de Amnistía Internacional
Organizaciones internacionales piden liberación por tortura e irregularidades
Zapateando.– Entre los participantes de la huelga de hambre colectiva que realizaron por 40 días en Chiapas presos de La Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y familiares de presos e integrantes de la Otra Campaña, se encuentran, después de levantar la huelga, de ser liberados cuatro de ellos y de ser trasladado Alberto Patishtán a un penal de alta seguridad en Guasave, Sinaloa: Rosario Díaz, Alejandro Díaz, Alfredo López, Pedro López, Rosa López, Juan Collazo, Enrique Gómez y Juan Díaz.
Uno de ellos, el indígena tzotzil Alejandro Díaz Sántiz, originario de Tzoeptic, municipio de Mitontic, fue detenido en Veracruz, procesado bajo la causa penal 162 /1999 y sobre él pesa una condena de cárcel de 29 años y seis meses, de los cuales ya cumplió 11 en prisión.
Actualmente su defensa está a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Después de pasar casi una década en cárceles del estado de Veracruz: en el Puerto, en la fortaleza de San Carlos de Perote (actualmente un museo) y en Papantla, los últimos tres años los ha pasado en Chiapas, donde está recluido en el Cereso No. 5 de San Cristóbal de las Casas Chiapas.
Su padre, Antonio Díaz Velázquez, durante años lo vino a visitar a las cárceles de Veracruz. Acompañado de su esposa o algún otro de sus hijos, hacía el viaje al puerto de Veracruz, durante aproximadamente un mes vendía chicles ahí para juntar dinero y visitarlo en Papantla, luego regresaba al Puerto, de nuevo a vender chicles durante semanas, para volver a Chiapas.
Pero dejemos que sea el padre del preso Solidario de la Voz del Amate, quien nos dé su testimonio sobre la prisión de su hijo:
“Bueno, lo que pasó: (En 1999) vino a trabajar aquí en el Puerto de Veracruz, mi hijo vino a trabajar con su esposa (vendían chicles), y traían un bebecito de edad de año y medio, apenas empezaba a caminar. Donde rentó la casa tenía una altura como de un metro y medio, el bebecito salió de la casa caminando, había muchos cascajos ahí abajo, el bebecito falleció, llegó muerto, yo creó se pegó…”
Más adelante, explicó que su mamá estaba dormida, le dejó el bebé al cuidado al papá, el papá dejó al niño dormido, y salió a la tienda a comprar algo, al regresar, halló al bebé muerto sobre el cascajo.
“Como no hablaba español mi hijo, empezaron a levantar que qué pasó. Y llagaron las autoridades a verlo y qué pasó. No sé, no sé, y no defendió, y no habla español, habla pura lengua materna, tzotzil. Y ahí están mis sobrinos, Y empezaron a preguntar qué pasó. No sé, no sé. “Acúsale a tus primos para que se vayan a la cárcel”, según así dijo las autoridades, allá en el puerto de Veracruz. Acúsalo para que se vaya a la cárcel, si no lo dices nada, te vas tú también. Sí. Contestó que sí, sí, sin entender bien qué.”
El entrevistado explicó que quienes le dijeron así eran “policías judiciales”. “Pero sí levantaron el expediente que dice que sí lo mató el bebé y lo violó y lo mordió, bueno, montón de cosas que hicieron el papeleo. Y como no defendió no habla español, y también mi nuera no habla español, y lo llevaron a la cárcel los dos, mi hijo y su mujer también. Y mi nuera se estuvo año y medio en la cárcel, en el puerto del Veracruz. De ahí salió libre. Y mi hijo quedó culpable, le dictaron sentencia 29 o 30 años.” De ahí “metió un amparo, se le bajó cuatro meses, para 29 años y seis meses en la cárcel.”
“Cuando le dictaron sentencia lo mandaron a Perote, estuvo ahí como dos o tres años y luego lo trasladaron a Papantla, y como está retirado y está lejos no puedo llegar a visitar cada poco, y siempre cuando vengo a la visita paso a trabajar unas dos o tres semanas, ahí en del puerto de Veracruz para visitar a mi hijo ahí en Papantla. Así estaba yo haciendo. Dos o tres veces al año, porque está retirado y gasta mucho el pasaje para ir a la visita.”
“Pero lo solicitamos su traslado, ahora, gracias por el Frayba, ahí en San Cristóbal de las Casas que lo solicitó y ahorita está ahí en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, hace tres años todavía.”
