Babel

Javier Hernández Alpízar
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández, instruyó a su secretario técnico contestar a nuestro artículo del viernes 5 de octubre, haciendo uso de su derecho de réplica.
El vocero de la CEDH dice que a partir de un comentario realizado por la presidenta a la periodista Norma Trujillo yo realizo “una serie de generalizaciones que no se ajustan a la realidad”. La pregunta es ¿cuál realidad? ¿Acaso las instancias oficiales, es decir gubernamentales, tienen el monopolio de la “realidad”?
Mi crítica a la CEDH es porque considero que minimiza las violaciones a los derechos humanos de los campesinos indígenas nahuas de Ixhuatlán de Madero que fueron presos del gobierno estatal en el penal de mediana seguridad de Villa Aldama.
La reportera Norma Trujillo citó las palabras de Nohemí Quirasco. Las tomamos porque están entrecomilladas, lo que significa textualidad de los dichos de la presidenta de la CEDH:
Afirmó que es “muy probable que se emitan recomendaciones porque sí se violaron sus derechos humanos”. Hay algo en que estamos de acuerdo, se violaron los derechos humanos de los detenidos. ¿Por qué es “muy probable” que emita una recomendación? ¿Por qué no es seguro? ¿De qué depende?
Lo otro que la reportera cita textual es que “se está tramitando el expediente, recibiendo las pruebas y buscando las que nos faltan, lo que sí sabemos es que los indígenas son gente buena, inocente, que quién sabe quién les dio un arma, pero no hay mayor problema, se enviarán recomendaciones”. ¿No hay “mayor problema”? Minimizar.
En su nota aclaratoria a mi crítica, la CEDH dice: “El expediente está próximo a ser completado para poder dictar la resolución respectiva, lo cual ha sido obstaculizado por la dificultad en localizar a los quejosos después de que obtuvieron su libertad”.
¿Pueden creer que la CEDH no pueda encontrar a “los quejosos”? Los pudo encontrar la policía del estado para desalojarlos a tiros, golpearlos, amenazarlos de muerte y encerrarlos en prisión. Los pudo encontrar la AFI, dos veces, para detener a cuatro de ellos.
Pero la CEDH no puede encontrarlos.
La carta aclaratoria señala: “Una vez que se haya pronunciado la recomendación, se convierte en un documento público, que podrá ser examinado y comentado por cualquier persona en su integridad, con lo que se podrán emitir juicios de valor que correspondan a su contenido.”
Pero emitir una declaración a la prensa para que sea publicada convierte la opinión vertida en un documento público que puede ser discutido por los lectores. Por tanto, la declaración de la presidenta de la CEDH en la cual dice: “lo que sí sabemos es que los indígenas son gente buena, inocente, que quién sabe quién les dio un arma” es públicamente discutible. Lo mismo que son públicamente discutibles las palabras de su carta aclaratoria, publicadas por este diario política.
En todo caso, si la presidenta de la CEDH no sabe todavía lo suficiente, porque después de la visita que hizo su personal a los presos en Villa Aldama no ha podido encontrarlos, ¿para qué hace declaraciones de prensa de un caso que tiene inconcluso?
Es contradictorio que diga que “se han realizado de manera exhaustiva las averiguaciones” y en el mismo párrafo diga que la investigación ha sido obstaculizada “por la dificultad de localizar a los quejosos”. Entonces no han investigado exhaustivamente, les falta escuchar a los campesinos con detenimiento y atención. ¿Entonces las “exhaustivas investigaciones” son entrevistas a los funcionarios de gobierno y documentos de gobierno? Ellos les dirán que los “trataron bien”.
Por eso puedo entender la posición conservadora, minimizadora de los hechos, y proclive a ajustarse a la versión oficial que manifestó la presidenta de la CEDH a la reportera citada.
