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Ayer fueron encontrados los cadáveres de la hermana, hermano y cuñada de Marisela Reyes, levantados el 7 de febrero en Valle de Juárez, Chihuahua. Marisela es ama de casa, no tiene dinero ni influencias políticas, por lo que recurrió a la huelga de hambre durante dos semanas para exigir la movilización gubernamental en la búsqueda de sus seres queridos. El desdén estatal y federal fue la respuesta.
Su hermano Elías estaba inmovilizado parcialmente por un derrame cerebral, su hermana Magdalena tenía placas en cadera y rodillas debido a la artritis, y su cuñada Luisa Ornelas padecía capacidades diferentes.
Las atrocidades cometidas contra la familia Reyes son resultado de la convulsión provocada por el crimen organizado y la militarización en el norte del país. La hermana de Marisela, Josefina, fue una activista que exigió esclarecer casos de desaparición forzada en Valle de Juárez, así como la salida del Ejército en la zona por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Josefina recibió amenazas de muerte. Primero asesinaron a su hijo, Julio César. Después ella fue ejecutada. Siguió su hermano Rubén. La impunidad privó en todos los casos. Ahora ejecutaron a tres familiares y se responsabiliza a comandos paramilitares.
Marisela, como otras mujeres pobres atrapadas en territorios de la guerra contra el narco, enfrenta una realidad brutal y despreciada. Para el gobierno federal ella es sólo una “víctima de daño colateral”. Es decir, no la han matado ni secuestrado (hasta ahora), nada más le destrozaron la vida. Ella enfrenta una cotidianidad llena de dolor, incertidumbre, miedo y necesidad económica.
De estas mujeres, entre otras “víctimas colaterales”, habla el libro de Marcela Turati, Fuego cruzado. La periodista se internó en comunidades desgarradas por esa guerra. Encontró familias despedazadas, como la Reyes, muchas encabezadas por mujeres. Las familias padecían crisis depresivas, temor, empobrecimiento creciente, deseos de venganza, y algunos de sus jóvenes estaban a punto de cruzar la línea hacia las adicciones o el narcotráfico.
Turati estima que por cada uno de los 35 mil muertos de esta guerra, la mayoría varones, hay de tres a 200 personas afectadas sicológica, moral y económicamente. La mayoría son infantes, jóvenes, mujeres, gente anciana o enferma. ¿Quiénes resguardan a ese ejército indefenso? Son las propias mujeres.
Ellas alimentan, protegen, curan, arriesgan su vida por sustento, consuelan y lloran a los suyos, en medio del fuego cruzado. Ellas mantienen la cohesión social en las regiones más peligrosas. Además de todo, ellas sacan coraje de manera ejemplar, como Marisela y las madres de Salvárcar, para exigir al Estado, no de forma colateral, sino frontal, justicia y el fin de la violencia. Ellas son admirables. Y, por lo visto, también relevo de carne de cañón.
Lo digo porque estas mujeres están dispuestas a relevar hombres en su desbandada por miedo al narco. Me refiero a la oleada reciente de nombramientos de jefas policiacas en Chihuahua y al aumento de mujeres policía en Juárez. Medio millar de ellas vigila la urbe más peligrosa del mundo. No confundamos, no es un logro de género. Estas mujeres aceptan el empleo al no tener otra alternativa laboral, e inevitablemente se ponen en la mira.
Ahora Marisela, su madre Sara Salazar y su hermana Claudia quedaron en vulnerabilidad. Durante el campamento de protesta, frente a la Subprocuraduría de Justicia Estatal, la casa de doña Sara fue incendiada, y lo mismo pasó con la casa de Malú García, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien se solidarizó con ellas.
Otra Marisela, de apellido Escobedo, fue asesinada hace dos meses en Chihuahua por un sistema corrupto e impasible al caso de asesinato de su hija. No dejemos sola a Marisela Reyes y su familia. Ella es una de las decenas de miles de víctimas invisibles del llamado “daño colateral”.
Periodista
