De 1960 a 2000: mil trescientos desaparecidos políticos
Vigilancia militar y retenes en la Huasteca
Celebración de su aniversario 33 en lucha por la tierra
Un homenaje al escritor Carlos Montemayor
Javier Hernández Alpízar.– En los nueve años de gobiernos federales panistas “los crímenes de lesa humanidad se han mantenido como práctica recurrente y política de Estado. Las cifras son alarmantes: cerca de 28 mil muertes, resultado de asesinatos selectivos y matanzas, de los cuales cinco mil son menores de edad, más de medio millar de presos políticos y de conciencia, cuatro mil detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, como parte de los daños “colaterales” de la supuesta guerra contra la “delincuencia organizada y el narcotráfico”.”
Las desapariciones forzadas son cometidas principalmente por “los gobiernos, los militares, gente del gobierno que no quiere ver a los compañeros que trabajan en un movimiento que lucha por sus derechos, por lo que son encarcelados y desaparecidos. Ya es tiempo de denunciar todo esto. Estamos cansados de tanta injusticia con la que nos han tratado. Por eso hoy decidimos informar todo esto”, dijo un representante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), Alejandro Bautista Lucía, en rueda de prensa en Xalapa.
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada
En el contexto de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, impulsado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), el FDOMEZ y otras organizaciones, como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, el Comité Monseñor Romero y el Comité Cerezo México, exigieron la presentación con vida de “hombres y mujeres que no dudaron en ofrendar sus días a a construcción de un mundo donde predomine la igualdad y paz con justicia social, como también no permitir que ningún caso quede en el olvido.”
Actualmente, en México, la práctica de la detención desaparición es “práctica recurrente y generalizada”. Bajo el régimen calderonista “son más de 4 mil desaparecidos por por motivos políticos y sociales, víctimas de la estrategia contrainsurgente llamada “guerra contra le delincuencia organizada”. El gremio periodístico “denuncia once desapariciones, sobresaliendo el incremento de éstas contra luchadores sociales” como los casos de: Francisco Paredes Ruiz (defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Diego Lucero AC, desaparecido el 26 de septiembre de 2007, ex integrante del Movimiento Armado Revolucionario de los años setenta, quien ya había sido desaparecido en esa época y luego fue luchador por presentación con vida de los desparecidos), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, ambos militantes del Ejército Popular Revolucionario, EPR). Y en la consignas finales, las organizaciones de la Campaña contra la Desaparición Forzada incluyen los nombres de Lauro Juárez (indígena chatino de 43 años, originario y vecino de Santa María Temaxcaltepec, Juquila, Oaxaca, integrante del Frente Popular Revolucionario, FPR, ejecutado extrajudicialmente, encontrado muerto en San Juan Lachao, distrito de Juquila, de acuerdo a la página web Viento de Libertad y La Jornada) y los de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez (indígenas triquis del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui, MULT, desaparecidas el 5 de julio de 2007).
Los impulsores de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada expresan que “la detención desaparición es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que es sancionado por organismos internacionales, que su lacerante práctica se acompaña de una grave consecuencia, la impunidad. En México no hemos logrado erradicarla, y menos aún llevar a juicio a ningún responsable de estos crímenes. Si bien es cierto que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) llevó a cabo una sentencia el 15 de diciembre de 2009 contra el Estado mexicano por al desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, con la cual nos congratulamos y exigimos al poder judicial de la federación acate la resolución y se aplique la normatividad internacional sobre los personajes del Estado mexicano responsables.”
En el documento de su organización, que el representante del FDOMEZ leyó y entregó a prensa, el recuento de este delito se remonta a la década de los 60 en Guerrero donde “se aplicó contra hombres y mujeres que lucharon por la tierra, educación, vivienda, alimentación y contra la opresión caciquil. A raíz de la generalización y altas cifras de víctimas de esta nefasta práctica, junto a otros crímenes de estado, es catalogada como guerra sucia. Los ejecutores materiales: el ejército federal, policías y paramilitares. En esta ofensiva criminal contra el pueblo en lucha sobresale por la crueldad de sus métodos represivos la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que crea el grupo paramilitar Brigada Blanca, encargado de torturar, asesinar y desaparecer toda expresión de organización popular y protesta social con la acusación de ser subversivos”.
Al lado de las dictaduras y gobiernos autoritarios en toda América Latina, de nombres conocidos como Pinochet, Videla y Stroessner, enlistaron, de México, a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, Miguel Nazar Haro, Fernando Gutiérrez Barrios y Luis de la Barreda Moreno. Afirman que esas represiones “recibieron dirección y financiamiento del Pentágono y la CIA”.
Además de mencionar las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, como parte de una represión que se extiende “de manera sistemática y con la misma intensidad hasta los años 80 y hoy en pleno siglo XXI continúa siendo una política de estado para acallar voces críticas al régimen y eliminar disidencias políticas de izquierda o como método de “investigación y procuración de justicia”, todo ello se inscribe en la lucha contrainsurgente”, denunció el FDOMEZ.
En respuesta a esa violencia se formaron las Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes han registrado “del año de 1960 a 2000, que gobernó el PRI, cientos de masacres en el campo y la ciudad; miles de asesinados, torturados y cientos de personas que fueron lanzadas al exilio, otros tantos que en el país viven persecución política y los mil trescientos casos de detenidos desaparecidos por motivos políticos, actos de barbarie que continúan impunes.”
Aniversario del FDOMEZ y homenaje a Carlos Montemayor
Además, el FDOMEZ invitó a la Huasteca a “periodistas, y a quienes quieran acompañarlos, el 15 y 16 de septiembre, pues el 15 se cumple el 33 aniversario de la recuperación de las tierras y su defensa. Recuerdan el bicentenario de la guerra de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. El 16 de septiembre van a hacer un pequeño homenaje a Carlos Montemayor, escritor muy reconocido.”
Las actividades iniciarán el 15 de septiembre, con “una marcha en Chapopote Veracruz, a las 9:00 horas, de ahí partirán al campo Mártires Agraristas, donde será el festejo”.
La militarización en la Huasteca
La Huasteca es una zona donde son constantes la vigilancia militar y los retenes: Las más recientes incursiones militares ocurrieron los días 12, 14 y 16 de agosto, y fueron realizadas por elementos de 84º Batallón de Infantería, con sede en Huejutla, quienes pusieron un retén en el Ixtle, Huautla, y entraron a la comunidad de Chiliteco, en el municipio de Huautla, Hidalgo, preguntando: “¿que si no habían visto gente desconocida?”, al tiempo que sobrevolaban a baja altura en helicópteros (los días 14 y 16) en Tepetzintla, Chiliteco, Tohuaco I y II y Amatzintla, municipio de Huautla, Hidalgo.
En una asamblea de la organización en la comunidad de Oxale, Huejutla, los campesinos fueron rodeados e interrogados por un destacamento del ejército federal. En un comunicado del FDOMEZ explican: “En los retenes revisan los carros y hacen preguntas: si han visto a gente desconocida. Anda un civil entre los militares, quien toma fotos de los carros y personas que viajan”.
Otro incidente que denuncian es que un militar “retirado” (comillas en el original), quien se hacía pasar por vendedor de medicinas, “quiso quedarse por la fuerza en la comunidad, cosa que no se le permitió.”
Los campesinos organizados en FDOMEZ responsabilizan “de la represión en contra de nuestras comunidades, así como de la integridad física y psicológica de nuestros dirigentes” al comandante del 84 Batallón de Infantería con sede en Huejutla de los Reyes, Hidalgo, el coronel Roberto Martínez Hernández.
