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oct
07

Informe de seguimiento al caso de desalojo forzado y desplazamiento de las comunidades Buen Samaritano y San Manuel, en Montes Azules

Estimadas/os:
Con relación al desalojo de 6 familias de los poblados San Manuel y Buen Samaritano en la Zona de Montes Azules, la situación de desplazamiento y la liberación de las 6 personas detenidas ha sido un proceso atendido por distintas organizaciones civiles, incluyendo este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. A.C.
De la situación que enfrentan las familias en el desplazamiento y por el encarcelamiento de las 6 personas, el Estado mexicano y el gobierno de Chiapas tienen responsabilidades fincadas.
El siguiente informe de seguimiento del Frayba da cuenta de los hechos perpetrados en contra de pobladores indígenas, cuya tendencia se agudiza con distintos eventos.
Saludos fraternos.

Área de Comunicación Social del Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 10 de octubre de 2007
Informe de seguimiento al caso de desalojo forzado y desplazamiento de las comunidades Buen Samaritano y San Manuel, en Montes Azules.

Los desalojos forzados son violaciones a derechos humanos y deben ser repudiados por la sociedad civil.
El Estado mexicano incumple viola sus obligaciones internacionales en la materia.
Liberados los 6 presos por desistimiento de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, presentan problemas de salud y denuncian tratos indignos en la cárcel.
Las 7 mujeres y 26 menores también presentan problemas de salud. Han sido trasladadas a San Cristóbal de Las Casas para encontrarse con sus esposos, ser alojados de manera digna y para ser atendidas por médicos, con el apoyo de la sociedad civil.
El Gobierno debe responder. Pendiente aún la respuesta del Gobierno para la reparación del daño por el desalojo forzado y su compromiso para abstenerse de realizar nuevos desalojos.
Después de un mes y seis días de encarcelamiento, el lunes 24 de septiembre de 2007, fueron puestos en libertad los indígenas Jesús y Daniel Gordillo Trejo, Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Tomás y Juan Gómez López, por desistimiento de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
Se logró la liberación gracias a la presión nacional e internacional de individuos y organizaciones solidarias que denunciaron la injusticia cometida por los Gobiernos estatal y federal al criminalizar la pobreza. Sin embargo, la liberación de los detenidos es sólo una de las exigencias de las víctimas.
Condiciones carcelarias y de salud de los 6 detenidos
Los testimonios recibidos de cuatro de los presos señalan que, durante su estancia en el Centro de Rehabilitación Social Num. 14 El Amate, dormían casi al aire libre bajo una lona, a ras de suelo, sin colchoneta o aislante, sin cobija, expuestos a la lluvia, porque para acceder a una celda les exigían el pago de $10,000 pesos.
En cuanto a la alimentación indican que aunque no les cobraban, era insuficiente y no les proporcionaban platos.
Ellos tenían que buscar en la basura algún recipiente desechable, plástico o papel, para recibir los alimentos.
Los indígenas detenidos señalaron que el 26 de agosto les hicieron firmar sin conocer el contenido (pues son monolingües), una carta dirigida al gobernador que en su parte sustancial dice:
Sr. Gobernador reconocemos que estábamos sin documento en este predio y que no era de nosotros y es que llegamos a ese lugar porque fuimos desplazados de nuestras comunidades, hoy estamos recluidos en el Centro Penitenciario de “El Ámate” y sabiendo que usted es una persona que se ha preocupado por los campesinos y que tiene un gran corazón para perdonar a los que como nosotros reconocen su culpabilidad que por ignorancia cometimos, hoy le pedimos nos perdone y nos ayude a salir de este lugar manifestándole por este medio que no volveremos a cometer el mismo error, que no regresaremos al lugar donde nos desalojaron ni invadiremos ningún otro predio.
Según los médicos, en general los seis hombres adultos, ahora liberados, se encuentran con síntomas de hambre y anemia que ha acelerado el brote de varias enfermedades.
