Madre de preso político en Almoloya denuncia ineficacia de la CNDH

Movilización del FPDT frente a la SCJN el 7 de enero

Javier Hernández Alpízar, Ciudad de México.– El miércoles 7 de enero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) realizará un mitin frente a las oficinas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), a las 10 de la mañana. En esos días se se resolverá la situación jurídica de los presos políticos en Molino de las Flores, Texcoco, Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona, cuyos casos se encuentran en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Poder Judicial Federal.

Entre los convocantes a esta movilización por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco está Rosa Nelly Urrutia Castañeda, madre de crianza del abogado del FPDT, Héctor Galindo Gochicoa, preso en el penal de Altiplano, en Almoloya, Estado de México, al igual que Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández.

La madre de crianza de Héctor Galindo explicó –entrevistada durante los días del Festival de la Digna Rabia en México– que a raíz de las denuncias por maltratos a los internos en el penal de Altiplano y la defensa jurídica que Héctor Galindo y ella han dado a algunos internos, como castigo, las autoridades del penal se niegan a reconocer un oficio firmado por la anterior comisionada del Centro de Readaptación Social (Cereso) en el que se le permite visitar al preso político, por lo cual ella no ha podido entrara a verlo, solamente puede hacerlo por el momento su abogada.

Soy madre de crianza –dice la señora Nelly Urrutia –, “soy madre de hecho, más no de derecho. Me lo traje a vivir a mi casa cuando tenía 15 años, entonces, es imposible que ahora lo adopte, porque ya tiene sus documentos con el nombre de Héctor Galindo Gochicoa, y está orgulloso de su ascendencia y todo”.

Héctor estuvo incomunicado aproximadamente año y medio. El 7 de agosto, a su madre de crianza le dieron un oficio, “donde ordena la comisionada del Centro de Readaptación Social que se me permita entrar como madre de crianza, ya que no tiene familia biológica”.

Ahora, desde hace aproximadamente un año, le niegan el ingreso, “dado que cambiaron de comisionado y de directora del penal. Y desconocen el oficio.”

Ella les ha preguntado con base en qué criterio, “ya que el oficio no es una cosa de individuos sino institucional, pero no me han contestado. Solamente me dicen que me dan 60 días para acreditarme como madre de crianza, cosa que no puedo hacer. Hace dos meses que nuevamente me han prohibido verlo”.

Desde entonces, solamente lo ha podido visitar la abogada. Por ello, la exigencia de que le permitan ver al preso político está entre las demandas de la próxima movilización:  “Sí, le dije al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que he tratado por la vía legal que reconozcan ese oficio formado por el órgano administrativo desconcentrado de readaptación social, que le den validez. Ante la negativa de la institución de reconocer un oficio firmado por ellos, entonces hay que hacer una movilización para presionar. Yo no he podido adoptarlo, dado que no puedo cambiar sus papeles”.

Los administradores de Altiplano argumentan que el reglamento del penal dice que no puede entrar si no es familia directa, que no se contempla la adopción ni la familia de crianza. “Eso ya estaba rebasado. Legalmente ya se había rebasado, con el oficio que ahora desconocen.”

Héctor es abogado y, con ayuda de la señora Nelly Urrutia, “hemos demandado ciertas situaciones al penal, y lo que están haciendo es una venganza. Le voy a a decir por qué: Yo acusé al tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Andrés Calero, por no estar conduciéndose con profesionalismo y legalidad, dado que veo mucho contubernio con el comisionado y la directora del penal.” 

A raíz de eso vino un castigo de 65 días para Héctor Galindo. “Lo que hice fue una movilización fuertísima que logró revocar ese castigo, y quedó en 21 días.”

Después se regularizó la situación y pudo visitarlo, pero “casualmente, un mes después me dicen que ya no soy su madre. Es una venganza, tanto de la CNDH, como del comisionado y el director del penal.”

A un preso querían amputarle las dos piernas, porque tenía una enfermedad, cuanta la entrevistada: “Mi hijo dijo que metiera yo un amparo. Lo hice, como mi hijo me lo dijo, y esa persona salió del penal por 75 días. Lo llevaron a un hospital para que lo trataran y no le cortaron las piernas.”

A otro preso, lo tenían castigado, “tenía un dolor muy intenso y en lugar de tratarlo, lo castigaron. Entonces mi hijo me dijo que metiera un amparo, porque lo tenían castigado. Este compañero tenía colitis y, por ello, un dolor intenso. Se metió el amparo y también lo trataron.”

