Sentencia federal contra cuatro Dorados de Villa
Jueza los declara culpables, su defensor de oficio apela
Les pondrían multa de mil pesos, a cada uno
En declaraciones contradictorias, policías les atribuyen armas
Revive un caso muy sonado en 2007
Javier Hernández Alpízar.– Cuatro de los campesinos conocidos como “Dorados de Villa” siguen bajo proceso federal. Son indígenas nahuas de la comunidad Lomas del Dorado, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver. Se trata de cuatro de los once detenidos, el 14 de junio de 2007, en violento operativo de la policía estatal veracruzana.
Integrantes del grupo conocido como “Dorados de Villa”, Alicio Martínez Cruz, Antonio Santiago Hernández, Pedro Gutiérrez Hernández y Basilio Villa Antonio se enteraron, el 31 de diciembre, al ir a firmar a Tuxpan, de que la jueza Emma Herlinda (los campesinos no recuerdan el apellido) los sentenció como “culpables” por el delito de portación de arma, sentencia a la que el defensor de ofició ya apeló, según explicó Basilio Villa Antonio en conversación telefónica.
De la sentencia se desprende una multa de mil pesos a cada uno, para estar bajo libertad condicional, comenta el campesino huasteco. En su apreciación, las declaraciones de los aproximadamente doce policías que dan testimonio contra los campesinos son contradictorias, porque en ocasiones hablan de 4 y en otras de 3 pistolas; además, en alguna parte declaran que les quitaron las armas al hallárselas escondidas bajo las camisas, y en otra, que los campesinos “dispararon”.
La sentencia consta de unas 12 hojas, describe Basilio Villa, y se encuentra en un tribunal de Boca del Río Veracruz, ya que su defensor de oficio apeló.
El 10 de junio de 2007, los campesinos tomaron un predio en Lomas del Dorado. Fueron demandados penalmente por “despojo” por la familia Faisal Ramal. Les armaron un expediente exprés (que viajó de Chicontepec a Villa Aldama y de regreso, para finalmente quedar en Chicontepec) y el 14 de junio los desalojó a tiros la policía estatal de Veracruz.
Los campesinos presos, junto con el observador de derechos humanos Javier Islas Cruz, fueron llevados primero a Benito Juárez y luego a Villa Aldama, donde –denuncian– además de golpearlos, interrogarlos en castellano sin traductor ni abogado –y ellos son nahuas–, los obligaron a tomar unas pistolas y les hicieron posar para fotos.
Los campesinos declaran que no portaron ni usaron armas, que solamente llevaban sus machetes. Pero, en el expediente les atribuyen las siguientes pistolas: a Alicio Martínez Cruz una escuadra 9 mm; a Antonio Santiago Hernández, una escuadra calibre 380; a Pedro Gutiérrez Hernández, una pistola calibre 22; a Severo Antonio Hernández, un revólver tipo Bulldog calibre 38, y a Basilio Villa Antonio una pistola de plástico colores cobre con negro, “tipo encendedor”.
Con esta sentencia, apelada por la defensa, reaparece un caso de represión a campesinos luchadores por la tierra que ocupó a medios nacionales y a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en 2007. En la actualidad, están libres bajo fianza y sujetos a proceso estatal: Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Hernández, Enrique Flores Catarina, Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández, Audecio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz.
La historia de su lucha, como nos la han contado los campesinos, en partes, a lo largo de su proceso de detención, cárcel y liberaciones bajo fianza es la siguiente: En los ejidos de Tzocohuite y Lomas del Dorado, como en otras comunidades de la Huasteca y del norte de Veracruz, muchos campesinos no tienen tierra y se ven en la necesidad de emigrar en busca de trabajo o quedarse y rentar un pedazo de tierra para seguir sembrando maíz y frijol.
La organización Dorados de Villa tomó un pedazo de tierra. Los indígenas nahuas estaban cansados de que los gobierno estatales de Veracruz y el federal les dieran largas para cumplir una resolución presidencial de los años 30. Antes de tomar las tierras, pidieron una dotación de las mismas para trabajar, pero la respuesta del gobierno estatal fue que “se acabó el reparto agrario” por la reforma salinista al artículo 27 de la Constitución. Gabino Flores Cruz, representante de los Dorados de Villa, viajó a Xalapa repetidas ocasiones para entregar la petición, sin recibir respuesta positiva.
Los campesinos hicieron su toma de tierras en una fecha simbólica, el 10 de junio de 2007, cuando se cumplieron 36 años de la matanza del Jueves de Corpus, en la cual grupos paramilitares asesinaron a estudiantes que marchaban por las calles de la ciudad de México en 1971, por primera vez después de la matanza del 2 de octubre de 1968.
El gobierno veracruzano simuló un diálogo con los indígenas nahuas, por medio de un viejo operador político, Roberto Álvarez Salgado, de la subsecretaría de gobierno, mientras tanto armaron en tiempo récord de tres o cuatro días un expediente penal y, el 14 de junio, desalojaron violentamente a los campesinos, en un operativo de la policía estatal en el que los uniformados llegaron disparando e hirieron de bala en un glúteo a uno de los indígenas nahuas que cuidaban el terreno, Antonio Santiago.
