En su visita al Otro Plantón Molino de Flores, Gloria Arenas Agis, leyó:
LOS PRESOS DE ATENCO DEBEN SER LIBERADOS
Mi nombre es Gloria Arenas Agis, expresa política, Hoy estoy aquí a las puertas del reclusorio de Molino de flores para demandar la libertad de los presos políticos de este penal y del Altiplano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo de los 12 presos políticos de Atenco. En estos momentos es el máximo tribunal de la nación quien tiene en sus manos la oportunidad de corregir la tremenda aberración que significa mantenerlos encarcelados. Tiene la oportunidad de solucionar un conflicto en el que la dependencia de los órganos judiciales del Estado de México respecto al ejecutivo ha sido evidenciada con claridad.
Políticamente y jurídicamente es insostenible mantener a estos doce presos en prisión. Su encarcelamiento no hace mas que demostrar que en este caso predomina la venganza y los jueces actúan por consigna. La ilegalidad de su detención y encarcelamiento son tan obvios que desde 2006 personas de todo el mundo han demandado su liberación. El año pasado integrantes del FPDT recorrieron doce estados de la república, fueron recibidos solidariamente por diversas organizaciones sociales que llevaron a cabo 100 actos públicos por la libertad de estos doce presos. Hace unos días once premios novel de la paz se entrevistaron con el secretario de gobernación para entregarle una carta en la que piden a Calderón la libertad de los presos de Atenco, se entrevistaron también con un ministro de la corte y con algunos diputados.
La premio novel de la paz Jody Williams dijo que “lo que hacen con los presos políticos de Atenco es asqueroso. Quiero decir que lo hacen porque es una cuestión política”. Efectivamente así se ve en México y el mundo el encarcelamiento de los tres presos que permanecen en la prisión de máxima seguridad Altiplano y de los nueve presos en el reclusorio de Molino de las Flores, como una marranada, una ilegalidad asquerosa que nada tiene que ver con la justicia ni con el estado de derecho sino que es una venganza contra FPDT que logró evitar la expropiación de sus tierras en las que se pretendía construir un aeropuerto. Es un mensaje para y escarmentar a un pueblo insumiso que se organizó para defender sus tierras y derechos y que se atrevieron a solidarizarse con otras luchas y a transmitir su experiencia. El encarcelamiento de los presos políticos de Atenco es un mensaje para inhibir que el ejemplo de organización y resistencia de este pueblo sea seguido por otros pueblos que a lo largo y ancho del país están sufriendo en estos momentos el despojo. El encarcelamiento de los doce presos políticos de Atenco es también un mensaje de seguridad para el capital mundial que dice “el capital puede despojar de tierras a los pueblos, puede contaminar y saquear los recursos naturales del país que le estado mexicano se encargará de encarcelar y castigar la resistencia a toda costa, así como de reprimir que ese ejemplo sea seguido por otros”
El encarcelamiento de los presos políticos de Atenco es un atentado contra li libertad de expresión y de organización, que pone de manifiesto el autoritarismo de los gobiernos federal, estatal y municipal. El caso de Atenco es político y no jurídico porque el gobernador del estado está en campaña para las elecciones presidenciales de 2012 y desea enviar un mensaje de fuerza, aunque ésta esté sostenida por una cadena de ilegalidades.
La índole política del caso y la ilegalidad de los procesos y condenas contra tres integrantes del FPDT y nueve campesinos que circulaban cerca del lugar en el momento del ataque represivo contra el pueblo de Atenco es inocultable para el país y para el mundo. en el afán de mantenerlos presos, los gobiernos de los tres niveles tuvieron que recurrir a los delitos exprofeso para reprimir en nombre de un inexistente estado de derecho.
Hace décadas se inventó el delito de disolución social que tuvo que ser derogado para liberar a los presos políticos. Hoy los delitos que cumplen la función de criminalizar las luchas populares son los de delincuencia organizada, secuestro equiparado y daños a las vías de comunicación, que se aplican respectivamente a la organización social, a la retención de funcionarios y al bloqueo carretero, expresiones características de los movimientos. Equiparar las manifestaciones del descontento y la disidencia con delitos comunes con los que nada tienen que ver es propio de las dictaduras. Y es precisamente de estos tres delitos que se acusó a los presos políticos de Atenco.
Se les retiró el cargo de delincuencia organizada, pero se les procesó y sentenció por el secuestro equiparado y daños a las vías generales de comunicación Han transcurrido casi cuatro años de prisión injusta. Las sentencias de 112 años de prisión para unos y de 31 años para otros es una asquerosidad que lastima al país entero.
El veredicto de la Suprema Corte de Justicia debe ser favorable porque la lucha social no es un delito. Convertir a luchares sociales en criminales es, esto sí una ilegalidad, un delito. Además no hay prueba alguna de la participación de los presos de El Molino de las Flores en los acontecimientos, así que conforme a la ley es insostenible una sentencia condenatoria. Jurídicamente se diría que no está probada la responsabilidad de los acusados y, por lo tanto, se les debe considerar inocentes en la comisión de los delitos por los que se les juzgó. El veredicto debe ser favorable porque el caso de los 12 presos está plagado de arbitrariedades e irregularidades desde la misma detención y el proceso, por lo que las sentencias son ilegales.