A continuación se traduce una parte del testimonio sobre su detención (original tseltal) y la valoración médica: Juan Gómez López (38 años de edad): “A mí no me hicieron nada, no me golpearon, ni me amenazaron, tal vez porque yo si sé hablar un poco el español. Yo iba mucho a la enfermería porque estoy enfermo, me dan convulsiones y me desmayo. Ahí en la enfermaría un doctor me dijo que eso que yo tenía ya era maña, que yo fumaba marihuana, que lo que yo tenía era porque fumaba marihuana, me metía perico y tomaba tequila, pero yo no sé qué es eso de perico. A mí no me pidieron dinero, ni nada. Sí me dejaban ir al baño. No me cobraban ni me amenazaron”.
El reporte médico señala que Juan presenta problemas de crisis convulsivas desde hace aproximadamente un año, debido a una fiebre tifoidea no atendida por la que sufrió temperaturas mayores a 40 grados. A raíz de su ingreso al centro de reclusión, sus convulsiones se han agravado.
Durante las crisis, pierde el control de esfínteres, presenta dificultades para caminar en condiciones normales y pierde el equilibrio, por lo que tiene que ser trasladado en silla de ruedas. Presenta además cefalea tensional y lumbagia tensional y postural.
Tomás Gómez López (56 años de edad): “A mí sí me golpearon los otros presos en el baño. Me decían cosas pero yo no entendía porque sólo se hablar tseltal. Lo único que entendí era la palabra perro, no sé qué me decían. Fueron dos personas, ahí de los mismos presos, con su puño me pegaron en la cabeza, me jalaron el pelo, me patearon en la espalda y en el pecho. Yo iba saliendo del baño cuando sucedió eso. Fue sólo una vez que me golpearon, fue como 15 minutos. No me pidieron dinero ni nada más, además yo no tenía nada. Después de eso, ya no me volvieron a molestar. Yo no quise decir esto a nadie, ni a mis compañeros. Yo sólo lo sé que a mí me golpearon. Tampoco lo dije con ninguna autoridad. Después de que me golpearon ya me dejaron entrar al baño y ya no me volvieron a molestar”.
El informe médico señala que Tomás tiene una infección viral en la garganta por estar expuesto a corrientes de aire, debido a que dormían en el piso de cemento sin nada con que taparse.
Mario López Gómez (40 años de edad): “Yo no sé hablar castilla. A mí me daba pena ir al baño. El jefe del baño al principio no me dejaba entrar porque decía que no había agua y yo pos me aguantaba pues, los otros presos que estaba ahí me pedían dinero, pero les dije que no llevaba nada y es verdad. Siempre estuve a lado de Tomás, porque él es mayor. Don Tomás ya no aguantó la necesidad e hizo sus necesidades en sus pantalones. Yo lo ayudé junto con Feliciano a lavarle su ropa. Después de eso ya nos decían los demás presos que éramos unos apestosos, que nos fuéramos a donde estaba la basura porque todos apestábamos. No sé si me amenazaban, porque hay cosas que yo no entendía. Nadie me golpeó ni me intentó golpear. Tampoco me obligaron a hacer algo que yo no quería”.
El médico señala que Mario presenta una hipoacusia izquierda severa (sordera en el oído) producto de una infección de hace doce años que es necesario atender por un especialista. Muestra conjuntivitis y hongos en su mano izquierda.
Feliciano López Hernández (20 años de edad): “No sé si me dijeron algo, porque no hablo español. Una de las personas que cuidaba el baño, de los mismos presos, cada vez que yo entraba al baño me pegaba con su zapato. Eso era siempre que yo entraba al baño. Yo no tenía dinero para pagar el baño. También me pegaron porque tenía yo un plato para mi comida, pero no me lo pudieron quitar. No tengo ninguna seña de los golpes. La única seña que tengo es porque me caí de una escalera porque ayudé a lavar la ropa de don Tomás. Tampoco me obligaron a hacer algo que yo no quería”.
Feliciano ingresó a la cárcel con una úlcera en el pie izquierdo que se le complicó durante su estancia en el centro de reclusión. Está siendo atendido con antibiótico.
Daniel Gordillo Trejo (38 años de edad). (No se cuenta con su testimonio). El reporte médico indica que cuenta con dos focos infecciosos. Uno a nivel intestinal: amibiasis severa desde hace 1 año, que le fue diagnosticada en la cárcel pero nunca recibió el medicamento mientras estuvo preso. Y un cuadro infeccioso en la vía respiratoria alta: faringitis bacteriana que se desarrolló durante su estancia en el centro de reclusión,  la cual ya está siendo tratada adecuadamente.
