Procedimiento administrativo a delegados de SP 

Denunciar ante MP posibles delitos

Indemnizar a indígenas que estuvieron presos en Villa Aldama

Javier Hernández Alpízar.– Sancionar conforme a derecho a policías que, violando derechos humanos, participaron el 14 de junio de 2007 en la detención de los campesinos de Ixhuatlán de Madero, conocidos como Dorados de Villa, recomendó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

La comisión aconseja además investigar a funcionarios de Seguridad Pública, para esclarecer responsabilidades, y en su caso denunciar los delitos probablemente cometidos. Indemnizar a los agraviados es otra de las exhortaciones de la CEDH.

En la recomendación número 30, emitida con fecha del 10 de abril de este año, firmada por la presidenta de la CEDH, la ex secretaria de gobierno en el sexenio de Miguel Alemán, Nohemí Quirasco Hernández, y dirigida al secretario de seguridad pública, el militar retirado con el cargo de “general brigadier retirado”, según el tratamiento oficial, Juan Manuel Orozco Méndez, se pide a esa dependencia del gobierno estatal que:

“Con fundamento en los artículos 2, fracción VI, 48 y 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el estado, el secretario de Seguridad Pública en el estado deberá girar instrucciones a quien corresponda para que se sancione conforme a derecho corresponda a Victoriano Domínguez Avelino, Francisco Vázquez Sánchez, Santos Cruz Cruz, Rogelio Arenas Gabriel, Ignacio de la Cruz Cruz, Heriberto Nicolás Santiago Sara, Abraham Noguera Meza, Francisco Hernández Martínez, Marcelo Hernández Hernández y Nilo Martínez Hernández, elementos de Seguridad Pública del estado por conculcar derechos humanos en prejuicio de Basilio Villa Antonio y otros”, frase con la que alude a los 10 campesinos de Ixhuatlán de Madero detenidos por la policía estatal y presos en Villa Aldama por 20 días.

La CEDH sugiere asimismo que “se inicie procedimiento administrativo en contra de los ciudadanos Carlos Benítez Campos, Ignacio Sánchez Hernández y José Smith Biraghi, subdirector operativo regional de la zona norte, delegado de seguridad pública en Benito Juárez, Veracruz, y delegado se seguridad pública en Tuxpan, Veracruz, respectivamente, con la finalidad de que se determine la responsabilidad en que incurrieron en los hechos materia de la correspondiente recomendación (No. 30 / 2008), y de ser procedente se les sancione conforme a derecho corresponda.”

Recomienda también, “con la finalidad de que en los sucesivo se abstengan de incurrir en conductas como las observadas en la presente”, que a los elementos de seguridad pública se les “capacite mediante cursos en materia de derechos humanos” y sean “entrenados en el uso de armas de fuego”.

También aconseja al titular estatal de Seguridad Pública que denuncia en la agencia del Ministerio Público los “hechos torales” de la recomendación “toda vez que de la misma se podría desprender la comisión de un hecho delictuoso”.

Además pide que a los campesinos cuyos derechos humanos fueron “conculcados” que se les proporcione una “indemnización, justa y apropiada, compensatoria y de esta forma sean resarcidos sus derechos.”

En el cuerpo del documento transcribe un extracto de la queja de los campesinos, quienes señalan uso de armas de fuego por parte de los policías (que ellos calculan entre 40 y 50 elementos), por la cual uno de ellos fue herido en un glúteo, y la bala jamás pudo extraerse; golpizas durante la detención, traslado e interrogatorios.

Además denuncian una forma de tortura psicológica durante el traslado: “diciéndonos que nos iban a violar, incluso nos bajaron los pantalones y nos pegaban en las nalgas con las fundas de nuestros propios machetes”.

Los campesinos aseguran que sólo portaban machetes y no armas de fuego, pero que ya en Villa Aldama “nos obligaron a agarrar unas armas, procediendo a fotografiarnos portando las mismas”.

La comisión cita también la respuesta de la policía, quienes niegan haber violado derechos humanos y arguyen resistencia violenta de los campesinos a ser desalojados del predio, reclamado por Blanca Esther y Marco Antonio Faisal Ramal, así como Karla Elizabeth Assad Faisal.

Las revisiones médicas y entrevistas de la comisión con los presos, durante su prisión en Villa Aldama, acreditan golpes y heridas: “lesiones que tardan en sanar menos de quince días”, principalmente golpes, que técnicamente diagnostican como “policontusos” y hematomas, es decir hinchazones con hemorragia interna o moretones.

Además, el informe reseña las llamadas de organizaciones como la Red Unidos por los Derechos Humanos y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en la ciudad de México, quienes preguntaban por el paradero de los campesinos y del observador de derechos humanos Javier Islas Cruz, el primero en ser liberado de Villa Aldama “bajo reserva”, cuyo testimonio difundido en los medios describe las mismas violaciones a derechos humanos que señalan los campesinos, golpizas y presión psicológica, o, en lenguaje menos eufónico: tortura.

Al presentar su queja, los campesinos del municipio de Ixhuatlán de Madero se enlistan del modo siguiente: Antonio Santiago Hernández, de 34 años, originario de Piedra Grande Chicolito; Enrique Flores Catarino, de 60 años, originario de Lomas del Dorado; Audecio Santiago Hernández, de 30 años, de Piedra Grande; Severo Antonio Hernández, de 19 años, de Lomas del Dorado; Alicio Martínez Cruz, de 23 años, de Lomas; Domingo Francisco Verónica, de 65 años, de Lomas; Pedro Gutiérrez Hernández, de 50 años, de Lomas; Daniel de la Cruz Antonia, de 76 años, de Lomas y Luis Francisco Martínez, de 43 años, de Aguacate de Vinazco, municipio de Álamo.

La recomendación completa, un documento de 38 páginas, está disponible en pdf en el sitio web de la comisión estatal de derechos humanos, en la dirección http://www.cedhveracruz.org/ws_new/recomendaciones/2008/R-30-2008.pdf