Pero el encarcelamiento de estos 12 presos políticos no es la única aberración jurídica de este caso que está lastimando al país, también lo es la impunidad para los violares de al menos 26 mujeres, los torturadores de las 207 personas detenidas y del homicidio de un niño y un joven el 3 y 4 de mayo en Atenco. Autoridades de todos los niveles son los autores intelectuales y materiales de estos crímenes y esto es de dominio público. La impunidad para ellos pone de manifiesto el carácter político de este caso y su asquerosa ilegalidad que ya resulta imposible de cubrir con discursos mentirosos en los medios masivos de comunicación.
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS DOCE PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO!
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During her visit to the Molino de Flores Otro Plantón, Gloria Arenas Agis read the following statement:
ATENCO PRISONERS MUST BE FREED
My name is Gloria Arenas Agis, former political prisoner. I’m here today at the gates of Molino de Flores to demand freedom for the political prisoners in this prison and those in the Altiplano prison.
The federal Supreme Court has decided to hear the petition for a protective order in the case of the 12 Atenco political prisoners. Right now, the highest court in the land has the opportunity to correct the tremendous outrage of their imprisonment. It has the opportunity to resolve a conflict in which the dependence of the State of Mexico’s judicial bodies on the Chief Executive has been clearly shown.
It is both politically and legally untenable to keep these 12 prisoners behind bars. Their imprisonment only shows that vengeance rules in this case and that the judges have followed orders from above. The illegality of the prisoners’ arrest and imprisonment is so obvious that people all over the world have demanded their freedom ever since 2006. Last year, members of the Peoples’ Front in Defense of the Land (FPDT) traveled to 12 different states in the country and were received in a show of solidarity by social organizations that organized 100 public events and actions to demand freedom for these 12 prisoners. Several days ago, 11 Nobel Prize winners met with the Secretary of the Interior to deliver a letter to Calderón seeking freedom for the Atenco prisoners; they also met with a magistrate and with several legislators.
Nobel Prize winner Jody Williams said, “What they’re doing to the Atenco political prisoners disgusts me. I mean they’re doing this because it’s a political issue.” In effect, that’s the way the imprisonment of the three prisoners in the maximum security Altiplano prison and of the nine prisoners at Molino de Flores is seen in Mexico and the world –as a filthy, rotten business, a foul display of illegality that has nothing to do with justice or with the state of law. It’s an act of vengeance against the FPDT, which succeeded in avoiding the expropriation of their lands where an airport was to be built. It’s a message sent to teach an insubordinate people a lesson for defending their lands and rights, for standing in solidarity with other struggles, and for telling others about their experience. The imprisonment of the Atenco prisoners is a message sent to keep their example of organization and resistance from being followed by other peoples throughout the country who are now being dispossessed. The imprisonment of the 12 political prisoners of Atenco is also a security message to world capital that says: “Capital can strip peoples of their lands, pollute and loot the natural resources of the country, and the Mexican state will take care of jailing and punishing resistance at all costs to make sure this example will not be followed by others.”
The imprisonment of the Atenco political prisoners is an attempt against freedom of expression and organization that exposes the authoritarianism of the federal, state, and local governments. The Atenco case is political and not legal because the state Governor is campaigning for the Presidency of Mexico in the 2012 elections and wants to send out a forceful message even though it’s based on a chain of illegal acts.
The political nature of the case cannot be hidden from people in this country and the world, and neither can the illegality of the trials and sentences of the three FPDT members and the nine growers found near the scene of the repressive attack against the people of Atenco. In its zeal to lock them up, the government at all three levels has expressly resorted to crimes of repression in the name of defending a non-existent state of law.
Several decades ago, the crime of “social dissolution” was invented, and it was necessary to repeal the statute in order to free political prisoners. Today the measures that criminalize people’s struggles have to do with “organized crime,” “aggravated kidnapping,” and “damage to public thoroughfares,” and these are applied respectively to social organizations, to the retention of functionaries, and to roadblocks, all of which are characteristic expressions of social movements. Putting manifestations of discontent and dissidence on the same level as totally unrelated common crimes is typical of dictatorships. And these are precisely the charges leveled against the Atenco prisoners.
The organized crime charge has been dropped, but the prisoners were tried, found guilty, and sentenced for aggravated kidnapping and for damage to a public thoroughfare. They’ve been unjustly imprisoned for four years. The prison terms of 112 for some and 31 years for others are an abomination that seriously harms the entire country.
The federal Supreme Court’s verdict must be favorable because the social struggle is not a crime. But converting social activists into criminals is, in fact, illegal; it’s a crime. Furthermore, there’s no evidence whatsoever of the participation of the Molino de Flores prisoners in the events, so, according to law, there are no grounds for a guilty verdict. Legally, there is no proof of the responsibility of those charged; accordingly, they must be found innocent of the crimes for which they were tried. The verdict must be favorable because the case of the 12 prisoners is plagued with government misconduct and arbitrary actions beginning with the arrest and continuing throughout the entire judicial process; thus the sentences are illegal.
But the imprisonment of these 12 political prisoners is not the only legal travesty in this case that has damaged the country as a whole; there is also the impunity for the rapists of at least 26 women, the torturers of the 207 people arrested, and the murder of a child and a youth on May 3 and 4, 2006, in Atenco. Authorities at all levels are the intellectual authors and the perpetrators of these crimes, and this matter falls into the public domain. Impunity for these authorities clearly shows the political nature of this case and shows the rotten illegality now impossible to cover up with lies in the news media.
IMMEDIATE FREEDOM FOR THE 12 POLITICAL PRISONERS OF ATENCO!
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