Jesús Gordillo Trejo (21 años de edad). (No se cuenta con su testimonio). El reporte médico indica que presenta tos con características que pueden sugerir una probable tuberculosis, igualmente presenta lesiones en faringe que deben ser estudiadas. Tiene una úlcera en la extremidad derecha al nivel de la nalga desde hace 2 meses, que no aparenta estar en fase de curación, con apariencia que podría sugerir una probable lesmaniasis (lepra de montaña).
Alojamiento y salud de las mujeres y menores desplazadas.
De acuerdo a los exámenes médicos practicados a las 37 personas desalojadas y desplazadas, encontramos que varias de ellas necesitan intervención inmediata por su condición de salud, que si bien en su mayoría son enfermedades anteriores al desalojo, se vieron agravadas por la condición de reclusión de unos y de desplazamiento de otras y otros.
En Ocosingo, las 7 mujeres y los 26 menores estuvieron en una bodega vacía de 20 por 50 metros que el Gobierno del Estado rentó a la organización ARIC Unión de Uniones. En las visitas de verificación, se detectó que el techo de lámina tenía agujeros considerables. Se observaron charcos de agua en el interior por las lluvias de los últimos días.  
Además se vieron ratas dentro del local. En el exterior de la nave había dos letrinas completamente inundadas de agua y cuyo acceso había que hacerlo pisando sobre blocks. Se disponía solamente de un lavadero común para el lavado de ropa y aseo personal.
El reporte médico de la revisión practicada el 23 de septiembre a las mujeres y menores en Ocosingo, señala: Se recomienda realizar adecuado control prenatal en tres mujeres que se encuentran embarazadas, y realizar diagnóstico de embarazo en otra.
En particular, se recomienda atención por especialista en obstetricia para la señora Dominga Cruz Hernández quien padeció varicela durante el segundo mes de gestación.
Durante la valoración médica, se encontraron tres personas de una misma familia con diagnóstico probable de leishmaniasis tegumentaria, se recomienda la realización de los exámenes que permitan confirmar el diagnóstico e iniciar el correspondiente tratamiento.
Así mismo, se encontraron 4 niños con arritmias cardiacas, se recomienda su valoración pertinente para determinar las causas de las mismas.
En general, la situación de las personas en cuanto a su salud se encontró afectada por las condiciones de alojamiento que padecen actualmente, particularmente la deficiencia de alimentos y agua limpia para el aseo personal.
También se encontraron problemas de enfermedad relacionados con el estado emocional de las personas, derivados de la forma en que fueron desalojadas y han sido tratadas por las autoridades correspondientes, así como la incertidumbre hacia el futuro.
El Gobierno del Estado de Chiapas en un comunicado de prensa del 24 de septiembre  dijo “que los indígenas liberados gozan de perfecta salud física y mental” lo cual se ve desmentido por: 1) las revisiones médicas practicadas por médicos independientes y 2) por la misma orden del Gobierno del Estado de practicar exámenes médicos a las víctimas.
Las mujeres y los menores que se encontraban recluidos en una bodega de la cabecera municipal de Ocosingo, han sido trasladados desde el viernes 28 de septiembre a San Cristóbal de Las Casas para reunirse con los hombres, alojarse en condiciones dignas y para ser atendidos médicamente antes de viajar a La Realidad como ha solicitado la Junta de Buen Gobierno en acuerdo con las familias. El Gobierno estatal ha señalado al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas que sólo se hará cargo de enfermedades adquiridas en fecha posterior al desalojo. Por su parte, el Gobierno federal no ha dicho nada. Con respecto a la reparación del daño
A pesar de que la reparación del daño es una demanda planteada, el Gobierno del Estado de Chiapas ha tenido una actitud de negociación ante la presión y no de responsabilidad frente a la obligación de reparar los daños causados a las familias por el desalojo forzado de las comunidades Buen Samaritano y San Manuel.
