(Notas rebeldes)
Una misión internacional de organizaciones civiles canadienses que visitó la comunidad de Chicomuselo en Chiapas, concluyó su estancia para “dar cuenta de los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde que la minera de capital canadiense Blackfire llegó para explotar barita en la zona”.
Tras observar la mina y reunirse con distintos actores, los delegados Rick Arnold, de la organización Common Frontiers, Dawn Paley de Mining Watch y Marck Rowlison del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos de Canadá (United Steelworkers), identificaron tres necesidades urgentes: que el gobierno canadiense tenga mayor control sobre las actividades de sus trasnacionales en el mundo, incluyendo la falta de responsabilidad social; que los pobladores de la zona cercana a la mina se encuentran en riesgo por la posibilidad de deslaves y por el daño ambiental provocado; y que se ha gestado un descontento generalizado de la población que pide irrevocablemente la salida de Blackfire de México.
;Nuestra misión observó la situación en el Ejido Grecia y enviará toda la información al gobierno de Canadá pidiendo que se exija responsabilidad social a Blackfire;, dijo Rick Arnold.
Los delegados de la misión coincidieron en que el tema más importante en este caso es el asesinato de Mariano Abarca, del cual se cumplen cuatro meses mañana; sin embargo, su trabajo se concentra en las exigencias que harán al gobierno canadiense.
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