Babel

Javier Hernández Alpízar

Lo peor de todo es que ya no es novedad. Es un modus operandi de los gobiernos. Y en Veracruz, es ya un uso y costumbre gubernamental.
La noticia dada a conocer por el corresponsal de La Jornada, Andrés Timoteo –sí, el mismo cuya casa en el Puerto de Veracruz fue objeto de dos robos, el primero de su información almacenada en computadora y memoria, y el segundo, de objetos de valor chuleados por los “peritos” que atendieron a la denuncia del reportero, delito por cierto no esclarecido y, por ende, impune–, que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Silvia Domínguez, ha demandado penalmente a los integrantes del Comité de Defensa del Predio La Joyita por supuesto “secuestro” o “privación ilegal de la libertad”, tiene todas las características de una receta gubernamental.
Y resulta verdaderamente paradójica, una secretaria del medio ambiente demandando penalmente a ambientalistas. Muy veracruzano.
Durante el sexenio anterior, cuando el gobernador era Miguel Alemán y el presidente municipal de Jalapa era el actual secretario de gobierno Reynaldo Escobar, también un conflicto ambiental –la instalación en un predio de cafetal y bosque de niebla desmontado en El Tronconal de un basurero a cielo abierto, luego transformado en un “moderno y con tecnología de punta” relleno sanitario, la cual causó protestas de la comunidad jalapeña rural de Chiltoyac – fue enfrentado con el código penal como instrumento represor.
La primera acusación contra algunos de los habitantes de Chiltoyac y algunos de los ambientalistas fue, adivinaron: “secuestro”… Durante un show mediático en el que el entonces alcalde de Jalapa pensaba presumir a la prensa su obra, llegaron a pedir la palabra y hacer cuestionamientos algunos campesinos y unos pocos ambientalistas. La comitiva presidencial municipal huyó en una camioneta, con un ambientalista que entonces criticaba a sus colegas, Sergio Aguilar, a bordo junto con los funcionarios municipales.
La demanda por “secuestro” intimidó a la población, y a los ambientalistas también, pero no los desmovilizó, siguieron protestando y luego hubo más demandas penales, por “calumnia”, contra periodistas, incluido el caricaturista el Tlacuilo, quien ya no quiere ni acordarse de ese affaire.
En ese momento, las demandas penales, por “secuestro” primero y por “calumnias” después, fueron un método para disuadir la protesta. El relleno sanitario se quedó. Ya su “vida útil” acabó, y el tiempo dio la razón a los señalamientos técnicos de los ambientalistas, quienes leyeron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) casi como si fuera un documento “secreto”, documento que vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) luego salió copiado completo, pero aquí no dejaban a los técnicos ni fotografiarlo.
Más recientemente, la demanda penal por calumnia ha sido usada contra Verónica Hernández Argüello, contra quien la empresa productora masiva de cerdos Granjas Carroll convirtió esa demanda, y sus órdenes de aprehensión y de reaprehensión, en una pesadilla kafkiana; y también por un empresario, de apellido Fernández, contra Sergio Aguilar, acusado igualmente de calumnia o de difamación por denunciar que la deforestación de La Joyita acabaría con el hábitat de numerosas aves y fauna endémica. En el primer caso, la empresa retiró los cargos; en el segundo, el dueño de La Joyita perdió el pleito legal ante el ambientalista.
Pero las demandas penales contra defensores del medio ambiente no han cesado. La Alcoholera Zapopan, en el municipio de Cuitláhuac, demandó por calumnias y difamación a los defensores del agua que antes habían demandado a esa empresa penalmente, ante la Procuraduría General de la República (PGR), y con denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por contaminar con vinaza, sustancia tóxica residuo de la producción de alcohol, las aguas del río Atoyac y sus afluentes, así como campos de cultivo de diversos productos, como el limón persa de exportación.
Actualmente, las demandas de las comunidades afectadas duermen el sueño de los justos, pero ellos sí han tenido que conseguirse un abogado y presentarse a declarar por la demanda penal por “calumnia”.
Parece que las demandas suben ahora de tono, ya no son por “calumnia, difamación” o cosa parecida.
Recientemente fue detenido un ciudadano de la comunidad de La Gloria, en Perote, por policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusado junto con otros ciudadanos y ciudadanas de “ataque a las vías de comunicación”, por participar en una marcha en defensa del agua y el medio ambiente y en protesta contra Granjas Carroll, movilización protagonizada por centenares de afectados de comunidades de Veracruz y Puebla. La AFI en el estado deteniendo ambientalistas en Perote y campesinos en Ixhuatlán de Madero, otro rasgo común.
Ahora esto que informa Andrés Timoteo en La Jornada on Line: “Integrantes del Comité de Defensa del Predio La Joyita fueron acusados penalmente por el gobierno de Veracruz de privación ilegal de la libertad durante el bloqueo que el lunes pasado realizaron en las instalaciones de la Coordinación General del Medio Ambiente.”
El gobierno del estado cuenta con una ventaja enorme. El aparato de justicia estará a su disposición, y las diligencias correrán rápido para que los demandados sean citados a declarar y se vean en la necesidad de gastar tiempo, dinero, atención y energía en defenderse legalmente (y políticamente, porque también tendrán que hacerlo) en lugar de seguir manifestándose como hasta ahora. La ocasión más reciente: el 1 de mayo.
Pero también, al igual que el gobierno poblano en el caso Granjas Carroll, y que empresas como la Alcoholera Zapopan y empresarios como los dueños de La Joyita y ahora la Sedesma, el gobierno tiene una gran desventaja… No le creemos.
Porque observamos que los veracruzanos demandados por defender el agua, el bosque y el medio ambiente son víctimas de una dinámica estereotipada, una receta: usar las demandas penales, sea por “secuestro”, “calumnias”, “difamación” o “ataques a las vías de comunicación”, como instrumentos contra la protesta social ambiental.
Eso se llama judicialización y criminalización de la protesta. Además, al medio ambiente no lo pueden intimidar, como en El Tronconal, el tiempo da la razón a los campesinos y ambientalistas.