El Gobierno federal por su lado, ha sido totalmente omiso y ausente. Al respecto cabe señalar lo siguiente: Los desalojos forzosos son una violación a los derechos humanos. Así lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general Nº 7  , entendiendo por desalojos forzosos: (E)l hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha señalado explícitamente que (l)os desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos, y que El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (…) .
Sin embargo el Gobierno federal y el Gobierno de Chiapas cometieron violaciones a derechos humanos en tres sentidos: al cometer el desalojo forzoso violaron los derechos sociales de las familias, al tratarlos como delincuentes criminalizaron su pobreza dado que fue ésta y no su afán de delinquir lo que los llevó a Montes Azules en primer lugar, y al meter a los hombres a la cárcel los castigaron con el desprecio de su condición de indígenas pobres, y al confinar a las mujeres y menores, a un burdel primero y a una bodega en condiciones inhumanas después, las castigaron con el desprecio de su condición de mujeres, indígenas y pobres.
Lo que toca es reparar las violaciones cometidas, tanto las producidas en el momento del desalojo como las que se derivaron de él, y abstenerse de volver a hacerlo. Ésta debe ser la medida de la reparación del daño. Indemnización.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala explícitamente que (c)uando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
Si el Estado es incapaz de cumplir con el compromiso de procurar por todos los medios vivienda adecuada , mucho menos le es permitido destruir lo que por sus propios medios construyeron las familias desalojadas.
Por ello el Gobierno es responsable por lo menos de restituir a las familias de Buen Samaritano y San Manuel, en sus bienes muebles e inmuebles, si es fuera de las comunidades de origen, en un lugar que les permita continuar al menos con las condiciones que tenían antes de la agresión.
La Junta de Buen Gobierno “Hacia la Esperanza” en acuerdo y en nombre de las familias de San Manuel, ha asumido como Gobierno darles a estas familias un lugar donde establecerse y ha demandado para las familias, el pago por concepto de reparación del daño por una cantidad de $189,480 pesos (ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos).
El Gobierno del Estado en virtud de su responsabilidad, lo menos que puede hacer, es entregar esta cantidad sin regateo, en el momento que las familias sean trasladadas a La Realidad.
Salud. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su articulo 12 dice que:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (…)
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Insistimos en que la precariedad en que vivían las familias hasta antes del desalojo forzoso se debía sobre todo a la falta de observación del Estado a la obligación del artículo 12, de hecho, la falta de oportunidades arroja a éstas y otras comunidades a buscar su sustento en la selva.
El Estado es responsable de las condiciones de salud de estas familias, previo al desalojo, y por su agravamiento durante el desplazamiento y encarcelamiento, respectivamente, por lo que debe comprometerse a prestarles la asistencia médica que sea necesaria sin condiciones, hasta el punto en que restablezcan totalmente su salud. Medidas de no repetición.
Es imprescindible que el Estado mexicano y por extensión el de Chiapas, cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a este respecto debe observar de manera particular lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación número 7 sobre el derecho a la vivienda:
8. (…) El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (…) Por otro lado, por su condición de indígenas, debe acatar lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual es parte. Particularmente debe observar:
a) El Artículo 6 (derecho a la consulta y al consentimiento):
1.      Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los Gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (…);
2.      Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
b) El Artículo 14 (derechos de propiedad y posesión sobre sus tierras):
1.      Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (…).
2.      Los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (…).
c) El Artículo 16 (anuencia para el traslado de los pueblos):
1.      A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2.      Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.
3.      Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.
4.      Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.
5.      Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Además el Estado debe observar las recomendaciones que el Relator Especial sobre la Situación de Los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales de Los Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, realizó después de su misión a México en el 2003, en donde indica que: “Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra su voluntad fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas en la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes.
Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.
La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el Gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias.”
Debido a que la violación por el desalojo forzado es un hecho consumado y que las condiciones de desplazamiento aún no terminan, el Estado mexicano y por extensión el de Chiapas, está obligado a observar escrupulosamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual es parte, de manera tal que se reparen los daños de acuerdo a los estándares internacionales.
La habilidad de gobernar reside en la capacidad de resolver conflictos, respetando y garantizando en todo momento los derechos humanos de las partes enfrentadas. Los desalojos forzosos en general y de Montes Azules en lo particular, deben ser enérgicamente reprobados por la sociedad civil como método de resolver disputas de propiedad.

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