Si no tuvieran tantas dificultades para encontrar a los campesinos cuyos derechos humanos fueron violados, ellos les contarían lo que nos contaron a quienes los vimos y escuchamos en Villa Aldama y en Jalapa: Que los desalojaron a tiros; que los golpearon para obligarlos a declararse culpables de delitos que no han cometido (portación y uso de armas); que intentaron que inculparan al otro detenido y torturado Javier Islas Cruz, acusándolo de ser quien los “entrenó” en uso de armas; cosa que ellos, los campesinos, negaron; que las armas se las dieron los policías en Villa Aldama y que los golpearon para obligarlos a tomarlas en las manos y tomarles fotografías con ellas.
En cambio, lo que declara la presidenta de la CEDH a prensa es que “los indígenas son gente buena, inocente” (una forma benévola de racismo), a quienes “no sabemos quiénes les dieron armas”.
Me parece no estar escuchando a la presidenta de la CEDH, sino a Cirilo Rincón Aguilar, quien minimizó la herida de bala en un glúteo de un campesino y dijo que los indígenas estaban bien porque “entraron caminando” (política, 21 de junio). Pero Cirilo Rincón es director de prevención y adaptación social, es decir, de las cárceles, no de derechos humanos.
En lugar de escuchar a la presidenta de la CEDH, me parece escuchar a Roberto Alvarez Salgado, quien ha difundido la teoría de que los “indígenas buenos e inocentes” fueron usados (armados) por otra gente que no es ni buena ni inocente. La típica teoría, racista, de que los indios son carne de cañón de otros. Pero este funcionario es de la subsecretaría de gobierno, no de derechos humanos. Alvarez Salgado, tres días después del violento desalojo, iniciado minutos después de que se retirara el funcionario, negaba saber si hubo o no desalojo. (Al calor político, 17 de junio)
¿Por qué la CEDH se pliega a la versión gubernamental (de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y de la Subsecretaría de Gobierno)?
Tal vez porque no han podido localizar a los indígenas. Pero ni siquiera parecen haber hecho un seguimiento en prensa. Porque el caso Dorados de Villa fue cubierto por prensa estatal y nacional.
Lo de que les llevaron zapatos y colchonetas es verdaderamente tierno, pero creo que no es ésa la función de la CEDH. Deberían, en lugar de eso, asegurarse de que en los Ceresos no descalcen a los presos y de que tengan colchonetas o un catre digno para todos, aun si no fueran “buenos e inocentes”. Mucho mejor sería que trataran de lograr que la gente “buena e inocente” no sea encarcelada.
Finalmente, como dirían Shakira y Alejandro Sáenz, La Tortura.
Los campesinos ostentaban huellas visibles de golpes, incluso en la cara. Uno de ellos traía una bala en un glúteo. Quizá entraron caminando, pero cojeaban. Todos, los diez, cuentan que los golpearon y que los golpes tenían como propósito arrancarles confesiones. Además hubo un onceavo detenido, de hecho un auxiliar del procurador de justicia del estado, de nombre Armando Domínguez, el 15 de junio reconoció que tenía 11 presos, cuando lo visitamos un grupo de jalapeños para preguntar por los detenidos. Al día siguiente, en Villa Aldama, admitían tener sólo 10 presos. El onceavo es el observador de derechos humanos Javier Islas, cuyo testimonio escrito sobre tortura y amenazas de muerte fue ampliamente difundido en medios locales y nacionales, después de que policías lo fueron a botar a Teziutlán, Puebla.
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la asamblea general de la ONU el 10 de diciembre de 1984, define la tortura así: ” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”
Los campesinos, diez personas, y el observador de derechos humanos, señalan que fueron golpeados cuando ya estaban detenidos. Y eso no puede minimizarse.
Parafraseando a Shakira, no pido que todos los días sean de sol, ni pido que todos los viernes sean de fiesta, no pido que la CEDH les de zapatos y colchonetas a los presos, pero sí pido que hagan uso de la normatividad existente, como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la asamblea general de la ONU. No sólo de pan vive el hombre, y no de excusas vivimos los lectores.
Con esto doy por cerrada esta plática pública, en espera de la anunciada recomendación.