Detuvieron a 10 campesinos indígenas y a un observador de derechos humanos de Poza Rica, Javier Islas Cruz, de la Red Unidos por los Derechos Humanos. Trasladaron a los once detenidos al penal de Benito Juárez a golpes, insultos y amenazas de muerte.  Los torturaron y los volvieron a trasladar al penal de Villa Aldama, en Perote. Incluso uno de ellos, al platicar de los golpes a su abogada le dijo: “Es natural” y ella (licenciada Ana María Vera Cid) le aclaró que no, que aunque se trate de la policía, nadie tiene derecho a golpearlos. Al visitarlos su abogada, se encontraban aún con moretones y varios de ellos descalzos en el Cereso. La falta de calzado fue una de las pocas irregularidades que reconoció ante la prensa la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Al llegar al Cereso en Villa Aldama, un penal de mediana seguridad, bajo el argumento de peligrosidad de los detenidos, continuó la tortura y los intentos de incriminar al observador de derechos humanos como instructor de un grupo armado. A cinco de los indígenas, les sembraron armas, pistolas de diversos calibres, incluso una de juguete, pistola de plástico tipo encendedor. Les pusieron balas, cartuchos de uso exclusivo del ejército, municiones para armas largas y no para las pistolas que les sembraron. Tanto los testimonios de los campesinos como el de Javier Islas señalan esta “siembra” de las armas. Les hicieron una “prueba” de radizonato de sodio en las que dieron positivo, a pesar de que los campesinos no detonaron armas, ni las portaban.  Declaran que solamente llevaban los machetes que usan como herramienta de trabajo.
La noticia de la represión y de la detención de campesinos indígenas nahuas dio la vuelta al país y al mundo. Organizaciones de derechos humanos nacionales, como la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Amnistía Internacional enviaron cartas en varios idiomas e hicieron llamadas telefónicas al gobierno veracruzano preguntando por el paradero de los indígenas y del observador de derechos humanos, información que el gobierno no había hecho pública. A la oficina de su abogada llegaron copias de estas comunicaciones de organizaciones internacionales.
Todavía el 17 de junio, Alvarez Salgado decía a la prensa que ignoraba si hubo desalojo o había presos. La prensa comenzaba a preguntar por ellos, porque integrantes de la Otra Campaña habían logrado, después de preguntar sin obtener respuesta en la Procuraduría de Justicia Estatal e ir directamente al penal, saber los nombres de los diez campesinos presos, pero se tenía a Javier Islas y a Gabino Flores por desaparecidos.
Ante la respuesta internacional a la violencia contra los indígenas huastecos, los policías liberaron al observador de derechos humanos. Según su testimonio, lo subieron en una camioneta y lo fueron a tirar a Teziutlán, Puebla, bajo amenazas de muerte contra él y su familia, si decía algo. Sus palabras circularon en diversos medios nacionales, incluso fueron traducidas al inglés. Este testimonio jamás ha sido tomado en cuenta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero lo publicaron medios estatales y nacionales.
A los campesinos los liberaron bajo fianza, el 4 de julio, en respuesta a su defensa legal y a la difusión del caso en muchos medios. Fueron considerados presos políticos durante los 20 días de su reclusión.
Los campesinos están acusados de “despojo, resistencia de particulares, injurias a la autoridad y daños a un chaleco antibalas”. Pero a los cinco indígenas que les sembraron pistolas, incluida una de plástico, los fichó la Agencia Federal de Investigación (AFI) y cuatro de ellos fueron reaprehensiones por agentes vestidos de civil, que viajaban en camionetas sin placas, se acercaron con engaños a sus casas y a tres de los indígenas los detuvieron cuando fueron a firmar a Chicontepec.
El 26 de agosto la AFI reaprehendió a Basilio Villa y lo tuvo un día preso en Tuxpan, penal en donde desde hace cinco años está preso desde 2003 el pastor evangélico Albertano Pérez García, considerado preso de conciencia, cuya detención se asocia a la lucha de su comunidad por un hospital y a quien las autoridades le atribuyen un homicidio que, él asegura, es un delito “fabricado”.
A la siguiente semana, la AFI detuvo a Alicio Martínez, Pedro Gutiérrez y Antonio Santiago, también salieron bajo fianza. Ahora tienen que firmar en Chicontepec por un proceso en Veracruz y en Tuxpan, por un proceso federal, seguimiento a las pruebas sembradas por la policía estatal.
El defensor de derechos humanos Javier Islas Cruz se encuentra libre, pero también a él le fabricaron delitos. El gobierno lo considera libre bajo reserva. Asimismo, el líder campesino Gabino Flores Cruz se encuentra escondido por su seguridad, pues lo han perseguido y espiado incluso desde meses antes de la toma de tierras. A Flores Cruz se le consideró desaparecido en un inicio, pero el 25 de julio, mediante un video circulado en internet aclaró no estar desaparecido, sino escondido por seguridad y responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de cualquier agresión a él o a sus compañeros.
La organización Dorados de Villa es adherente a la Otra Campaña, y su caso ha sido difundido ampliamente por los medios libres y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, quienes tienen entre los principales ejes de su lucha: la tierra para los campesinos e indígenas y la libertad a todos los presos políticos, como lo han explicado algunas organizaciones de la Otra Campaña en Veracruz, como la Red Unidos por los Derechos Humanos, y colectivos de diversas ciudades como Jalapa, Pachuca y la Ciudad de México.