El abogado Héctor Galindo sigue luchando desde el penal, ahora con los presos. Porque “independientemente de lo que los presos hayan hecho, mi hijo es un luchador social y abogado.”

Entonces, dice su madre, “veo que es una manera de quererme aplacar y someter castigando a mi preso.”

La madre de crianza del preso responsabiliza de todo ello tanto a la CNDH, al comisionado, y a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, “quien me negó ver a mi hijo. Es una venganza por lo que mi hijo ha luchado dentro del penal.”

Toda esa dependencia, la CNDH, “son unos prepotentes. He entrado a esa institución y son unos elitistas y discriminatorios. Tienen unos sueldazos. Tienen camionetas que les paga la CNDH, tienen celulares, entonces han perdido el piso y no saben que están tratando con el pueblo, porque ellos se mueven en un ambiente muy alto. Entonces a nosotros nos tratan muy mal.”

La entrevistada pidió información sobre “cuántas denuncias habían al penal por falta de atención, y de alimentación, porque la alimentación es muy poca, es muy escasa. Les dan tres minutos para comer, entonces, en lo que van a entregar la charola tienen que tirar la comida. Como hay muchos perros, yo pienso que lo que no alcanzan a comer se va al bote de la basura para los perros.”

Los perros están mejor que los presos, a quienes les dan 3 minutos para comer. “Pasan 23 horas encerrados en una celda de tres por dos. Últimamente ya le metieron un compañero ahí. Eso genera problemas, porque convivir 23 horas encerrado con un compañero. Tres minutos para bañarse. En realidad, es una cárcel de exterminio. Y como yo he hecho todas esas denuncias, pienso que esto es una venganza.”

De la información que pidió, le contestaron que había una denuncia por falta de atención y dos por escasa comida. “Me parece inverosímil que haya tan poquitas denuncias, pero eso me contestó la CNDH.”

“Vi en el periódico –dice la madre del preso político– que es una institución que nos cuesta billones de pesos y realmente no trabaja. Las resoluciones tardan meses, hasta años. La CNDH determinó que sí hubo violación a sus derechos por llevarlos a un penal de máxima seguridad. Sin embargo, no han hecho la recomendación.” 

Es el mismo caso que pasaba con Flavio Sosa, quien estaba en un penal de máxima seguridad pero lo pasaron a un penal cercano a donde él vive. “Es la misma situación de los compañeros y, sin embargo, la CNDH les dio más tiempo (a los del penal) y no ha hecho una recomendación, sino una conciliación. Pero los muchachos siguen presos, yo no veo el trabajo de la CNDH por ningún lado.”

Me atrevo a decir, redondea su denuncia, que es “un total contubernio con el gobierno federal, con la Secretaría de Seguridad Pública. Y la CNDH no ha servido para nada, al contrario, avalan los abusos.”

Denuncia que recientemente a Héctor Galindo lo escupió un custodio. “¿Que ha pasado? Nada. Las denuncias que uno hace: no pasa nada.”

La situación raya en el absurdo: “El penal le manda a decir a la CNDH: No aquí no maltratamos, aquí no torturamos, aquí no vejamos. Ni modo que envíen un informe a la CNDH diciendo: sí, los violamos, los golpeamos, los torturamos. Pero la CNDH se aboca a lo que le dice el escrito. Ni modo que el agresor le vaya a decir, sí lo golpee y torturé.”

“Esa es la desolación que sentimos los familiares de los presos”, se queja con la voz quebrada. 

Para concluir, argumenta la inocencia de los presos políticos de Atenco: “Nuestros familiares no hicieron nada. Esto fue amañado, porque: ¿Quién los acusa?, el gobierno. ¿Quiénes son los testigos?, el gobierno. ¿Quién es el juzgador?, el gobierno. Es un juicio totalmente parcial. Amnistía Internacional debería retomar el caso de estos presos, porque sus juicios han sido totalmente amañados.” 

Ahora le toca el turno de Ortiz Mayagoitia, señala, de la SCJN, para ver si actúa conforme a derecho y deshace el entuerto jurídico contra los preso de Atenco, opina la madre de Héctor Galindo, Rosa Nelly Urrutia Castañeda.

Por estas demandas y para apoyar la apelación de los presos políticos de Molino de las Flores, Texcoco, se van a movilizar el FPDT y personas de la Otra Campaña ante las oficinas de la SCJN.