Tanto el Frayba como el propio Antonio Díaz hicieron los trámites para llevar el expediente y revisarlo, buscar el recurso legal para defenderlo.
En Chiapas, “hicieron huelga de hambre como 40 días, y también ahí estamos como familiares de los presos, ahí estoy haciendo plantón enfrente de la Catedral de San Cristóbal.” Y no tuvieron respuesta del gobierno de Juan Sabines.
Después de conocer a Alberto Patishtán, profesor, preso de conciencia, quien lo contactó con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Alejandro Díaz es integrante de los presos Solidarios de la Voz del Amate, que junto con La Voz del Amate y otras organizaciones, de presos y familiares de presos han realizado huelgas de hambre, ayunos, plantones, marchas, y enfrentado la represión por parte del gobierno del PRD en Chiapas, como el traslado de Patishtán, enfermo de glaucoma y delicado de salud por la huelga de hambre, a un penal de alta seguridad en Sinaloa.
Hay “varios compañeros que están presos, el compañero Patishtán que estaba en el Cereso 5, pero después de la huelga de hambre lo trasladaron a Guasave, Sinaloa. Dice la lista de los presos entre los cuales se encuentra su hijo: “Rosario Díaz, Alejandro Díaz, Alfredo López, Pedro López, Rosa López, Juan Collazo, Enrique Gómez y Juan Díaz”… Y lo que queremos solicitar es la liberación inmediata del compañero. Na´más así lo acusaron, montón de delitos que está pagando en la cárcel, no es justo pues, lo que queremos urgentemente es su liberación, todos los compañeros que están presos ahí”.
Su padre, Antonio Díaz, trabaja sembrando maíz en su pueblo, y ha conocido Veracruz por su lado más oscuro: Durmió en la fortaleza de San Carlos, donde se quedaban a dormir familiares de presos que no tenían donde quedarse. Incluso cuenta que antes de que trasladaran a su hijo a Chiapas, una vez que estaba en el Puerto de Veracruz supo de la visita de Fidel Herrera y logró hablar con él, contarle el problema de su hijo. El entonces gobernador ordenó a uno de sus funcionarios atenderlo, ésta le dio un teléfono y el indígena tzotzil le habló varias veces, pero el funcionario nunca lo atendió. Finalmente, tiró la tarjeta, ¿para qué servía si no lo atendían?
Después de la huelga de hambre que emprendieron el 29 de septiembre, que no es la primera, organizaciones de todo el mundo se pronunciaron sobre ellos:
“De acuerdo a la evidencia disponible su detención, juicio y condena estuvieron colmados de irregularidades y abusos, incluyendo denuncias de tortura y malos tratos. Amnistía Internacional cree que pudieron haber sido sujetos a  juicios injustos y condenas infundadas y por lo tanto deben ser repetidos sus procesos de acuerdo a los estándares internacionales sobre juicios justos o deben ser puestos en libertad.”
Otras organizaciones denunciaron la injusta reclusión y las condiciones de las cárceles en Chiapas: están “injustamente privados de su libertad ya que se les prefabricaron los delitos por los cuales están condenados a sentencias extremadamente largas, todas y todos fueron torturados física y psicológicamente en casas anónimas que no poseen ningún distintivo y que son centros clandestinos de detención y tortura.” Así expresaron, en un documento firmado por organizaciones de México, Italia, Suiza, el País Vasco, el Estado español, Argentina, Francia y otros.
El caso sigue presente en los comunicados de organizaciones de derechos humanos de muchos países, a contrapelo de la propaganda que los gobiernos mexicanos hacen de sí mismos como “respetuosos de los derechos humanos”. Y al menos uno de los casos, el de Alejandro Díaz Sántiz, inició en Veracruz, con una familia de indígenas tzotziles que vendían chicles en el Puerto y con una estructura de justicia que lo ha sentenciado a casi treinta años de prisión. Está en duda incluso si cuando lo detuvieron tenía ya la edad imputable, y una serie de cuestiones que el Centro de Derechos Humanos revisará para seguir su defensa legal. En un contexto descrito así por Amnistía Internacional:
“Amnistía Internacional ha documentado continuamente una inadecuada aplicación de la justicia en Chiapas y otros estados, en los cuales a indígenas que se encuentran en detención frecuentemente se les niega el derecho a una defensa efectiva y juicios imparciales.”

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