Comunicado  de prensa   No. 2/07

  Xalapa-Eqz., Veracruz a 11 de mayo de 2007
El Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH), organismo no gubernamental encargado de realizar gestiones a favor de la realización de una investigación objetiva e imparcial sobre el caso de Ernestina Ascencio, expresa su profunda preocupación por la forma en que las autoridades federales y el Gobierno del Estado de Veracruz están conduciendo las diligencias para el esclarecimiento de los hechos que rodearon el fallecimiento de la señora Ascencio. Pareciera que, lejos de esclarecer los hechos, se pretendiera cerrar con la mayor premura el expediente, sin que se hayan agotado todas las posibles líneas de investigación que han sido delineadas y que conducen consistentemente a corroborar la hipótesis de que la señora Ascencio no falleció por causas naturales y que murió después de sufrir un ataque de naturaleza sexual. Los motivos que fundan nuestra preocupación son los siguientes:
Tan sólo siete días posteriores a la reunión que celebraran el titular del poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Presidente de la CNDH, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz inopinadamente declaró el cierre de las investigaciones sobre la muerte de la señora Ascencio Rosario, argumentando que no existió ningún delito, pese a que durante los dos meses anteriores había afirmado contundentemente que se estaba en presencia de los ilícitos de violación y de homicidio, presuntamente cometidos a manos de elementos pertenecientes al Ejército mexicano. Este Observatorio considera que las razones por las que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz decidió determinar el inejercicio de la acción penal son insuficientes. La investigación realizada no cumple con los estándares internacionales de objetividad e imparcialidad con que deben ser conducidas las acciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, plasmados entre otros instrumentos en las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales.
Lo más grave de este asunto es que las acciones del Estado concernientes a las diligencias de investigación no serán susceptibles de revisión judicial –lo cual constituye un derecho fundamental de las víctimas y ofendidos del delito de acuerdo al artículo 21 constitucional-, porque los propios funcionarios del Estado, en connivencia con el señor René Huerta Rodríguez, líder indígena de la Sierra de Zongolica, impiden que los hijos de la señora Ascencio tengan acceso a la asesoría jurídica independiente para explicarles los recursos jurídicos que ofrece el derecho interno y el derecho internacional para que se satisfaga el derecho a una investigación objetiva e imparcial.  
Existen diversos indicios de que el Gobierno del Estado, con la ayuda del señor René Huerta, están siguiendo una estrategia de aislamiento de los familiares de la Señora Ascencio, para los efectos de impedir que tengan acceso a organizaciones civiles de derechos humanos como este Observatorio, así como con los medios de comunicación. El pasado 30 de abril –día en que se comunicó formalmente el cierre de la investigación-, este Observatorio pudo corroborar, mediante el testimonio rendido por varias personas que habitan en la Sierra de Zongolica,   que los familiares de la señora Ascencio fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiales del Estado de Veracruz y desde entonces ha sido imposible contactarlos.  
Causa gran extrañeza a este Observatorio que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz se arrogue el papel de representante de la voluntad de los familiares de la señora Ascencio y que públicamente declare que los familiares han firmado de conformidad la decisión de inejercicio de la acción penal y del cierre del caso. Ello convierte al Gobierno en juez y parte. Las circunstancias que rodean dicho consentimiento –si es que éste efectivamente existe-, permiten concluir que no fue adoptado sin presiones y sobre la base de toda la información relevante.
El curso de las acciones seguidas por el Gobierno local permiten sostener que se está conculcando el derecho de los familiares de la señora Ascencio a que la decisión de inejercicio de la acción penal sea revisada judicialmente mediante la interposición de un recurso de amparo. Están por vencerse los quince días que marca la ley de la materia para combatir el acto de autoridad. Todo parece indicar que el hecho de que no se pueda localizar a los familiares no es casual, y que se trata de una estrategia intencional por parte del Gobierno local.
Exigimos al Gobierno del Estado de Veracruz  que dé cuenta del paradero de los familiares de la señora Ascencio, toda vez que la última vez que se les vio fue a bordo de patrullas de la   policía estatal.
Los últimos acontecimientos del caso refuerzan la postura de este Observatorio en el sentido de que es necesario generar las condiciones apropiadas para garantizar una investigación objetiva y no politizada de las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Ascencio. El 13 de abril pasado este Observatorio formuló una solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicho organismo internacional pida al Gobierno mexicano dichas condiciones. Los eventos de las últimas dos semanas no hacen sino reforzar esa necesidad.
 
cDr. Christopher Alexis Servín Rodríguez
Presidente del Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH)

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Laura Soberanis
Vicepresidenta del OVDH.
Aguascalientes No. 732 Altos, Colonia Progreso Macuiltépetl, Xalapa, Veracruz, México, CP. 91130
Tel/Fax +52 (228) 8 40 35 65
E-mail ovdh24@gmail.com

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cDr. Christopher Alexis Servín Rodríguez
Director Ejecutivo del OVDH.
Aguascalientes No. 732 Altos, Colonia Progreso Macuiltepetl, Xalapa, Veracruz, México, CP. 91130
Tel/Fax +52 (228) 8 40 35 65
E-mail ovdh24@gmail.com